La Compañía de Jesús, o más conocidos como los jesuitas, fueron también llamados los “soldados del Papa” por su obediencia y fuerte fidelidad al Santo Padre, fueron una orden muy respetada y querida por parte de la nobleza y por gran parte de los sectores populares por sus funciones en educación, sobre todo.

Sin embargo, la fidelidad al Papa y esa popularidad y respeto de los estamentos nobiliarios y populares hacía de ellos un peligro para los monarcas de los reinos donde estaban. De esta manera, los jesuitas fueron siendo expulsados de Portugal y Francia a partir de 1759. Hoy hablamos de la primera expulsión de los jesuitas de España, una expulsión que supuso su extinción, en un principio.

 Capas y sombreros
Durante el reinado de Carlos III, el secretario de Hacienda, de Guerra y de Gracia y Justicia fue el marqués de Esquilache. Este noble italiano que venía acompañando al rey se fue haciendo enemigos entre las clases populares por varios motivos.

Primero, porque era extranjero; al pueblo no le gustaba que cosas como la Hacienda real y la Seguridad estuvieran en manos de alguien de fuera; segundo, era que, aparte de controlar las finanzas y la justicia y seguridad del país, también controlaba el poder militar; y por último, tampoco caía bien por su estilo de vida tan ostentoso mientras que la gente estaba sufriendo hambruna a causa del altísimo precio de los alimentos.

 Pero la gota que colmó el vaso fue el edicto del 10 de marzo de 1766 presentado por el marqués, que prohibía el uso de capas y sombreros en la vía pública para mantener la seguridad. La gente de Madrid lo tomó como un ataque a dos prendas de vestir típicas en la ciudad.

Durante las siguientes semanas, se empezó a respirar un aire de tensión en las calles a través de rumores y panfletos que criticaban este edicto. El día 23 de ese mes, el Domingo de Ramos, estalló un motín popular por toda la ciudad que pasó de criticar el edicto a desear la muerte a Esquilache. Esta revuelta se acabó convirtiendo en una revuelta contra el estamento nobiliario de la ciudad porque otras residencias de notables de la corte también fueron atacadas durante esa tarde.

Al día siguiente, Lunes Santo, la revuelta se reactivó. Esta vez, pero, el padre Cuenca, un capellán jesuita, quiso mediar y decidió escribir y presentar al rey una carta con las reivindicaciones de los sublevados, que en resumen eran: echar a Esquilache y a todos los nobles extranjeros que tuvieran cargo, revocar el edicto de la vestimenta y bajar los precios de los alimentos.

El rey tuvo que aceptar, pero, esa misma noche, él y su familia huyeron de Madrid hacia Aranjuez. Cuando esto se supo, el motín revivió demandando el retorno del rey a la ciudad. Tras un intercambio de cartas entre rebeldes y monarca, Carlos III desterró a Esquilache y revocó el edicto, pero no regresó a Madrid hasta ocho meses después.

 La Pesquisa secreta
Tras lo sucedido en la Semana Santa de 1766, Carlos III terminó viendo a los jesuitas como enemigos de la Monarquía, tal como había pasado en las vecinas Francia y Portugal y decidió dar el paso de expulsarlos de sus dominios.

 Durante todo el año, el monarca y sus fieles estuvieron preparando la llamada "Pesquisa Secreta", una jugada política con la que, con el pretexto de encontrar a los cabecillas de la revuelta madrileña del año anterior, querían justificar el destierro de todos los miembros de la Compañía de Jesús de los dominios de Carlos III.

Entre finales de enero y finales de febrero de 1767, un grupo de consejeros, rigurosamente escogidos por el monarca, con el fiscal Campomanes a la cabeza, dictaminaron y aprobaron de manera secreta el decreto de expulsión de los jesuitas. Esta orden fue enviada a todos los jueces y tribunales del reino con estrictas instrucciones que especificaban que estas órdenes debían mantenerse en secreto y que no podían ser aplicadas hasta el primero de abril.

Ni los propios jesuitas ni nadie, ya fuera de las altas esferas laicas o religiosas o del vulgo, que hubiera participado en la "Pesquisa reservada", supo de lo que iba a suceder entre la madrugada del 29 de marzo y la mañana de 2 de abril. El secretismo de la operación del gobierno de Carlos III permitió coger desprevenidos a los jesuitas.

 La noche del 31 de marzo de 1767 empezó una operación política a gran escala contra la Compañía de Jesús, acusados de obedecer al Papa de Roma por encima del Rey, de incitar los disturbios en Madrid en el año anterior y de promover en sus escuelas y universidades ideas que incitaban a no respetar las leyes, entre otras cosas.

Los agentes de la Ley, acompañados por notarios y testigos, iban clausurando las casas de los jesuitas, los iban reuniendo en las salas capitulares de estas casas y una vez visto que todos los miembros de esa comunidad se encontraban allí presentes, los notarios pasaban a leer el real decreto; un real decreto poco preciso y sin mucho detalle sobre los delitos que se les imponen a los jesuitas y que eran el motivo de su expulsión.

Lo que sí quedaba bien detallado era el hecho que los bienes y patrimonio de los jesuitas quedaban confiscados y pasaban a manos del Estado. A pesar de la dureza, el decreto daba opción a crearles a los jesuitas unas pensiones vitalicias para su manutención fuera del país, con una parte de ese patrimonio confiscado, aunque estas pagas estaban muy controladas por el gobierno y también se les permitió llevarse sus efectos personales, pero no libros.

 Otra cosa que se acordó fue la expulsión/destierro de todos los miembros de la orden religiosa de los dominios de Carlos III y se impusieron duros castigos a todos los simpatizantes que se comunicaran con algún jesuita o que escribieran o hablasen públicamente, para bien o para mal, de ellos o del decreto. Esto también afectó a los jóvenes que querían ser sacerdotes a través de los jesuitas. El decreto decía que estos no recibirían ningún estipendio o no podrían estar en España hasta que abjurasen de la Compañía de Jesús.

 El exilio
Tras comunicarles todo, los jesuitas fueron trasladados a diferentes puertos del país para su embarque y su deportación. Las comunidades de Castilla fueron a Santiago de Compostela, las de Toledo fueron a Cartagena, las de Andalucía fueron al Puerto de Santa María y las de Aragón fueron a Salou. Ante la cantidad de deportados, la Monarquía tuvo que contratar barcos extranjeros para trasladar a todos los jesuitas hacia los Estados Pontificios.

Ellos no lo sabían, pero Carlos III y el papa Clemente XIII tuvieron riñas por la deportación, ya que el monarca español avisó al pontífice de que los jesuitas habían sido expulsados y que los mandaba hacia sus dominios cuando ya lo había hecho y el Papa se negó a acogerlos.

Es por eso que, cuando los barcos de los jesuitas estaban llegando a las costas del Papa, este los recibió a cañonazos. Ante la negativa de Clemente XIII, el gobierno español tuvo que buscar soluciones y, tras meses de negociaciones con Francia, los jesuitas pudieron desembarcar en la isla de Córcega a lo largo del verano de ese año.

Los miembros de la Compañía de Jesús malvivieron en la isla durante un año hasta que fueron expulsados por los franceses entre octubre y noviembre de 1768. Estando otra vez sin techo, los jesuitas pensaron que esta vez sí podrían llegar a Italia, pero las relaciones entre Carlos III y el papa Clemente XIII habían empeorado. Aun así, el Santo Padre accedió a que los religiosos llegaran a tierra y se desperdigaron en Italia hasta que, el sucesor de este, Clemente XIV, antijesuita declarado, firmó la disolución de la Orden.

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