Carlos Mazón, ha anunciado una auditoría general del sector público instrumental de la administración valenciana tras haber detectado irregularidades de contratación por parte del anterior gobierno del Botànic, además de la eliminación de seis "empresas fantasma" con funciones duplicadas.

   "Estamos ante un pozo sin fondo de la contratación a dedo, una barra libre que abrió el Botànic", ha aseverado Mazón tras desvelar que la Intervención de la Generalitat cifra en un total de 253.122 los contratos adjudicados "a dedo" por importe de 713 millones de euros en los últimos cuatro años: 554 millones en gastos adquiridos sin tramitar expediente de contratación y 159 millones en contratos menores.

   Ante esta situación, el 'president' ha comparecido en el Palau de la Generalitat para avanzar que encargará una auditoría general del sector público durante 2024. Tendrá dos pilares de actuación: una auditoría 'forensic' para saber "dónde ha ido cada euro", que realizarán "los mejores profesionales", y una auditoría operativa a partir del primer trimestre de este año para poner de manifiesto "duplicidades, ineficiencias y el rumbo del conjunto de entidades".

   Junto a esta auditoría, Mazón ha anunciado que en breve se aprobará el inicio del expediente para llevar a Les Corts un proyecto de ley para eliminar seis "empresas fantasma" creadas en la pasada legislatura que "el Botànic fue incapaz de poner en funcionamiento" y que "todas realizan funciones que ya viene prestando alguna dirección general" de la Generalitat.

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   En concreto, se trata de la Agencia Valenciana de la Energía, "cuyas funciones ya realiza la dirección general de Energía del IVACE"; la Agencia para la Digitalización y la Ciberseguridad, "labor que desempeña la dirección general de las TIC"; la Agencia Valenciana de Información y Control Alimentarios, "que ya llevan a cabo las direcciones generales de Industria y Cadena Agroalimentaria y de Producción Agrícola y Ganadera"; la Agencia Valenciana de Residuos y Economía Circular, "cuya función realiza la empresa pública VAERSA"; la Agencia Valenciana Cambio Climático, "labores ya desempeñadas por la dirección general de Calidad y Educación Ambiental", y la Escuela Valenciana de Administración Pública "que desarrolla la dirección general de Función Pública".

EL PERSONAL "NO POLÍTICO" IRÁ A DIRECCIONES GENERALES

   En cualquier caso, el jefe del Consell ha asegurado que el personal "no político" adscrito a estas agencias es "muy reducido" y se incorporará a las direcciones generales correspondientes. "No hay nada que temer por ningún puesto de trabajo, salvo que hayan cometido alguna irregularidad", ha remarcado.

   Además, ha avanzado que no descarta reorganizar o eliminar más entidades del sector público a tenor de la auditoría, así como que se analizará si se han incurrido en irregularidades administrativas o "incluso penales", aunque no ha querido adelantarse a las conclusiones: "Si los servicios jurídicos de la Generalitat ven algún tipo de irresponsabilidad, lo trasladaremos al juzgado, lógicamente".

"MALGASTO Y MUCHO OCULTISMO"

   Mazón ha defendido que la auditoría es necesaria ante los informes técnicos, "que no políticos", que certifican la situación "crítica" de "malgasto y descontrol" y "mucho ocultismo" en el conjunto de empresas, entidades y organismos públicos. "Facturas en los cajones, contratos a dedo, personal no autorizado, gastos sin control, facturas bancarias sin titular y el mayor número de empresas y entidades de nuestra historia", ha apuntado.

   De hecho, ha explicado que los informes de la Sindicatura de Comptes y la Intervención de la Generalitat ponen de manifiesto que "el gobierno de PSPV, Compromís y Podemos se dedicó a gastar sin control en aspectos de dudosa legalidad". En cifras, ha indicado que solo cuatro de las 54 entidades del sector público han recibido una valoración positiva en estos informes, con lo que "el 92% no realiza los procedimientos de contratación pública conforme a la ley".

   "Pero la historia no acaba aquí, porque en materia de personal, la Intervención de la Generalitat certifica que solo en el ejercicio 2021 se han producido más de 4.000 contrataciones de personal que no estaban autorizadas por la dirección general de presupuestos", ha subrayado, y ha puesto como ejemplo que "la SGISE (Sociedad Valenciana de Gestión Integral de los Servicios de Emergencias), controlada por el PSPV, trató de colar 1.800 nuevos empleos públicos en las puertas del 28M" aunque "esta operación quedó en grado de tentativa".

   Otros datos que ha expuesto Mazón son que la plantilla del sector público se incrementó en un 35% durante el Botànic o que el gasto en personal de estas empresas "se disparó un 47%" de 400 millones de euros en 2015 a casi 600 millones, "y todo ello en muchos casos sin la autorización de la dirección de Presupuestos".

   En el área de tesorería, ha advertido que "el descontrol es evidente" al detectarse en 22 de las 48 entidades sujetas a este tipo de verificación un "riesgo alto" en los controles de pago, "produciéndose pagos sin la autorización de la persona correspondiente o incluso pagos a cuentas bancarias no identificadas debidamente". "¿Sabía el Botànic a quién le hacía transferencias?", se ha preguntado.

   Por todo ello, el 'president' ha explicado que solicitó un informe urgente de a la dirección general de Sector Público, un informe que revela que hay seis entidades creadas por el Botànic con "un claro conflicto de duplicidades que darían lugar a más directivos o gerentes colocados a dedo para realizar la misma tarea" y que son las que se eliminarán.

NO PREVÉ NUEVAS EMPRESAS PÚBLICAS

   De cara al futuro, preguntado por la posibilidad de crear alguna empresa pública, Mazón ha vuelto a defender la necesidad de los resultados de la auditoría, que espera para final de año, aunque ha confirmado que "no está encima de la mesa".

   Durante su discurso ha hecho hincapié en la necesidad de optimizar el sector público y "contar la verdad a los ciudadanos", además de aludir a la situación "en máximos históricos" de la deuda pública de la Comunitat Valenciana. "La época de acumular empresas públicas para pagar favores y ejecutar enchufes masivos se ha terminado", ha remachado.

EL CONSELL TRABAJA EN LA LICITACIÓN

   Por su parte, la portavoz del Consell y consellera de Hacienda, Ruth Merino, ha explicado que la auditoría del sector público de la Generalitat se realizará mediante "una licitación externa" cuyos pliegos se están elaborando, por lo que no ha podido cifrar cuál será su coste.

   En rueda de prensa tras el pleno del Consell, preguntada por si la Generalitat no dispone de medios para la auditoría, Merino ha destacado que cuentan con "medios, datos, gente y áreas que trabajan en esos ámbitos", pero ha defendido la necesidad de "un análisis externo, específico y especializado de lo que ha ocurrido en los últimos años".

   "No puede ser realizada desde dentro", ha sostenido, y ha garantizado que la auditoría externa servirá para obtener conclusiones más adecuadas y objetivas. Además, ha indicado que no está previsto destinar personal de la dirección general de Sector Público.

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