El Foro L&A denuncia que continúa el proceso de demolición de España y del Estado de Derecho
El Gobierno compra sus apoyos con lo que no le pertenece: medidas irreversibles que dañan el Estado de Derecho, las Instituciones y el bien común y que nos conducen a una España rota, que no es España.
Las líneas rojas de Pedro Sánchez se han convertido en metas volantes en un proceso siniestro pactado con quienes hacen de su hostilidad a España su divisa política y con los promotores del “socialismo” del siglo XXI, que es comunismo.
La sucesión vertiginosa de inadmisibles decisiones, abyectos acuerdos y bochornosas justificaciones, pretende anestesiar a la sociedad, reducir la capacidad de reacción y convertir en normal lo inadmisible.
No pueden existir delitos de terrorismo que no atenten gravemente contra los derechos humanos, de la misma manera que no pueden existir delitos de asesinato que no atenten contra la vida. El Gobierno y sus socios lo saben sobradamente, pero no aspiran a sostener un debate racional, impidiendo el entendimiento entre españoles.
Desde el Foro Libertad y Alternativa (L&A), hacemos un llamamiento a la población para que no asuma como discutible lo inaceptable, como normal lo extravagante o como secundario lo esencial.
El acuerdo del Gobierno y sus socios para incluir los delitos de terrorismo en la ley de amnistía es un insulto a las víctimas y a la ciudadanía. Pero no es sólo eso, es otra prueba más de cómo los apoyos particulares del Gobierno se compran con lo que no le pertenece: decisiones de carácter irreversible, que afectan a elementos esenciales de nuestra democracia, dañando gravemente el Estado de Derecho y la legitimidad del sistema.
Las líneas rojas de Pedro Sánchez han resultado ser meras metas volantes en un proceso pactado con quienes hacen de su hostilidad a España su estandarte político y quienes manifiestan con desganado disimulo su animadversión a la democracia liberal y su inclinación hacia los sistemas colectivistas. Un proceso cuyo objetivo final es perpetuarse en el poder y excluir de la posibilidad de acceder al Gobierno y de las decisiones sobre el futuro común de España, al menos, a la mitad de la población.
Ése es el motivo por el que se ocupan todas las Instituciones y los resortes del poder, desde el Tribunal Constitucional hasta los medios de comunicación, pasando por el CIS, la Fiscalía, el CNI, el letrado mayor del Congreso y una larguísima lista que ha ido creciendo imparable desde que Pedro Sánchez llegó a La Moncloa: para alterar las reglas del juego de manera que la confrontación política se desarrolle en un plano inclinado en el que siempre jueguen con ventaja y puedan llevar a cabo el proceso deconstituyente que estamos viendo desplegarse ante nosotros.
Se suceden de manera acelerada la eliminación “a la carta” de delitos, la colonización de las Instituciones, el nombramiento de miembros y colaboradores del Gobierno como magistrados del Constitucional o como Fiscal General del Estado, la aceptación del lawfare y la investigación parlamentaria de los jueces, la amnistía, la cesión integral de competencias soberanas como la inmigración, la condonación política de deuda de Cataluña, las sentencias cada vez menos fundadas en derecho de un Tribunal Constitucional desprestigiado y, ahora entre otras, la inclusión del terrorismo entre los delitos amnistiables.
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Esta sucesión vertiginosa de inadmisibles decisiones, abyectos acuerdos y bochornosas justificaciones, sitúa a parte de la población española en un estado de estupefacción e incredulidad que impide asimilar cuál es el fondo de este proceso y la gravedad de lo que está sucediendo, de manera que lo hasta hace poco resultaba intolerable pase a ser, al menos, discutible. Se pretende lograr que cualquier reacción llegue demasiado tarde, cuando la situación sea irreversible, como ha sucedido en diversos países hispanoamericanos.
Cualquier terrorismo afecta gravemente y por definición a los derechos humanos, como ha dejado sentado la Unión Europea en multitud de resoluciones. Pretender que hay un terrorismo que no lo hace, es tanto como pretender que existen asesinatos que no atentan gravemente contra la vida.
El Gobierno y sus socios lo saben sobradamente, pero no aspiran con estas bochornosas justificaciones a sostener un debate racional, sino que tratan de hacer colapsar cualquier posibilidad de diálogo lógico, convirtiendo la discusión política en un crisol de trampantojos delirantes que ocupan todo el espacio para el análisis e impiden la comunicación entre los ciudadanos. Encubren así, como la espuma del oleaje, la esencia de un proyecto que, si triunfara, nos conduciría sin remedio a una democracia ficticia, sin libertades, y a una España decadente.
Por este motivo, desde el Foro Libertad y Alternativa (L&A) hacemos un llamamiento a la población para que no caiga en la indiferencia o el desánimo y no asuma como discutible lo inaceptable, como normal lo extravagante o como secundario lo esencial. Desde el Foro L&A nos comprometemos a promover, junto con el resto de la sociedad civil, todas las medidas legítimas que se encuentren a nuestro alcance para detener este siniestro proceso.
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