El Boletín Oficial del Estado del viernes 12 de mayo de 2023 incorporaba, mediante decreto ley una inquietante modificación del Impuesto de Sociedades que se incardinaba en un extenso título, que justificaba el grueso de sus medidas en dos factores que últimamente están de moda: Ucrania y el cambio climático

Se trataba de una bonificación del Impuesto de Sociedades a una vieja norma de la Política Agraria Común (PAC) de la Unión Europea, por la que quedaban bonificadas del pago de este impuesto las cantidades percibidas como consecuencia del abandono o arranque de cultivos y plantaciones de peras, melocotones, nectarinas, manzanas, plátanos, remolacha o sus viñedos. También a los ganaderos que abandonen sus explotaciones lecheras.

Si bien el precepto no es nuevo, y no son las únicas materias primas que se han visto afectadas por medidas similares, sin duda es el síntoma de una tendencia que no siempre se analiza en profundidad. La pregunta es, si se subvenciona el arranque, ¿De dónde sale lo que se vende como producto nacional?.

En España existe un histórico fraude en el origen de los alimentos que, ya sea de la manera burda de cambiar el etiquetado, o mediante la técnica legal de envasar en España, pero importar desde países terceros, es el caballo de batalla de los pequeños productores locales. Se trata de una práctica que han denunciado en numerosas ocasiones las organizaciones agrarias y donde señalan directamente a las principales cadenas de supermercados y a los fondos de inversión que han tomado fuerza en el negocio de la alimentación.

En España once empresas controlan el 75% del mercado total de la alimentación. Según la Red de Supermercados Cooperativos, se trata de nueve grandes grupos de supermercados y tres centrales de compra donde sólo una de ellas (Mercadona) controla el 20% del total. Estas son cifras aproximadas basadas en su facturación, que abarca diferentes canales de venta, principalmente las tiendas físicas, pero también la venta online.

A todo esto hay que sumar que al menos cuatro de estos grandes supermercados (Alcampo, Carrefour, Lidl y Aldi) disponen en España de empresas creadas para realizar grandes compras de productos, principalmente fruta y verdura, para sus supermercados españoles, europeos o del resto del mundo, concentración económica que aparte de permitir imponer precios, trabajan con la lógica de la maximización de beneficios y que, por su carácter multinacional, tienen a su disposición mercados en el mundo que les permite elegir cuándo comprar las naranjas en Arabia Saudí, México o Argentina, y traerlos a España camuflados como productos patrios.

Bajo este modelo, se impone a la agricultura local una serie de desincentivos a la producción cuando, paralelamente, se privilegia la importación, en función de los menores costes. La lógica de la PAC es que los productores locales son contaminantes, atrasados y no maximizan la producción debidamente, porque no son eficientes.

A ellos se oponen las cada vez mayores empresas hortofrutícolas, con capital suficiente para hacer los cambios en la producción que se sugieren desde Bruselas con el pretexto ecologista, pero que en realidad son medidas para eliminar a los pequeños competidores, que no disponen de capital para adaptarse. De hecho se pueden permitir vender a pérdidas, que aunque esté prohibido desde 2021, no existen fiscalizaciones serias que lo impidan.

Según el último Censo Agrario (2020) publicado por el Instituto Nacional de Estadística a (INE), el 58% de la superficie agrícola española está en manos de explotaciones de más de 100 hectáreas cuando, en 1999, fecha del último censo, era del 54%.

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En 1999, el 54% de la tierra agrícola estaba en explotaciones de más de 100 hectáreas, esta proporción aumentó hasta el 55% diez años más tarde y, en 2020, los macro cultivos ya suponían el 58% de toda la superficie agrícola de España. El resto de explotaciones de otros tamaños han ido perdiendo terreno mientras las más grandes crecían cada vez más.

Otro dato es que el 6% de las explotaciones agrícolas en España están a nombre de empresas, que representan la cuarta parte de la superficie agrícola. En cambio, las personas físicas, titulares de más del 90% de las explotaciones, tienen solo tres cuartas partes de la tierra, y cuya dispersión permite la imposición de precios.

La tendencia a la concentración en la producción y distribución agroalimentaria es creciente, y la PAC apunta precisamente a eso. Esto implica liquidar a la clase media agraria, es decir, a los pequeños propietarios que están siendo el motor de las protestas de los últimos días.

Pero no son los únicos perjudicados, pues este modelo ha permitido a todas las cadenas de supermercados y a todos los grandes distribuidores incrementar precios sin pestañear. Según el informe de márgenes empresariales del Banco de España del último trimestre de 2023, estas empresas fueron junto a la banca y las energéticas, el otro gran sector que cada año se supera en beneficios, a costa de los demás.

No por casualidad Juan Roig, presidente de Mercadona y que da nombre a esta práctica, se jactaba hace pocos meses de que hemos subido una burrada los precios sin que tuviera mayor trascendencia. Aparte de cortar carreteras, que está muy bien y es muy sano, también habría que darse un paseo por los almacenes de estos especuladores.

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