¿Podrá Pedro Sánchez ser imputado?

Pedro Sánchez podría ser imputado es ya un titular posible. La imputación de Begoña Gómez, esposa del presidente, por cinco delitos, sitúa al líder socialista en el centro de un escenario inédito en España. La justicia española investiga malversación, tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo profesional.

El juez Juan Carlos Peinado lidera la instrucción, que además señala a Cristina Álvarez, asesora en Moncloa, por supuestamente desviar recursos públicos a fines privados. Con ello, el cerco judicial sobre el PSOE se intensifica, elevando la gran pregunta: ¿podrá Pedro Sánchez ser imputado en las próximas semanas?

Nuevas imputaciones en el horizonte: la UCO prepara informes demoledores
La posible imputación de Begoña Gómez no será, ni mucho menos, la única que sacuda a Sánchez próximamente. Según fuentes judiciales y policiales, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil está ultimando una serie de informes demoledores que verán la luz en el mes de septiembre.

Estos documentos no solo apuntan a la esposa del presidente, sino que señalan directamente a altos cargos socialistas y figuras clave del gobierno. Entre los nombres que ya circulan están el de la Presidenta del Congreso, Francina Armengol, el del Ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, el canario conocido por sus vínculos filomasónicos, y el del propio Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior.

La investigación también alcanza a figuras del socialismo histórico, entre ellas el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, cuya sombra sigue presente en muchas de las operaciones políticas y económicas más oscuras de las últimas décadas, sobre todo con el gobierno chino y la dictadura de Maduro.

De confirmarse estas imputaciones, estaríamos ante un terremoto judicial y político sin precedentes que pondría en cuestión la permanencia de Pedro Sánchez en La Moncloa.

El blindaje constitucional y el camino legal
En España, el presidente del Gobierno es aforado. Eso significa que solo el Tribunal Supremo puede investigarlo, según el artículo 71 de la Constitución. Cualquier proceso contra Sánchez requiere primero una denuncia con indicios sólidos y después la autorización del Congreso a través de un suplicatorio.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ya ha ordenado investigar si Sánchez incurrió en conflicto de intereses al aprobar un rescate de 475 millones de euros a Air Europa, empresa vinculada a Gómez.

La abogada penalista Beatriz de Vicente lo resume con contundencia: «Si el presidente del Gobierno fuera imputado, estaríamos ante un escenario único en nuestra democracia».

Pero el blindaje institucional podría convertirse en escudo político.

Suplicatorio: llave judicial o escudo socialista
El suplicatorio es el paso crítico. Permite que el Congreso levante la inmunidad de Sánchez para que pueda ser investigado. Según el artículo 753 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, basta la mayoría simple.

Desde 1978, el 90 % de los suplicatorios han sido aprobados. Sin embargo, con el PSOE y sus socios controlando 179 escaños, un bloqueo es más que posible.

Una fuente judicial declaró «No hay ninguna garantía de que la mayoría parlamentaria del PSOE no bloquee ese trámite y fuerce un archivo de la causa en pleno escándalo nacional e internacional».

El profesor Germán Teruel, de la Universidad de Murcia, recuerda que solo causas espurias justificarían rechazar un suplicatorio, algo que no ocurre ahora. Por su parte, el catedrático Javier Tajadura Tejada es aún más tajante: «El suplicatorio es impropio de un Estado de Derecho. Yo creo que habría que suprimirlo».

La imputación de Pedro Sánchez se convertería así en una batalla entre legalidad y control parlamentario.

El PSOE acorralado por los escándalos
La imputación de Begoña Gómez agrava una crisis que ya golpea al PSOE. Cuarenta y siete altos cargos socialistas han sido llamados por la justicia: 21 como investigados y 26 como testigos.

Begoña Gómez enfrenta cinco delitos, entre ellos el supuesto uso de recursos públicos de la Complutense y sus reuniones con ejecutivos de Globalia antes del rescate de Air Europa. El Caso Koldo, que involucra al exministro José Luis Ábalos en contratos irregulares durante la pandemia, añade presión.

El juez Ismael Moreno incluso identificó referencias a Sánchez como “el 1” en conversaciones de la trama. La pregunta sobre Pedro Sánchez imputado ya no es mera especulación: es una posibilidad judicial y política concreta.

Sánchez contra las cuerdas: Suplicatorio, presión política y dimisión
Si el Supremo solicita un suplicatorio y el Congreso lo rechaza, España viviría una tensión institucional sin precedentes. Sería, obviamente, una crisis muy profunda, terrible para el régimen democrático. Ya casi nadie creería en un sistema ya de por sí claramente devaluado.

Si, por el contrario, el Congreso permite avanzar y finalmente vemos a Pedro Sánchez imputado, la Constitución no lo obliga a dimitir hasta una condena firme. Sin embargo, la presión política sería insoportable.

Pero si Pedro Sánchez se niega a dimitir, y más incluso si todavía hay un voto negativo al suplicatorio del Tribunal Supremo, la crisis será gravísima. Después del 23 de febrero de 1981, será el momento más crítico del régimen democrático.

España al borde de una crisis constitucional
Los socialistas han intentado presentar estas investigaciones como ataques de la “ultraderecha” y ejemplos de lawfare. Sin embargo, con cinco delitos imputados a Gómez y decenas de altos cargos desfilando por los tribunales, ese relato se desploma.

El que Pedro Sánchez pudiera ser imputado resume una realidad que mantiene a España en vilo. El sistema judicial funciona al límite, y el futuro del régimen democrático depende de si el Congreso permite que la justicia actúe con independencia.

Un futuro incierto para España
La imputación de Begoña Gómez no es un caso aislado: es un reflejo de la corrupción que rodea al PSOE y que salpica directamente a su líder. El camino hacia ver a Pedro Sánchez imputado depende de un delicado equilibrio entre justicia y política.

Si el Congreso bloquea un suplicatorio, España entrará en una crisis institucional inédita. Si lo permite, el presidente enfrentará un desgaste insostenible, que debería traducirse en su dimisión por responsabilidad política, cuestión de la que carece,

Las democracias más sólidas muestran el camino: los líderes dimiten antes de hundir al Estado en la parálisis. Pero tratándose de Sánchez es capaz hundir al Estado con tal de intentar salvarse.

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