La ley de amnistía incluye los delitos de terrorismo y traición adaptados a Europa

Tras varios días de runrún, PSOE, Junts y Esquerra anunciaron este miércoles por la noche que habían sellado un pacto para aprobar la ley de Amnistía. Los tres grupos introducirán cambios en el redactado del olvido penal este jueves en la comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, con una enmienda transaccional conjunta que contempla que en los delitos de terrorismo y alta traición se excluirán los casos graves y se tendrá en cuenta el redactado del derecho europeo de los mismos.

 Eso significa que se incluye la excepción del terrorismo, las torturas y la alta traición, pero se hace distinción entre lo que estipula el Código Penal español y la legislación europea. Así pues, no se puede amnistiar el terrorismo en la concepción que definen el Convenio Europeo de Derechos Humanos y la directiva europea sobre terrorismo.

De ese modo, los actos de protesta, como es el caso de Tsunami Democràtic, aunque sean investigados por terrorismo en la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo, serían a priori amnistiables. Algo similar sucede con el delito de alta traición. Se tendrá en cuenta la referencia que figura en la Carta de las Naciones Unidas y quedará fuera del olvido penal aquella que “hace un uso de la fuerza efectivo y real para la unidad de España”, según las fuentes consultadas.

Asimismo, quedará claro que la medida es de efecto inmediato y se lleva atrás en el tiempo su plazo de aplicación de enero del 2012 a noviembre del 2011 para garantizar que los encausados en el Tribunal de Cuentas quedan amparados. Otro aspecto relevante es que la malversación de caudales públicos relativa al procés queda amnistiada si no hay lucro personal; destinar fondos al 1-O quedará incluido en la norma.

Todas estas modificaciones, según se subraya en el escueto comunicado conjunto, tienen en cuenta “las directrices del derecho constitucional, europeo e internacional, así como el informe preliminar de la Comisión de Venecia”, un documento que resultó relevante para desbloquear la situación y facilitar la entente.

El pacto llega casi sobre la bocina, cuando se agotaba el tiempo, y permitirá al Gobierno avanzar, cambiar de pantalla y abrir la negociación de los presupuestos generales del Estado para el año en curso y apuntalar así la legislatura en un momento muy crítico para el Ejecutivo de Pedro Sánchez, acechado por el caso Koldo y la ofensiva del Partido Popular.

 Aprobar las cuentas será fundamental para dotar de estabilidad política y económica a una legislatura que no consigue desprenderse del marchamo de incierta. De hecho, el portavoz de JxCat en el Senado, Josep Lluís Cleries, ya hizo este miércoles referencias a la cuestión presupuestaria a la propia ministra de Hacienda, la vicepresidenta María Jesús Montero.

“Si ustedes quieren legislatura, nosotros la queremos porque creemos que estamos en un momento clave”, afirmó el senador, que abogó por ir a por “la amnistía” primero para que después “haya unos presupuestos sociales”.

El pacto anunciado este miércoles cogió velocidad la semana pasada; tanto es así, que el sábado el expresident Carles Puigdemont ya hablaba de “nueva etapa”. El ruido del caso Koldo y el hecho de que el Supremo abriera causa penal contra el líder de Junts por terrorismo, por las protestas de Tsunami Democràtic, no afectó a la negociación.

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Poco después de trascender la entente, empezó la batalla por el relato entre las dos fuerzas independentistas, que tratan de capitalizar la aprobación de la norma. Desde Junts destacaron que votarán a favor de una ley que “no deja fuera a nadie”, y que se incorporarán “mejoras” al texto que sugiere la Comisión de Venecia gracias al hecho de que se plantaron el pasado 30 de enero al rechazar la ley en el pleno. Una forma de sacar pecho.

Los republicanos, en cambio, opinan que este jueves, como hace dos meses, hay una ley “robusta y sólida que cubre a todas las personas represaliadas” y que en la ley “lo fundamental queda como estaba”. Asimismo, lamentan que “el retraso” ha provocado que se celebren algunos juicios y se dé más tiempo a algunos jueces para “acciones persecutorias”.

Los posconvergentes sacan pecho por los cambios, y los republicanos les quitan importancia
“Lo importante es que va a haber ley de Amnistía y va a ser plenamente constitucional y acorde con el derecho europeo”, resaltó este miércoles Sánchez, poco antes de que se hiciera pública la entente, en una comparecencia conjunta en Brasilia con el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.

 Para Sánchez, tal y como estaba redactada la norma cuando Junts paralizó su tramitación, ya alcanzaba a todos los encausados del procés, JxCat reclamaba “más garantías” pese a las nuevas acusaciones por delitos de terrorismo.

Pero debido a ellas, JxCat reclamaba “más garantías”. Y el presidente del Gobierno, en una conversación informal con la prensa antes de iniciar este miércoles su visita a Brasil, asumió estos cambios. El jefe del Ejecutivo central aseveró que la ley “tiene un significado muy relevante”. “Deja atrás todas las consecuencias judiciales de una crisis territorial y constitucional como nunca vivió la democracia española”, añadió en referencia al procés.

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