El actual subsecretario del Ministerio de Transportes, Jesús Manuel Gómez García, confesó a la Guardia Civil que en noviembre filtró al exministro José Luis Ábalos documentación sobre la trama investigada. Según contó a los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO), era documentación del Tribunal de Cuentas sobre las adjudicaciones ahora bajo sospecha.

Se lo entregó personalmente en un sobre al asesor del ministro, Koldo García. El encuentro tuvo lugar en la marisquería en la que despachaba la trama investigada.

 Este alto cargo del actual ministro de Transportes, Óscar Puente, admitió que ha seguido teniendo relación con Koldo García porque es la vía que usa Ábalos para contactarle. Contó a los investigadores que ha comido varias veces con ellos en la marisquería La Chalana, el establecimiento en el que la presunta organización criminal fijó un centro de operaciones.

 Los agentes le preguntaron para qué fue a ese local el 2 de noviembre y el subsecretario respondió que seguramente fue a saludar y a que Koldo le dijera algo relacionado con Ábalos. Confesó que, en uno de esos encuentros en La Chalana, le entregó la citada documentación al exasesor de Ábalos porque el exministro le había pedido “información relativa al análisis que realiza el Tribunal de Cuentas y la IGAE” sobre los contratos investigados. Según contó, la razón es que Ábalos estaba preparando una querella contra “un periodista”.

 Cuando El Confidencial desveló que en la investigación se señalaba la relación de los investigados con cargos actuales de Puente, el ministro enmarcó las informaciones como una campaña contra su persona. “¿Como intentar meter a Puente en un asunto que se produjo 4 años antes de que llegase a Ministro? La fachosfera te lo niquela en un pis pas. Ahora que…, conmigo lo llevan crudito”, dijo en la red social X. Dos días después de este mensaje convocó una rueda de prensa en la que afirmó que no cesaría a nadie de su departamento, pero tuvo que corregir su estrategia.

 Esta semana ha comunicado la destitución del responsable de Puertos del Estado, encargado de tramitar el mayor contrato que se adjudicó a la trama. Este periódico había informado previamente que la UCO investigaba llamadas entre este alto cargo y los implicados. El sumario del caso apuntala la sospecha de los investigadores de que Koldo y el resto mantenían influencia en el actual Ministerio de Transportes.

 Respecto a José Manuel García, el subsecretario, Puente dijo en la rueda de prensa del 26 de febrero que es “un funcionario de carrera”, con un amplio respeto dentro del ministerio y que decidió mantenerlo en el puesto una vez fue nombrado ministro por su “profesionalidad, compromiso y honestidad”. “He hablado con él y niega cualquier vinculación con la trama.

Está absolutamente tranquilo, fastidiado por verse en los papeles, pero está absolutamente tranquilo. Me ha dado explicaciones y me han satisfecho. No voy a cometer la injusticia de cesar a un funcionario y manchar su nombre por cuestiones que no están acreditadas”, ha asegurado

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Un informe de la Guardia Civil que obra en el sumario detalla aquel encuentro entre la trama y el alto cargo de Óscar Puente. Tuvo lugar el 2 de noviembre, pasadas las 14 horas. Dos días después, el hermano de Koldo García, Joseba, había quedado con Ábalos en Valencia, así que le pidió que le llevase “unos papeles que le habían dado”. Joseba García hizo el viaje hasta casa de Ábalos en una furgoneta y en el camino la paró la Guardia Civil, que inspeccionó el vehículo y el sobre que llevaba.

 La documentación era la respuesta del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno a la reclamación que había hecho un ciudadano sobre las relaciones durante la pandemia entre el ministerio y la empresa investigada. Este solicitante era Ramiro Grau, el primer denunciante del caso ya llevó a Ábalos ante el Tribunal Supremo en 2020 por estos hechos. Esta persona afirma haber enviado media docena de cartas a la Moncloa para avisar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de los hechos que se están conociendo estos días.

 El segundo documento era un informe del Tribunal de Cuentas sobre la fiscalización de los contratos de emergencia durante la pandemia. El tercer documento filtrado era una respuesta del Ministerio de Transportes a través del Portal de Transparencia. La Guardia Civil concluye que son “tres documentos relacionados con la adjudicación de los contratos investigados a Soluciones de Gestión”.

 Jesús Manuel Gómez García declaró el 21 de febrero en la Comandancia de la Guardia Civil de Tres Cantos, tan solo unas horas después de que se produjeran las detenciones de la operación Delorme. Explicó las órdenes que partieron del ministro Ábalos sobre cómo repartir los contratos para adquirir material entre Adif y Puertos del Estado, dos de las administraciones que adjudicaron contratos a la trama. Pero este alto cargo del ministerio afirmó no haber participado en esos procesos.

 Por ese motivo, no supo explicar los motivos por los que se escogió a la empresa investigada, Soluciones de Gestión, que tenía relación con el asesor de Ábalos y presuntamente la pagó mordidas a cambio de ejercer como conseguidor. Esta mercantil sin experiencia previa en el sector se embolsó 53 millones en contratos con administraciones socialistas como Transportes, Interior o los gobiernos autonómicos de Canarias y Baleares.

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