Pedro Sánchez, asediado por el caso Koldo, cree tener la legislatura garantizada una vez se apruebe, previsiblemente el próximo jueves, la ley de amnistía. La medida gracia, que ya cuenta con el beneplácito de Carles Puigdemont, es la llave del líder socialista para permanecer en Moncloa. Pero aún no está todo atado. Ni mucho menos. El devenir de la coalición dependerá de la judicatura.

 Y es que serán los jueces quienes, con la norma en el BOE, tendrán que aplicarla. Por mucho que ahora la guía sea el derecho europeo y no el código penal español respecto al delito de terrorismo, no está claro que ese sea el salvoconducto que permita a expresidente catalán pisar de nuevo España. No obstante, y por si la legislatura se complica, el presidente ya escucha qué reformas hacer para fortalecer su mayoría: cambiar la ley electoral para quitar escaños a PP y Vox.

 El entorno del presidente comenta el asunto en privado, según ha sabido este diario. Pero incluso hay quien lo publica en medios de comunicación. Uno de ellos es Jaime Miquel, el gurú electoral que anticipó el fin del bipartidismo y el reemplazo de PSOE y PP por Podemos y Ciudadanos.

Miquel desembarcó en el núcleo duro de Sánchez, de la mano del ex jefe de gabinete Iván Redondo nada más hacerse cargo de las riendas del país tras la moción de censura, en 2018. Y pese a la salida del donostiarra, tanto Miquel como el publicista Manuel Cavanilles han sido engranajes fundamentales del motor electoral del gabinete del presidente del Gobierno que dirige el socialista Óscar López.

En un artículo en Infolibre, Miquel se explaya: "La mayoría de la legislatura puede producir una reforma de la Ley Orgánica 5/1985 del Régimen Electoral General que dotaría de más proporcionalidad al sistema en futuras elecciones generales.

La reforma consiste en reducir la representación mínima inicial de cada provincia de dos a un diputado –52 con Ceuta y Melilla en lugar de 102–, distribuyéndose los 298 restantes de modo proporcional a la población de cada provincia. Al no interesar a la Constitución, tal reforma no necesita más votos positivos que los de la mayoría simple del Congreso (176), como cualquier otra Ley Orgánica".

 El gurú demoscópico, muy reconocido en su campo por tener un método único de análisis electoral, hace cábalas sobre los resultados que hubieran obtenido los partidos el 23 de julio de aplicarse dicha reforma en la ley:

"Con esto, los resultados del 23J, en términos de escaños, habrían sido los siguientes: PP, 131 (-6); PSOE, 123 (+2); Sumar, 35 (+4); Vox, 32 (-1); JxCat, 8 (+1); ERC, 8 (+1); EH-Bildu, 6 (=); PNV, 4 (-1); BNG, 1 (=); CCa, 1 (=); UPN, 1 (=). El efecto de esta reforma sobre los resultados del 23J reduce a 165 escaños la suma de diputados del PP, Vox, UPN y CCa. Por el contrario, aumenta hasta 185 diputados la mayoría de la investidura".

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Y acto seguido, Miquel explica el motivo por el que según él se produce el efecto que considera 'perverso': "Esta es la verdad. Castilla y León debería contribuir al Congreso de los Diputados con 17 representantes sobre 350, pero la LOREG le asigna 31 (+14), por ser una comunidad autónoma con muchas provincias y poca población en cada una.

Considerando todas las provincias, la LOREG está desplazando, en nuestros días, 64 escaños de la proporcionalidad: sólo por esta razón tuvieron posibilidades de alcanzar el gobierno el PP y Vox". Miquel sostiene que "una reforma que mejora la proporcionalidad del sistema es del interés general, pero ésta en concreto asegura el cambio de época que el consenso de los demás está exigiendo al PSOE".

Los socialistas ya propusieron en su programa electoral de 2016, en plena vorágine tras la eclosión de Podemos y Ciudadanos, una reforma de la ley electoral. Uno de sus puntos era "mejorar la proporcionalidad". Pero la propuesta se cayó del último programa, el del 23-J.

La única referencia a la legislación electoral era para "hacer obligatorios los debates electorales" para "que la ciudadanía vea garantizado su derecho a conocer los diferentes proyectos políticos y las consecuencias de los mismos sobre sus vidas". Y tampoco hay rastro alguno de cambios en la ley electoral en el programa de acuerdo de coalición de gobierno que firmaron PSOE y Sumar.

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