El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha defendido en una carta a la presidenta del Consejo General de la Abogacía Española que “se ha salvaguardado” el deber de reserva en el caso de Alberto G.A., pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

En la misiva, García Ortiz sostiene que es “incontrovertidamente alejado de la verdad” que el objetivo y voluntad de la Fiscalía pueda ser interferir en las sagradas relaciones abogado-cliente y, más aún, revelar el contenido de una oferta de negociación de un letrado al Ministerio Fiscal.

Además, enfatiza que la propuesta concreta de conformidad de ocho páginas, fechada el día 2 de febrero de 2024 y dirigida a la sección de delitos económicos de la Fiscalía Provincial de Madrid, no fue revelada ni comunicada a la opinión pública.

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Según García Ortiz, en la nota de prensa de la Fiscalía Provincial de Madrid, solamente se comunicaron aquellos aspectos (conocidos anticipadamente por la opinión pública como consecuencia de una indeseable filtración) que resultaron indispensables para despejar cualquier sombra de sospecha sobre la actuación de los fiscales, cuya profesionalidad y honorabilidad debe proteger y defender como fiscal general.

Es importante destacar que el deber de reserva es fundamental en el ámbito legal y garantiza la confidencialidad de ciertos asuntos judiciales.

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