El PSOE compara el choque institucional entre Senado y Congreso con el 23F
El senador del PSOE por Lanzarote y secretario cuarto del Senado, Francisco Manuel Fajardo, ha comparado el conflicto institucional entre la Cámara Alta y el Congreso, impulsado por el PP por la Ley de Amnistía, con el intento de golpe de Estado del 23F al afirmar que este choque es "casi un ‘¡quieto todo el mundo!’".
Así se ha expresado el senador socialista durante el debate de la iniciativa impulsada por el PP en la que se plantea por primera vez en la democracia un conflicto entre órganos constitucionales al Congreso por la proposición de ley de amnistía, ya que piden a la Cámara Baja que la retire al entender que "es una reforma Constitucional encubierta".
Durante su intervención, Fajardo ha dicho al PP que este choque institucional inédito entre Senado y Congreso es “un auténtico disparate”. "Es casi un ‘quieto todo el mundo’", ha añadido el senador socialista, refiriéndose a las palabras que profirió el coronel Antonio Tejero en el Congreso durante el intento de golpe de Estado del 23F.
A su vez, el parlamentario del PSOE ha acusado a los ‘populares’ de “agarrarse” a un párrafo del informe de los letrados del Senado en el que se habla del conflicto institucional entre el Senado y el Congreso para finalmente acabar planteándolo en la Cámara Alta.
Eso sí, el senador socialista ha mostrado sus “dudas” de que el PP finalmente acuda al Tribunal Constitucional (TC) una vez aprobada la Ley de Amnistía, recordando que el PP también se reunió con Junts para abordar la investidura de Alberto Núñez Feijóo.
En este contexto, Fajardo ha apostillado que el líder de Junts Carles Puigdemont amenazó con desvelar las conversaciones con el PP, algo que también ha sido utilizado por la senadora de Junts María Teresa Pallarès en su intervención: “Todo se sabrá”.
Los ‘populares’ usarán su mayoría absoluta en el Senado para aprobar este miércoles el conflicto de competencias inédito entre las dos Cámaras, por lo que llegará al Congreso el jueves 11 de abril, que tiene un plazo máximo de respuesta de 30 días.
De esta manera, la institución presidida por Francina Armengol tendrá de plazo hasta el 11 de mayo, un día antes de las elecciones catalanas, para responder. Si no lo hace o su respuesta es negativa, el siguiente paso sería llevar al Tribunal Constitucional el conflicto de competencia.
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