El Parlamento Europeo ha manifestado “gran preocupación” por el “presunto uso indebido” de más de 17 millones de euros en fondos europeos relacionado con el ‘Caso Koldo’.

Este caso está vinculado a posibles comisiones ilegales en la adquisición de mascarillas durante la pandemia. El nombre del caso proviene de uno de los implicados, Koldo, quien ejerció como asesor del entonces ministro de Fomento, José Luis Ábalos.

La referencia a esta preocupación se encuentra en una enmienda presentada por el Partido Popular Europeo (PPE) al informe anual sobre la gestión del gasto por parte de la Comisión Europea. La enmienda fue aprobada durante la sesión celebrada en Bruselas, con 367 votos a favor, 230 en contra y 10 abstenciones.

El texto de la enmienda destaca la posible malversación de 14,6 millones de euros procedentes del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y 3,1 millones de euros del Fondo de Solidaridad. Además, critica que la Fiscalía Europea (EPPO) recibiera información relevante para investigar el caso de un particular, pero no de las autoridades competentes.

Es importante seguir de cerca el desarrollo de este caso y garantizar la transparencia en el uso de los fondos europeos.

La vicepresidenta del Grupo PP y portavoz de PP en el Parlamento Europeo, Dolors Montserrat, ha señalado tras la votación que «por mucho que Sánchez se esfuerce en desviar la atención de la corrupción de su Gobierno, en el PP no vamos a parar de denunciar el caso PSOE en la UE para proteger los fondos europeos».

En la enmienda,  se insta a la Comisión Europea a recurrir a auditorías externas «si se detecta una grave falta de capacidad en un Estado miembro» y subraya que «la Comisión no descubrió la supuesta malversación de fondos en este caso a pesar de haber realizado auditorías».

17,7 millones
El informe, que se ha aprobado en sesión plenaria, calcula que la malversación de fondos europeos, «del dinero de los contribuyentes»,  por esa trama ascendió a 14,6 millones de euros del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y a 3,1 millones de euros del Fondo de Solidaridad de la UE.

Además, la Eurocámara lamenta que la Fiscalía Europea (EPPO por sus siglas en inglés) haya recibido «la información sobre el caso de un particular y no de la autoridad nacional competente», es decir, del Gobierno español.

Por ello, «insta a los Estados miembros a que informen sin demora a la Fiscalía Europea de cualquier sospecha de malversación de fondos, de conformidad con el reglamento».

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