El caso de las menores tuteladas de Murcia llega a la Comisión Europea
Dado que muchos de estos centros en España reciben fondos de la UE, nos gustaría saber qué medidas ha tomado la Comisión para contrarrestar estas prácticas y si la Comisión ha solicitado al gobierno español que investigue el asunto
Valores ha solicitado a los eurodiputados del ECPM, partido político europeo al que pertenece, que solicite información a la Comisión Europea sobre las menores tuteladas de Murcia que fueron agredidas sexualmente siendo prostituidas.
Tras conocer la negativa de Vox y el Partido Popular de Murcia, en la Asamblea Regional, para dar explicaciones de lo sucedido, la Directiva Nacional de Valores, ordenó personarse a los servicios jurídicos como acusación particular.
Los eurodiputados del ECPM (Movimiento Político Cristiano Europeo) se han dirigido a la Comisaria Europea de Asuntos Internos, Ylva Johansson, para pedir información sobre este terrible caso que tiene sus semejanzas con los ocurridos en Baleares, Valencia, Madrid, Navarra…
Todos ellos, Centros de Menores que están financiados, en parte, con dinero de la Unión Europea. Además, el presidente del ECPM Valeriu Ghileţchi junto a los eurodiputados Anja Haga, Márton Gyöngyösy, Helmut Geuking y Bert-Jan Ruissen, han manifestado su apoyo a Valores en esta denuncia al gobierno de la Región de Murcia pidiendo explicaciones sobre lo sucedido.
La traducción del escrito dirigido a la Comisaria Europea de Asuntos Internos dice lo siguiente: “Estamos alarmados y preocupados de que en España pueda haber redes de prostitución y traficantes operando en las proximidades de centros sociales infantiles.
Además del caso más reciente en Murcia, se han notificado hechos similares en Baleares, Valencia y Navarra. Condenamos todas las formas de trata de personas y creemos que los menores, como tutelados del Estado, ya se encuentran en una posición vulnerable y deben ser protegidos.
Apoyamos al partido español Valores, miembro del ECPM, que presentó una denuncia pública por no dar explicaciones de lo sucedido.
Dado que muchos de estos centros en España reciben fondos de la UE, nos gustaría saber qué medidas ha tomado la Comisión para contrarrestar estas prácticas y si la Comisión ha solicitado al gobierno español que investigue el asunto.”
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