Nacional EC 24/04/2024

Un juzgado abre diligencias contra Begoña Gómez por tráfico de influencias

Tras la denuncia de Manos Limpias, el procedimiento gira en torno a la presunta comisión de delitos de tráfico de influencias y corrupción en el sector privado

Begoña Gómez, y Víctor de Aldama

Un juzgado de Madrid ha abierto diligencias previas contra la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, para investigar sus relaciones con varias empresas privadas que acabaron recibiendo fondos y contratos públicos del Ejecutivo de su marido, tras la denuncia de Manos Limpias. El procedimiento gira en torno a la presunta comisión de delitos de tráfico de influencias y corrupción en el sector privado

 Según informan fuentes jurídicas, el caso está en manos del magistrado Juan Carlos Peinado, titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Plaza de Castilla. Entre las primeras diligencias ordenadas por el juez está la citación de varios testigos.

 Como desveló El Confidencial, el IE Africa Center de Begoña Gómez firmó en 2020 un acuerdo de patrocinio con Globalia. Además, la mujer del dirigente socialista se reunió en privado con el consejero delegado del 'holding' turístico, Javier Hidalgo, en las propias oficinas de la compañía. En esas mismas fechas, Globalia estaba negociando con el Gobierno un rescate millonario para hacer frente a las consecuencias del covid.

El permiso de conducir digital y su uso como ID digital ya se implementa en varios países

 Finalmente, el Ejecutivo de Sánchez concedió a la aerolínea de la familia Hidalgo, Air Europa, una ayuda de 475 millones de euros. Ninguna otra compañía privada recibió tanto dinero del fondo de rescate de la SEPI. Sánchez participó en el Consejo de Ministros que autorizó la entrega del dinero.

 Además, Begoña Gómez firmó en julio de 2020 dos cartas de apoyo a una UTE de empresas privadas que se presentó a concurso del ente público Red.es, dependiente en ese momento del Ministerio de Economía.

El principal accionista de la UTE, el empresario y consultor Carlos Barrabés, había participado previamente en el diseño del Máster en Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense de Madrid que dirige actualmente Begoña Gómez.

 La alianza apoyada por la mujer de Sánchez acabó llevándose los tres lotes a los que optaba tras superar a casi una veintena de rivales. En total, Barrabés se adjudicó 10,2 millones de euros en una época especialmente crítica para la empresa por las consecuencias del covid.

La UTE no presentó en ninguno de los tres concursos la oferta más barata, pero logró la máxima nota en los apartados de valoración subjetiva y eso le permitió superar al resto de competidores en la calificación final.

Influir en funcionarios públicos
La denuncia que ha provocado la apertura de diligencias ha sido presentada por el sindicato Manos Limpias, dirigido por Miguel Bernad, que fue condenado en primera instancia a cuatro años de prisión por un delito continuado de extorsión y otro de estafa. Sin embargo, el Tribunal Supremo le absolvió recientemente al considerar que no existían pruebas suficientes de las presiones que se le atribuían.

 La querella reclama la citación como investigada de Begoña Gómez. También solicita al juez que recabe las cartas de recomendación de la esposa del presidente hacia Barrabés y todos los expedientes adjudicados al empresario, así como que lleve a cabo otra serie de diligencias, entre ellas, la comparecencia de testigos.

 La denuncia señala la existencia de delitos vinculados con el artículo 429 del Código Penal en el que se persigue a los particulares que influyan en funcionarios públicos o autoridades "prevaliéndose de cualquier situación derivada de su relación personal con este" para conseguir una resolución que le pueda generar directa o indirectamente un beneficio económico para sí o para un tercero.

 Por otra parte, el delito de corrupción privada se regula en el artículo 286 bis del Código Penal y castiga a quienes "prometan, ofrezcan o concedan a directivos, empleados o colaboradores de una empresa mercantil o de una sociedad, asociación, fundación u organización un beneficio o ventaja de cualquier naturaleza no justificados para que le favorezca a él o a un tercero frente a otros".
 
 Comparte en Redes Sociales

 Evite la censura de Internet suscribiéndose directamente a nuestro canal de Telegram, Newsletter

Haz tu Donación

Síguenos en Telegram: https://t.me/impactoespananoticias

Whassapt Impacto España: https://chat.whatsapp.com/DkvQU3OzEzz1Ih524CPUd7

Twitter: https://twitter.com/impactoSumustv

Instagram: https://www.instagram.com/impactoespana?r=nametag

YOUTUBE:https://youtube.com/@impactoespananoticias

Odysee: https://odysee.com/@impactoespa%C3%B1anoticias:a

WhatsApp: 635967726

Te puede interesar

Yolanda Díaz duplica la subvención a los sindicatos

Yolanda Díaz, ha aprobado un incremento sin precedentes en las subvenciones destinadas a las organizaciones sindicales, fijando un nuevo máximo de 32 millones de euros para el año 2025

La identidad de Cataluña y España en peligro

El avance imparable del islamismo en Cataluña: entre inmigración masiva y entreguismo político

Los principales sindicatos y patronales cuentan con más de 68 edificios cedidos por el Estado

En concreto, estas entidades disponen de aproximadamente 173.149 metros cuadrados repartidos en 68 edificios, siendo UGT el sindicato que lidera tanto en número de inmuebles como en superficie total

Perelló rechaza que se atribuya "sesgos políticos" a los jueces después de que Sánchez dijera que algunos ayudan al PP

El Estado de Derecho requiere que los jueces y tribunales puedan ejercer sus funciones atendiendo únicamente al imperio de la ley, sin presiones directas ni indirectas de ningún grupo de poder, público o privado

Garcia Ortiz es increpado en una taberna gourmet en Valencia: "¡Corrupto!"

"La fiscal Teresa Gisbert contestó al hombre que llamó corrupto a García Ortiz con un ‘váyase a la mierda’"

Cruz Roja realoja a 195 refugiados, cuyo hotel fue destrozado por la DANA, mientras víctimas siguen malviviendo en sus casas destrozadas

Fuentes de Cruz Roja subrayan que en el marco del sistema estatal de acogida a personas refugiadas y solicitantes de protección internacional, financiado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad y Migraciones, gestiona un total de 252 plazas de acogida en la provincia de Valencia