Yo era diputada nacional cuando Juan Carlos I comunicó su decisión de abdicar en su hijo, lo que me permitió participar en los debates y la aprobación de la ley orgánica con la que había de formalizarse constitucionalmente su voluntad.

Y a pesar de que los políticos de turno habían dejado de lado el desarrollo del Título II de la Constitución en todo lo referente a la Jefatura del Estado, una mayoría abrumadora de diputados del Parlamento de la X Legislatura fuimos capaces de ponernos de acuerdo para hacer bien nuestro trabajo y superando las diferencias y la coyuntura para afrontar – yo diría que con buena nota- un momento excepcional, pues en los más de dos siglos de historia constitucional de España no había sido frecuente asistir con normalidad al relevo de la Jefatura del Estado.

Aquellos debates forman ya parte de los mejores momentos de nuestra historia, esos en los que el compromiso por la normalidad y estabilidad institucional se impusieron, con muchos largos de diferencia, a la ideología partidista y al revanchismo político, tan en boga en estos momentos. En palabras de Ortega y Gasset, aquella Cámara supo estar a la altura de los tiempos.

 Claro que también entonces hubo quien intentó transformar el debate en una discusión sobre la forma del Estado; e incluso hubo algún diputado que planteó el debate con los parámetros históricos del siglo XIX, como si la forma del Estado fuera lo determinante para lograr una democracia de calidad. Todos ellos recibieron una respuesta de pedagogía democrática de primer nivel:

Lo verdaderamente importante es la ciudadanía democrática y no la forma institucional del régimen que la garantiza. Y una inmensa mayoría de la Cámara recordó a los filibusteros que querían pervertir el fondo de la cuestión que la democracia real, sustantiva, material, no se puede entender al margen del funcionamiento reglado y normalizado de sus instituciones; y que no hay democracia fuera del Estado de Derecho y no hay Estado de Derecho sin el respeto a las normas jurídicas.

 Como digo, aquel debate sirvió para hacer pedagogía democrática de la buena, no sólo para aprobar la ley orgánica que permitiría a Felipe VI acceder a la Jefatura del Estado. Así que tuvimos la oportunidad de explicar a los pervertidores del lenguaje y del debate que un republicanismo basado en principios identitarios, etnicistas, teocráticos o totalitarios ( o sea, el ideario de los partidos que apoyan a Pedro Sánchez y la estrategia del PSOE de hoy) liquidaría los más esenciales principios democráticos y vulneraría el Artículo 1 de nuestra Constitución:

España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.

La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado.
La forma política del Estado español es la Monarquía Parlamentaria.

Continuando con la pedagogía señalamos que si se instaurara el republicanismo habría de hacerse preservando los valores democráticos, es decir, acabando con derechos y privilegios históricos, suprimiendo los reinos de taifas con poderes prepolíticos y preconstitucionales, estableciendo un laicismo inapelable, la unidad educativa igualitaria del país, etc.

O sea, que un republicanismo democrático conllevaría seguir garantizando lo establecido en el artículo primero de nuestra Constitución y que hoy garantiza la Monarquía Parlamentaria. Dicho de otra manera, un republicanismo democrático haría lo contrario de lo que practican en la España de hoy quienes en comandita con Pedro Sánchez y el PSOE, dirigen los destinos de nuestro país.

 E hicimos notar a quienes defienden la existencia de pueblos preconstitucionales y originarios -con su derecho a decidir grabado a fuego en los pañales- es curioso que no se den cuenta que eso es tan arcaico y reaccionario como creer en el derecho divino de los monarcas.

Pero bueno, teniendo en cuenta que el PSOE de hoy llama progresistas a los herederos de ETA y a los etnicistas que dieron un golpe desde Cataluña, es evidente que la cosa no ha hecho sino empeorar y que el destinatario de ese discurso ya no está en la periferia sino en la Moncloa.

 Al cumplirse diez años desde la llegada a la Jefatura del Estado de Felipe VI quiero recordar dos párrafos del discurso que pronunció el día 3 de Octubre de 2017 tras el envite golpista protagonizado por las autoridades y los poderes públicos de Cataluña:

«Sé muy bien que en Cataluña también hay mucha preocupación y gran inquietud con la conducta de las autoridades autonómicas. A quienes así lo sienten, les digo que no están solos, ni lo estarán; que tienen todo el apoyo y la solidaridad del resto de los españoles, y la garantía absoluta de nuestro Estado de derecho».

«Vivimos en un Estado democrático que ofrece las vías constitucionales para que cualquier persona pueda defender sus ideas dentro del respeto a la ley. Porque, como todos sabemos, sin ese respeto no hay convivencia democrática posible en paz y libertad, ni en Cataluña, ni en el resto de España, ni en ningún lugar del mundo».

 Si todo el discurso estuvo a la altura de lo que el país necesitaba, estos dos párrafos recogen lo más sustancial del mismo. Si en el segundo párrafo se dirige a aquellos que han infringido la ley para advertirles que sin acatamiento a ley no hay democracia, ni paz, ni convivencia… «ni en Cataluña, ni en el resto de España ni en ningún lugar del mundo», es el primero de ellos el que resultaba más necesario.

El Rey se dirigió a los catalanes demócratas para asegurarles que nunca estarán solos frente a esas autoridades autonómicas que les someten y marginan como si fueran ciudadanos de segunda. Y les dio garantía absoluta de la protección de nuestro Estado de derecho.

 Felipe VI ha sabido comprender que desde la Jefatura del Estado le correspondía ser garante no sólo de la unidad de la nación española sino de que la Nación sea ejemplo de una democracia de calidad en la que se garantiza el imperio de la ley, la prensa libre, la independencia de la justicia, la separación de poderes, la justicia social y la libertad e igualdad de todos los ciudadanos.

En estos tiempos turbulentos, con un presidente del Gobierno que llama «propuestas» a sus amenazas al Estado de derecho, «progresistas» a los enemigos jurados y mortales de la democracia y que vende por siete votos la libertad y la igualdad de los españoles, bueno es recordar que siguen vigentes esas palabras y ese compromiso de nuestro Jefe del Estado. Son palabra de Rey. ¡Larga vida al Rey!

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