Santiago Abascal, no ha querido dejar pasar la ocasión de responder a la propuesta del fiscal de delitos de odio Miguel Ángel Aguilar de prohibir el acceso a las redes sociales o internet a quienes hayan difundido mensajes racistas, xenófobos o, en general, que promuevan la discriminación hacia un colectivo. PSOE y PP han secundado esta iniciativa.

Abascal ha sido especialmente crítico con el Partido Popular al asegurar que «el sentido común del PP es lo que diga el PSOE».

El portavoz del PPP en el Senado, Antonio Silván, ha defendido que atajar comportamientos que esterilizan «un odio o un rechazo a través de cualquier medio» es una cuestión del «sentido común» de «todas las personas de bien».

Por ello, Abascal ha asegurado en un mensaje en redes que el «sentido común del PP» es «acabar con la libertad de expresión persiguiendo en redes sociales a quienes denuncian sus políticas suicidas de puertas abiertas».

«Regularizaciones masivas de ilegales y reparto de inseguridad y crimen; la entrega del Tribunal Constitucional, el CGPJ, el Tribunal de Cuentas y RTVE al PSOE; reformar la Constitución para discriminar a varones discapacitados; la coalición PP-PSOE en Bruselas, arruinando el campo y la industria; negociar con Puigdemont y el PNV; Ayudar a tapar la corrupción del PSOE; criminalizar a Vox; Copiar toda la agenda política de la izquierda y el separatismo…», añade en su mensaje.

Tras ello, ha insistido en que «el sentido común del PP es lo que diga el PSOE», junto a una foto en la que se observa una caja con el color corporativo del PP abierta y dentro una camiseta roja doblada que pone PSOE.

Redes sociales
El Gobierno se ha lanzado a abrir el debate sobre el uso de las redes sociales tras el crimen del pequeño Mateo en Mocejón (Toledo). Y en ese debate ya se incluye la idea de que es necesario actuar ante unas «redes sociales sin controlar» y para preservar el «acceso a la información veraz». Así lo han venido expresando en las últimas horas distintos dirigentes socialistas.

La delegada del Gobierno en Castilla- La Mancha, Milagros Tolón, ha valorado que la Fiscalía «haya dado el primer paso», al anunciar que investiga varios mensajes difundidos estos días para analizar su «trascendencia jurídico penal».

En esos mensajes, señala el Ministerio Público, «se criminaliza de forma generalizada a personas extranjeras», por lo que «contribuirían a despertar, de forma deliberada, entre la población sentimientos de odio, hostilidad y discriminación contra los mismos». «La sociedad no puede continuar con estas redes sociales sin controlar», ha expresado la delegada del Gobierno.

Por su parte, la ministra de Vivienda y Agenda Urbana del Gobierno de España, Isabel Rodríguez, ha ido aún más allá. Rodríguez ha criticado lo que considera «campañas de desinformación» que, según ella, evidencian que desde el Gobierno «se deben perseguir» unas acciones que «sólo generan odio» y con el objetivo claro de preservar unos pilares fundamentales como la «verdad y el derecho a la información veraz».

«Hay quienes han utilizado estas desgracias de manera torticera para crear odio, para generar xenofobia y racismo», ha criticado la ministra.

Prohibir el acceso a las redes
El Fiscal contra los Delitos de Odio, mientras, ha planteado prohibir el acceso a redes sociales a quienes cometan delitos de odio «en los casos más graves» y que los usuarios estén «debidamente identificados».

Miguel Ángel Aguilar ha apostado por introducir mejoras legales para que por parte del Ministerio Público y los tribunales «se pueda interesar la prohibición de acudir a entornos digitales».

«Con las herramientas que tenemos ahora podemos trabajar, pero indudablemente que algunos perfeccionamientos técnicos sí que precisaremos», ha afirmado, preguntado por una posible reforma del Código Penal para regular este tema.

Así, ha considerado que «sería una pena proporcionada y necesaria» cerrar el acceso a «aquellas personas que se han servido de utilizar Internet o redes sociales para la comisión de un delito», «en los casos más graves y teniendo en cuenta las circunstancias del caso concreto».

Igualmente, el fiscal ha apostado por analizar que los usuarios de redes sociales «estén debidamente identificados»: «Y que, sobre todo, cuando la requiera la autoridad judicial, se facilite la identidad de las mismas».

«Porque yo si cojo un coche o una moto estoy plenamente identificado, quiero decir. Entonces, yo creo que sería interesante porque muchas veces nos encontramos con la dificultad de que la investigación no puede prosperar porque desconocemos quién es el autor», ha indicado.

Los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad están recopilando datos y analizando mensajes difundidos en redes sobre el caso del niño asesinado. Una vez estén elaborados los informes policiales y sean remitidos a la Fiscalía o a juzgados de instrucción, ahí será cuando se hará la valoración jurídico-penal.

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