La Comunidad de Madrid ofrece casi 24 millones de euros para la gestión de los menas en el nuevo centro de Fuenlabrada
Respecto al personal, han propuesto contratar a 16 profesionales entre los que se encuentran médicos, directores, coordinadores, psicólogos y otros especialistas
La Comunidad de Madrid, gobernada por el Partido Popular, ha ofrecido un contrato a través de portal de la contratación pública de un total de 23.682.148,82 euros para la gestión del centro de menas que pretende abrir próximamente en la Cantueña (Fuenlabrada) y que contará con 96 plazas.
Entre los servicios que prestarán a los inmigrantes ilegales que allí acudan —mayores de 11 años pero menores de 18—, estará incluida su educación, alimentación (cinco comidas al día respetando sus preceptos religiosos), el cuidado personal, el alojamiento adecuado (limpieza diaria de habitaciones, aseos y zonas comunes), ropa y calzado, lavado, planchazo y repasado de las prendas, suministro de cama y mesa, gestión de su traslado a centros sanitarios —con sus gastos derivados—, actividades lúdicas y de ocio y un mantenimiento constante de las instalaciones que ofrezca aire acondicionado en verano y calefacción en invierno.
Respecto al personal, han propuesto contratar a 16 profesionales entre los que se encuentran médicos, directores, coordinadores, psicólogos y otros especialistas. En el sueldo de todos ellos, el gasto ascenderá a casi medio millón en lo que queda de 2024 (460.581,53 euros) y superará los dos millones y medio en 2025 (2.805.099,28 euros).
Los gastos del inmueble, entre los que se incluye la electricidad, los seguros de la vivienda o la seguridad, superan los dos millones de euros, mientras que el desembolso en el cuidado de los menas estará en torno a los 3.582.971,02 euros.
Se trata de un centro que ha generado una gran polémica por el rechazo del PSOE de Fuenlabrada de instalarlo en ese lugar. Javier Ayala, alcalde socialista, aseguró que ese espacio se iba a convertir en «un contenedor de menores que no responde al modelo que defiende el Ayuntamiento», y avisó de que «agotará las vías legales para tratar de frenar su puesta en marcha».
Sin embargo, la Justicia ha fallado a favor de Isabel Díaz Ayuso destacando que el interés general de la Comunidad prima en este caso, frente al del municipio, por el «contexto de presión migratoria en alza y de recursos desbordados«.
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