Una familia monoparental con una hija que presenta una discapacidad del 70% se ha visto obligada a abandonar su vivienda en Castellón tras una larga lucha contra Adif.

Nuria Viciano, quien vivía en la casa junto a sus dos hijos menores, se ha trasladado a un nuevo piso proporcionado por el ayuntamiento de la cuidad. Eso sí, no ha ocultado su descontento con el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) por no haber recibido el justiprecio antes de que se efectuara la ocupación de su propiedad.

Adif, responsable de las obras de la conexión ferroviaria al puerto de Castellón, impulsó un proceso de expropiación forzosa sobre la villa donde Nuria llevaba viviendo 20 años.

La vivienda estaba ubicada justo en el área donde comenzaba el proyecto ferroviario y, aunque la propuesta de desalojo surgió en febrero, Nuria se negó a abandonar la casa voluntariamente porque no encontró una alternativa y no llegó a un acuerdo por el pago de la expropiación.

 Durante ese tiempo, el Ayuntamiento de Castellón le ofreció varias alternativas, pero Nuria las rechazó al considerar que no cumplían con las necesidades de su familia, ya que su hijo tiene una discapacidad del 70%. La situación se intensificó el lunes pasado cuando recibió una orden de desalojo forzoso con mandato judicial, aunque el juzgado le concedió dos días adicionales para facilitar la mudanza.

Fue entonces cuando se cerró el acuerdo para la cesión de una vivienda municipal con tres habitaciones, donde Nuria podrá residir durante un año mientras se resuelve el pago de la expropiación y busca un nuevo hogar.

Antes de abandonar su antigua casa, Nuria pintó un mensaje en uno de los muros exigiendo a Adif el pago del justiprecio, pero esta parte de la propiedad fue posteriormente derribada. Adif ha defendido su actuación afirmando que siguió el procedimiento legal correspondiente a una expropiación forzosa, y que había propuesto un justiprecio que la afectada rechazó (200.000 euros frente a los 400.000 que solicitaba ella).

Además, aseguran haber abonado casi 6.000 euros para cubrir los gastos de la mudanza. Sin embargo, Nuria y su abogado sostienen que la oferta de expropiación no se formalizó por escrito, sino verbalmente.

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