Iustitia Europa solicita la imputación de José Luis Ábalos en el Caso Koldo
La entidad considera que existen "indicios racionales y suficientes de la comisión de los supuestos delitos de prevaricación, organización criminal, malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales y fraude administrativo".
La formación presidida por el abogado Luis María Pardo, también personada en el caso que investiga a la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, argumenta que del informe de la auditoría se desprenden indicios que señalan "cómo se pudieron aprovechar de la normativa de emergencia durante el COVID-19".
Exponen, a su vez, que se desconoce "el destino de millones de mascarillas", que no constan actas ni comprobantes de entrega de las mismas. Así, justifican que hay pruebas que abalan cómo Ábalos "abusó de las funciones de su cargo y actuó de forma desleal sobre el patrimonio administrado".
En el 'caso Koldo', el juez Ismael Moreno investiga una presunta trama que habría pagado comisiones para conseguir adjudicaciones para la venta de mascarillas en la pandemia de coronavirus. Concretamente, indaga en ocho contratos adjudicados por casi 52 millones de euros por distintos entes de la Administración Pública, entre ellos Puertos del Estado y Adif, dependientes del Ministerio de Transportes.
La auditoría, ordenada por el actual titular del Departamento, Óscar Puente, señala graves deficiencias en la adjudicación de contratos para comprar mascarillas en plena pandemia, bajo el mandato de Ábalos, y ha supuesto la destitución de dos altos cargos de aquella etapa.
Incluso, expone cómo el exministro aumentó la cifra de mascarillas de cuatro a ocho millones de unidades en apenas 40 minutos, contradiciendo así la estimación entregada un día antes por técnicos, que establecía una cifra de cuatro millones de unidades.
Después de la publicación del informe, el exministro socialista dio a entender que podría dejar de votar junto al PSOE en el Congreso para decidir "en conciencia" su voto en los plenos e incluso, que pensaría qué hacer respecto a las reformas legales que llevará aparejada la financiación singular para Cataluña pactada por el PSOE con ERC.
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