El fiscal general, Álvaro García Ortiz, ha hecho un llamamiento a reflexionar sobre el ejercicio de la acción popular al considerar que puede llegar a usarse con "fines espurios", al tiempo que ha señalado que el juez instructor "no puede extender sus competencias" al "control absoluto" de la actividad pública y privada.

"Es necesario hacer una reflexión sobre el ejercicio de la acción popular", ha dicho García Ortiz en el discurso que ha pronunciado en el Salón de Plenos del Tribunal Supremo (TS) con motivo de la apertura del año judicial que se celebra este jueves bajo la presidencia del Rey Felipe VI.

Aunque no lo ha mencionado expresamente, ha hecho estas declaraciones en el contexto del 'caso Begoña Gómez', iniciado a raíz de una denuncia de Manos Limpias en ejercicio de la acción popular.

El jefe del Ministerio Público ha indicado que "la utilización en la justicia penal de una figura que, pese a su previsión constitucional, permite el acceso directo a los órganos judiciales de investigación sin filtro alguno, aumenta el riesgo de investigaciones prospectivas y pervierte el esquema natural y lógico en el que solo deberían llegar ante los tribunales de justicia, al proceso, en definitiva, aquellas investigaciones en las que concurran poderosos indicios de responsabilidad criminal".

Para García Ortiz, "hemos llegado a un punto de difícil gestión" porque "el ejercicio de la acción penal se ha universalizado", "cualquier ciudadano puede ejercer la acción popular", de modo que "cualquier interés ajeno al fin mismo del proceso tiene acceso a él".

"Un interés que no tiene por qué ser ilegítimo, pero que mal utilizado puede llegar a serlo. Un interés particular, un derecho irrenunciable en el caso de las víctimas de los delitos, pero indudablemente perturbador en otros casos. Cuando se pretenden utilidades privadas, políticas, religiosas, corporativas, económicas, mediáticas o, incluso, meramente procesales. Todos ellos se alejan, como decimos, de los fines de la investigación criminal", ha sostenido.

Además, ha alertado de que "un sistema que permite, por otra parte, el acceso directo a 50 millones de ciudadanos ante el Tribunal Supremo no es un sistema sostenible, ni eficiente, ni parangonable en el entorno europeo", debido al "riesgo de colapso del propio tribunal y del resto de tribunales".

En este sentido, ha advertido de que "la mejor manera de desviar los recursos, humanos y materiales de los fines para los que están diseñados es inundarlos de papel", dado que "no solo repercute en la calidad de la justicia, en sus prioridades", sino que "también contribuye a fomentar la utilización del proceso y de los tribunales con fines espurios".

En concreto, se ha detenido en "la figura del juez de instrucción", para afirmar que, si bien fue "concebida en su momento como un necesario y poderoso instrumento de investigación", "no puede extender sus competencias al conocimiento pleno y al control absoluto del sometimiento de toda la actividad pública y privada al ordenamiento jurídico".

El fiscal general ha argumentado que "la jurisdicción penal tiene y debe tener su espacio", pero a renglón seguido ha apuntado que "la existencia y la razón de ser del resto de órdenes jurisdiccionales es lo que culmina la aplicación de la ley y la justicia en el imperio del Estado de Derecho".

Por ello, ha defendido que "es preciso un cambio de modelo que permita invertir el esquema que vemos reproducido a diario y en todas las instancias, aquel en el que los juzgados y tribunales del orden jurisdiccional penal son el primer y único filtro de averiguación de los hechos, incluso aquellos que dudosamente presentan caracteres de delito", puesto que --a su juicio-- "puede pervertir la finalidad del procedimiento y la propia idea de Justicia".

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