El Gobierno español, según fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores, «no tiene nada que ver con cualquier documento o negociación» entre Edmundo González y el Ejecutivo de Venezuela y, de hecho, el ministro José Manuel Albares «dio instrucciones directas al embajador de no inmiscuirse en las gestiones que pudiera realizar el líder opositor».

 Según sus explicaciones, cuando el líder opositor Edmundo González solicitó ser acogido en la residencia del embajador español en Caracas «tuvo la garantía de que podía verse o realizar las gestiones que decidiera hacer en relación a su situación».

Unas explicaciones que el Ministerio español de Exteriores ha dado después de que el líder opositor asegurara este miércoles que firmó un documento, antes de salir de Venezuela, presentado por representantes del Gobierno de Nicolás Maduro bajo la amenaza de que si no lo hacía tendría que «atenerse a las consecuencias», una «coacción» que en su opinión anula el texto.

Edmundo González contó que mientras estaba resguardado en la residencia del embajador español en Caracas se le presentó un documento que tenía que firmar para conseguir el salvoconducto que le permitiría salir de Venezuela rumbo al exilio.

El dirigente opositor venezolano llegó a España el pasado 8 de septiembre para pedir asilo político tras denunciar fraude en las elecciones celebradas en julio en su país.

El relato de Edmundo González ha provocado una nueva tormenta política en España sobre la situación en Venezuela.

La oposición conservadora ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de ser «cómplice» en el «golpe de Estado que se ha producido en Venezuela» en palabras del dirigente del Partido Popular Esteban González Pons, mientras desde las filas socialistas piden su dimisión por una declaración que consideran «intolerable».

La tensión entre Madrid y Caracas se ha agravado en las últimas semanas, después de que el Congreso y el Senado españoles instaran al Ejecutivo a reconocer a Edmundo González como presidente electo de Venezuela, una medida que no tiene trascendencia legal pero que supone un espaldarazo para el aspirante presidencial opositor.

En respuesta, el Parlamento venezolano instará este jueves a Nicolás Maduro a «evaluar» la ruptura de las relaciones diplomáticas y comerciales con España.

Además, Venezuela mantiene detenidos a dos españoles a los que acusa de participar en un supuesto plan contra el Gobierno de Maduro junto a otros cuatro estadounidenses y un ciudadano checo.

El ministro español de Exteriores, José Manuel Albares, ha insistido en pedir a su homólogo venezolano, Yván Gil, que, «como marca la Convención de Viena», confirme la identidad de los dos detenidos, informe de dónde se encuentran ahora y explique bajo qué cargos han sido detenidos.

España, en línea con la estrategia de la Unión Europea, ha exigido a Maduro que presente las actas de los comicios antes de reconocer el triunfo que le atribuyen organismos electorales oficialistas venezolanos.

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