El enfrentamiento entre Bruselas y Hungría en materia migratoria ha continuado escalando en las últimas semanas.

Mientras la Unión Europea (UE) amenaza con más sanciones al Ejecutivo de Viktor Orbán, desde Hungría, el secretario de Estado del Ministerio del Interior, Bence Rétvári, lanzó a principios de septiembre una advertencia a la UE y aseguró que si Europa obliga al país a admitir inmigrantes ilegales, Hungría les ofrecerá transporte gratuito a Bruselas.

El propio Orbán ha insistido ahora en esta posibilidad si la Comisión Europea insiste en recaudar cientos de millones de euros en multas a su nación. «Si Bruselas persiste en su decisión de castigarnos, conseguirá lo que quiere: llevaremos a los inmigrantes que están llamando a las puertas de Hungría a la plaza principal de Bruselas«, aseguró el primer ministro en su discurso parlamentario del 30 de septiembre.

Es la primera vez que Orbán repite la advertencia que hasta ahora sólo había sido hecha de forma exclusiva por varios de los funcionarios de su gobierno.

La idea en sí es similar a la de algunos legisladores republicanos estadounidenses, recuerda The European Conservative, iniciada por el gobernador de Florida, Ron DeSantis, quien envió a una cincuentena de inmigrantes venezolanos a Martha’s Vineyar, Massachusetts, para llamar la atención sobre las «políticas de asilo fallidas» de la administración Biden.

La disputa actual comenzó en junio, cuando el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictaminó que la ley húngara que obliga a los solicitantes de asilo a registrar sus solicitudes mientras se encuentran fuera del país y deporta a quienes entran ilegalmente viola las normas de la UE.

El TJUE impuso a Budapest una multa de 200 millones de euros, más un millón de euros por cada día que no se implementen las reformas. Hasta ahora, esta multa ha acumulado más de 100 millones de euros adicionales, además de la multa inicial de 200 millones de euros.

La semana pasada, Hungría manifestó su disposición a implementar el fallo del TJUE, pero dejó en claro que no pagará multas sin precedentes, argumentando que era injusto castigar a un estado miembro solo por cumplir con su deber, como se especifica en los tratados de la UE, de proteger las fronteras externas del bloque. 

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