Ayuso da 3 meses a Mónica García para que abandone su chalet en situación ilegal
La ministra de Sanidad es titular de una tercera parte de esta vivienda, heredada de sus padres, en una finca de más de 2.000 metros cuadrados y que está situada en una de las zonas más exclusivas de la Comunidad.
El expediente de caducidad elaborado por la Comunidad de Madrid para que la ministra de Sanidad, Mónica García, abandone su chalet construido en terreno irregular en Camorritos (Cercedilla), ha sido ya notificado al Ayuntamiento de Cercedilla y a los afectados.
Esto significa que, a partir de ahora, los vecinos tendrán un plazo de tres meses para entregar sus inmuebles y todos los bienes deberán quedar libres de cargas. Así lo indica el informe elaborado por el Gobierno regional liderado por Isabel Díaz Ayuso.
Los terrenos en los que se erige el chalet de Mónica García, en la colonia de Camorritos del pueblo madrileño de Cercedilla, son una concesión pública que data de principios del siglo XX y que lleva caducada cinco años. Durante este tiempo, los vecinos incluso han quedado exentos de pagar el IBI (Impuesto de Bienes Inmuebles).
La ministra de Sanidad es titular de una tercera parte de esta vivienda, heredada de sus padres, en una finca de más de 2.000 metros cuadrados y que está situada en una de las zonas más exclusivas de la Comunidad.
El informe de la Comunidad de Madrid expresa lo siguiente: «Se acuerda mantener la totalidad de los bienes, obras, infraestructuras construidas, e instalaciones fijas existentes sobre el monte, debiendo quedar a beneficio de cada monte y de los ayuntamientos propietarios, gratuitamente y libres de cargas y gravámenes sin que el concesionario u ocupante tenga derecho a indemnización alguna.
Ello implica que, necesariamente, se proceda a la entrega de los terrenos ocupados y bienes inmuebles construidos sobre los mismos».
A estos efectos, continúa el escrito, «los bienes inmuebles deben estar libres de cargas y servidumbres por lo que, en caso de estar afectados a una carga hipotecaria, fiscal, embargo u otra carga real como usufructos, deberán previamente quedar cancelados en un plazo de tres meses desde la presente notificación».
El informe emitido por la Comunidad de Madrid.
Cumplido el plazo anterior, la Comunidad de Madrid citará de oficio a los interesados, tanto a Mónica García como el resto de afectados, concretando la fecha, lugar y hora para proceder a la recepción y entrega de los bienes y para la firma de las actas de entrega.
El incumplimiento de la entrega de los bienes y terrenos ocupados dejará expedito el inicio de un procedimiento de recuperación posesoria por los medios previstos en los artículos 55 al 60 de la Ley 33/2003 del Patrimonio de las Administraciones Públicas.
La ministra de Sanidad y el resto de vecinos podrán interponer un recurso en el plazo de un mes ante la Consejería de Medio ambiente o dos meses ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Si después de dichos plazos no hay recurso, la resolución de caducidad de los terrenos será firme a todos los efectos.
El Ayuntamiento de la localidad, gobernando por Grupo Independiente de Cercedilla y el PSOE, deberán ahora notificar a los cientos de vecinos afectados de Camorritos y el Puerto de Navacerrada la obligación de dejar las llaves en un plazo de 3 meses, pero los concejales de la oposición (PP y Vox), saben que el Consistorio no tiene la capacidad para recepcionar inmuebles, porque no tienen un protocolo para ello.
Estos mismos partidos temen además que si el Ayuntamiento se limita sólo a recoger las llaves y guardarlas en un cajón, «en unas semanas tendremos en Cercedilla la mayor colonia de okupas de la historia con más de 500 casas de lujo okupadas», denuncian.
Además, la Asociación de vecinos afectados de Camorritos ya anunciaron que «pelearán» por mantener sus casas y que recurrirán este expediente hasta llegar a los juicios que sean necesarios, por lo que Mónica García
La oposición en Cercedilla cree que el Ayuntamiento no podrá asumir económicamente las costas de estos juicios en caso de perderlos y lamentan que, a día de hoy, todavía no hayan contratado a un bufete de abogados con la transparencia que, tal y como denunciaron, llevan exigiendo en cada pleno.
«Llevamos mucho tiempo pidiendo el borrador del pliego para contratar al equipo jurídico que defienda al Ayuntamiento», critica la oposición. «Tenemos mucha incertidumbre porque se avecina un periplo judicial de magnitudes desconocidas. Esto puede suponer la ruina para el Ayuntamiento de Cercedilla», añaden.
Este jueves habrá pleno en el Ayuntamiento de Cercedilla y todo hace pensar que este asunto que afecta a Mónica García y al resto de vecinos afectados será uno de los que se traten para ver el recorrido que sigue.
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