Zaplana, condenado a 10 años de cárcel por corrupción

La sección cuarta de la Audiencia de València ha condenado a diez años y cinco meses de cárcel al expresidente de la Generalitat Valenciana, Eduardo Zaplana, del presunto cobro de mordidas tras la adjudicación de los contratos de las Inspecciones técnicas de vehículos (ITV), privatizadas por él y rescatadas por el Botànic, y del Plan Eólico, según el fallo que acaba de ser comunicado.

La sentencia, que se da a conocer cinco meses después de finalizar el juicio, condena al exjefe de gabinete de Zaplana, Juan Francisco García; a su amigo de juventud y testaferro confeso, Joaquín Barceló "Pachano"; y a los empresarios Vicente y José Cotino Escrivá, tras la confesión de los hechos de los cuatro acusados ante la Fiscalía Anticorrupción durante el juicio.

Vicente y José Cotino son hermanos y sobrinos del expresidente de las Corts, Juan Cotino, al que también se llegó investigar en esta causa, pero que falleció el 15 de abril de 2020, mientras estaba siendo juzgado por las mordidas que la trama Gürtel cobró del contrato para retransmitir la visita del Papa con la extinta Canal 9.

 El fallo absuelve finalmente a la secretaria y fiel escudera de Zaplana, Mitsouko Henríquez, y al expresidente de la Generalitat, José Luis Olivas, que también fueron juzgados junto a Zaplana desde febrero hasta el pasado mes de mayo.

El fin de una era
La sentencia pone fin a una etapa de la política valenciana en la que el zaplanismo lo inundó todo. Veintidós años después de que su líder marchara a Madrid, una casualidad en el caso Taula, permitió sentar al zaplanismo durante dos meses en el banquillo de los acusados de la Ciudad de la Justicia de València.

Del 21 de marzo al 23 de mayo la sección cuarta de la Audiencia de València analizó bajo la lupa judicial dos contratos, la privatización de las ITV y la adjudicación del Plan eólico, adjudicados o iniciados con la Generalitat de Eduardo Zaplana. Una nimiedad si se compara con el total de contratos adjudicados por el Consell desde 1995 hasta 2002, cuando el zaplanismo migró a Madrid para que Eduardo Zaplana ejerciera de ministro de Trabajo.

Aunque supuso todo un símbolo juzgar a una corriente en el PPCV, el zaplanismo, que inició la política de grandes eventos, privatizaciones y un régimen de veinte años del Partido Popular en la Generalitat.

García Gómez, Pachano y los Cotino confesaron en el juicio haber amañado «de forma fina» los contratos, haber pagado por ello a través de sociedades interpuestas creadas en Luxemburgo y haber realizado gestiones para que ese dinero retornara a través de cuentas en Andorra, Panamá, Suiza u Holanda para realizar inversiones inmobiliarias en Madrid y la Marina, sin que Eduardo Zaplana aparezca en ningún papel.

Las palabras de Zaplana
Un detalle importante al que se acogió el expresidente de la Generalitat para negar los hechos por los que fue juzgado. «No he cometido ninguna ilegalidad al frente de la Generalitat y no he tenido nunca dinero en el exterior», defendió el expresidente de la Generalitat al ejercer su derecho a la última palabra.

 De hecho, Zaplana aseguró desconocer detalles de las empresas a nombre de Pachano, su «amigo de la infancia», dos de ellas creadas en colaboración con el asesor fiscal Francisco Grau, presunto cerebro financiero de la trama y «de todo el tinglado», en palabras de Joaquín Barceló «Pachano».

Zaplana se enfrentaba a diecisiete años de cárcel (dos menos tras retirarle el Fiscal Anticorrupción la acusación de falsedad en documento público); su sucesor José Luis Olivas, la Fiscalía Anticorrupción le rebajó de 6 a dos años la acusación sólo por cohecho (y desistió de la prevaricación), además de retirar la acusación contra la exdiputada del PP, Elvira Suanzes, y los empresarios Pedro Romero y Ángel Salas.

Para los cuatro acusados que confesaron los hechos, Joaquín Barceló, Juan Francisco García y los hermanos Vicente y José Cotino, solicitaba finalmente un año y ocho meses de cárcel y multas de 11 millones, como así ha recogido la sección cuarta de la Audiencia de València en la sentencia hecha pública hoy.

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