Cinco días antes del mensaje de Koldo García a Francina Armengol, en el que agradecía haberle facilitado el contacto de la consejera de Salud, el Gobierno balear emitió un certificado en el que calificaba a Soluciones de Gestión como una empresa fiable para el sector público.

Este aval fue firmado el 12 de agosto de 2020, a pesar de que dos meses antes el Centro Nacional de Medios de Protección (CNMP) ya había advertido al Ejecutivo balear de que las mascarillas compradas a esa empresa no cumplían con los requisitos técnicos de FFP2.

En otras palabras, el Gobierno de Baleares estaba al tanto de que la empresa vinculada a Koldo García no había cumplido con el contrato, ya que entregó mascarillas que no reunían las especificaciones adecuadas.

A pesar de ello, la entonces presidenta Armengol proporcionó el teléfono de la consejera de Salud para discutir un nuevo proveedor de pruebas PCR, Eurofins Megalab.

Este gesto reflejaba la confianza de Armengol en Koldo, quien era considerado la mano derecha del exministro de Transportes, José Luis Ábalos. No obstante, durante las comisiones de investigación en el Congreso y el Senado, Armengol intentó distanciarse de él. «Es cierto que vino algunas veces acompañando al señor Ábalos en actos en Baleares y en algunas ocasiones tuve contacto con él, pero no recuerdo haber hablado de este tema«, declaró.

La secuencia de los hechos comenzó en la primavera de 2020, cuando Koldo García contactó a Manuel Palomino, exdirector del Ib-Salut, para recomendarle la contratación de Soluciones de Gestión. El 4 de mayo, el entonces director del Servicio Balear de Salud, Juli Fuster, aprobó la compra de 1,4 millones de mascarillas FFP2 a la empresa por un valor de 3,7 millones de euros, destinadas al personal sanitario.

El contrato se hizo mediante un procedimiento de emergencia para adquirir equipos de protección necesarios tanto para los profesionales de la salud como para entidades privadas y sociales que no podían operar sin este material.

 Sin embargo, después de que el CNMP certificara que las mascarillas no cumplían con los estándares requeridos para ser FFP2, fueron confiscadas y almacenadas sin llegar a ser utilizadas por los sanitarios.

Según la versión de Armengol, estas mascarillas se mantuvieron en stock como medida de seguridad para la población general. Pese a este incumplimiento evidente por parte de la empresa relacionada con Koldo, el Gobierno balear emitió en agosto un certificado positivo, en el que afirmaba que Soluciones de Gestión había realizado sus entregas sin incidentes.

«Ha suministrado de manera satisfactoria sin registrar ninguna incidencia hasta la fecha», indicaba el documento firmado por Antoni Mascaró Crespí, subdirector de la Central de Compras y Logística.

El 17 de agosto, pocos días después de la firma del certificado, Koldo García contactó con Armengol y le propuso contratar a Eurofins Megalab para la realización de pruebas PCR. Tras esta conversación, el Servicio de Salud de Baleares adjudicó al menos dos contratos directos por un total de 1,1 millones de euros a esta empresa, como detalla un informe de la UCO.

No obstante, fuentes cercanas a Armengol aseguran que no se contrataron las pruebas PCR ofrecidas por Koldo, sino otros servicios de la compañía, alegando que se trataba de una multinacional.

«Lo que ofrecieron no fue contratado, lo que demuestra que no había trama alguna y que se seguían las indicaciones de los técnicos, tanto para comprar mascarillas cuando eran necesarias como para no adquirir esas PCR debido a su alto costo».

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