El juez del 'caso Koldo' interroga este lunes a un cargo de Transportes y al ex secretario general de Correos

En un auto, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 2 acordó estas dos testificales y la del propietario y presidente de Raminatrans, Rafael Milla, a petición de la acusación popular Liberum

Ábalos-Koldo

El juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso Ábalos-Koldo, Ismael Moreno, tomará declaración este lunes como testigos al jefe de Presupuestos del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, Jorge Meana y al que fuera secretario general y del Consejo de Correos Julio González García.

 En un auto, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 2 acordó estas dos testificales y la del propietario y presidente de Raminatrans, Rafael Milla, a petición de la acusación popular Liberum, que consideró pertinente arrojar luz sobre la falta de justificación en la recepción de las mascarillas que son objeto de los contratos de suministro otorgados por Puertos del Estado y Adif a Soluciones de Gestión SL. Raminatrans fue la empresa contratada para la distribución del citado material sanitario.

Estas tres testificales completarán la ronda de declaraciones que llevó al magistrado a interrogar la pasada semana al director general de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad, José Antonio Rodríguez González, alias Lenin, y a las autoras del informe de auditoría del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible relativo a los expedientes objeto de investigación.

En este procedimiento que se instruye en el Juzgado Central de Instrucción Número 2 de la Audiencia Nacional están bajo la lupa ocho contratos adjudicados por distintos entes de la Administración Pública con un importe global de 51.998.434 euros.

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El juez investiga a Koldo García –el que fuera asesor del exministro José Luis Ábalos– y otras personas por la presunta trama que habría pagado comisiones para conseguir adjudicaciones para la venta de mascarillas en la pandemia.

La Fiscalía Anticorrupción les atribuye presuntos delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho, delitos contra la Hacienda Pública y tráfico de influencias.

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