La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil tiene en su poder el historial completo de la conversación a través de una aplicación de mensajería instantánea entre Pedro Sánchez y el que fuera ministro de transportes, José Luis Ábalos.

Se trata de un chat extenso en el que se habla sobre cuestiones de partido y asuntos de Estado que el presidente debía consultar con el que, durante años, fue secretario de organización del PSOE.

El historial guarda conversaciones desde 2017, antes de que Pedro Sánchez asumiera la presidencia del Gobierno. El dispositivo fue incautado por los agentes de la UCO durante los registros en los domicilios de los investigados realizados el pasado mes de febrero. Serán los investigadores y el juez quienes decidan si debe expurgar este contenido o no.

Los agentes de la UCO llevan meses trabajando incesantemente en analizar el contenido de más de un centenar de dispositivos móviles que incautaron a los investigados en el caso Koldo. Fuentes del Instituto Armado precisan que los mandos de la unidad investigadora de la Guardia Civil han tenido que sacrificar días de vacaciones para ahondar en el contenido de estos dispositivos que contienen información muy sensible para el Gobierno de España.

Posiblemente, el material más comprometido es una memoria digital que encontraron en casa del que fuera asesor de Ábalos, Koldo García. Su ex colaborador custodiaba esta memoria con información sobre el ministro y alertó a los agentes de que no era material suyo y que pertenecía a Ábalos.

La UCO se llevó este dispositivo en el que se pueden encontrar fotografías familiares de Ábalos, así como dos informes sobre su gestión como ministro. También guardaba sus conversaciones con Pedro Sánchez en las que se mensajeaban sobre importantes asuntos del partido, ya que Ábalos era el hombre que movía los hilos dentro del PSOE. El ex ministro ocupaba los despachos de la quinta planta de Ferraz, siendo una figura esencial de la cúpula del partido.

Los agentes han tenido acceso a este material pese a que pertenecía a una persona que, por el momento, no está investigada en el procedimiento. Ábalos ha solicitado a la Audiencia Nacional la devolución de estos dispositivos electrónicos argumentando razones de privacidad.

El magistrado de la Audiencia Nacional no se ha pronunciado aún y ha elevado una exposición razonada al Tribunal Supremo para que se proceda a la imputación de Ábalos en su condición de aforado. Ahora será la Sala de lo Penal la que tenga que decidir si investiga al que fuera miembro del Consejo de Ministros de Sánchez.

El ex titular de Fomento ha dejado caer a su entorno que está tranquilo. «Según la UCO soy quien menos me he llevado, dicen que 77.000 euros [unos meses de un chalet en la costa y de un piso para su pareja], sería muy cutre si me corrompo por esa cantidad. No tengo dinero ni para pagar al abogado y nadie me da ni un euro», ha trasladado. Está convencido de poder probar su inocencia uno por uno los delitos que el Supremo le puede achacar.

Preocupación
En todo caso, el material preocupa sobremanera dentro de las filas socialistas. Si estos mensajes ven la luz, también se podrían extraer conclusiones sobre el proceder del líder del Ejecutivo durante su etapa en Moncloa. El contenido de estos dispositivos electrónicos no sólo preocupa en Ferraz. Los altos cargos de la Guardia Civil también tienen curiosidad sobre la investigación que se sigue dentro de la UCO sobre el caso Koldo.

Ejemplo de ello es el mensaje que, por error, mandó el actual director adjunto de la Guardia Civil (DAO), Manuel Llamas, a un grupo de WhatsApp interesándose sobre una noticia sobre el caso. «Buenos días, Alfonso. Échale una ojeada a esto y luego hablamos», escribió adjuntando el link de la noticia en la que se hablaba sobre el material personal del ex ministro. Posteriormente, el DAO eliminó el mensaje del grupo en el que casualmente también se encuentra Ábalos.

El alto cargo de la Benemérita con ese mensaje se arriesga a violar la obligación de reserva que tiene el cuerpo en funciones, como es el caso, de Policía Judicial, tal como ocurrió con el coronel Diego Pérez de los Cobos que fue cesado irregularmente por negarse a informar sobre una investigación abierta al Ejecutivo, en esa ocasión, por una manifestación del 8M gestionada por el delegado del Gobierno en Madrid José Manuel Franco.

El DAO en ese mensaje da a entender que quiere meter mano en el asunto y «hablar» de esas memorias USB controvertidas. Simplemente, examinar los USB sabiendo que no contienen información útil para la investigación sería sospechoso.

Fuentes de la Guardia Civil señalan a este periódico que está habiendo movimientos entre los generales del Instituto Armado. Existen voces que aseguran que incluso el DAO podría dar un paso atrás por «cuestiones personales» en los próximos meses. Llamas ya ha cumplido los 65 años, edad de retiro de los agentes de la Guardia Civil, aunque en su posición como director adjunto no tiene edad de jubilación estipulada.

Por el momento, no ha hecho movimientos concluyentes y ayer mismo, el miércoles 23 de octubre, se le pudo ver paseando por la Dirección General de la Guardia Civil junto a la directora Mercedes González.

La investigación sobre el caso Koldo también está desvelando que entre los imputados hay miembros del Instituto Armado, así como colabores e informadores que durante décadas ayudaron a la Guardia Civil. Uno de los más implicados es el comandante Rubén Villalba, que colaboró con la presunta organización criminal proporcionándoles dispositivos para asegurar sus comunicaciones.

También se interesó sobre las investigaciones que tenía en marcha la UCO sobre Víctor de Aldama, investigado en la Audiencia Nacional en dos procedimientos y encarcelado en prisión preventiva sin fianza por uno de ellos.

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