Mediante un decretazo el gobierno de Sánchez reducirá los plazos para acceder a permisos de residencia y trabajo

La población marroquí se ha consolidado como la más numerosa entre los extranjeros en España, alcanzando casi un millón de personas, según los últimos datos del INE.  

Pero a pesar de este número, el gobierno de Pedro Sánchez sigue adelante con políticas que facilitan la inmigración ilegal en el país, especialmente la de ciudadanos marroquíes. A través de reformas normativas y decretos, el Ejecutivo busca simplificar la regularización de miles de inmigrantes que actualmente residen en el país de forma ilegal.

Un decreto para acelerar la regularización de inmigrantes ilegales
En noviembre de este año, el gobierno pretende aprobar una reforma del reglamento de extranjería que acelerará los plazos para obtener permisos de residencia y trabajo. Esta modificación permitirá a miles de inmigrantes, en su mayoría marroquíes, regularizar su situación administrativa.

En concreto, beneficia a miles de solicitantes de asilo a los que les han denegado su petición en los últimos años, entre los que destacan los marroquís que entraron a nuestro país con un visado de estudiante y que, tras su caducidad, han permanecido de manera ilegal dentro de nuestras fronteras

Mediante este “decretazo”, el Ejecutivo de coalición socialista-comunista reducirá significativamente los plazos para obtener permisos de residencia y trabajo, al tiempo que aumentará la duración de las renovaciones.

La figura del «arraigo» como facilitador para la integración
La reforma incluye una ampliación de la figura de arraigo, que hasta ahora era una de las pocas vías para regularizar la situación de quienes se encuentran en el país de forma irregular. Entre las novedades destaca el “arraigo de segunda oportunidad”, destinado a personas que tuvieron una autorización de residencia en el pasado, pero no pudieron renovarla.

Este cambio beneficiará a un amplio grupo de inmigrantes de origen marroquí, que anteriormente contaron con permisos de estancia por estudios y que, al expirar, optaron por quedarse en España sin papeles.

La medida beneficiará a alrededor de 2.880 marroquíes que, según el Ministerio de Seguridad Social y Migraciones, están en una situación de ilegalidad tras el vencimiento de sus visados de estudiante. Esta nueva flexibilización en los requisitos es una “regularización masiva encubierta”.

Regularización masiva y ampliación del periodo de llegada
Además de la reforma del reglamento de extranjería, PSOE y Sumar han propuesto una enmienda a la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) de regularización de inmigrantes en el Congreso.

Esta enmienda busca ampliar el periodo de llegada para regularizar a personas extranjeras en situación ilegal en España. Inicialmente, la propuesta contemplaba la regularización de aquellos llegados antes del 1 de noviembre de 2021, pero ahora se extiende a aquellos que hayan ingresado antes del 31 de diciembre de 2023.

Este cambio podría resultar en la regularización de hasta 700.000 inmigrantes adicionales, sumando 200.000 personas más a las 500.000 que ya se estimaban en la iniciativa original.

Problemas de integración en una comunidad cada vez más numerosa
La comunidad marroquí en España enfrenta una serie de problemas que dificultan su integración plena. Las barreras culturales, religiosas y lingüísticas, así como su voluntad de no integrarse son elementos que, en muchos casos, complican el proceso de adaptación.

Esta comunidad ha experimentado un crecimiento sostenido y, de acuerdo con el último censo constituyen la mayor población extranjera en el país. Sin embargo, este grupo muestra índices más bajos de integración social en comparación con otros colectivos inmigrantes.

Como dato de la falta de integración, un total de 3.841 ciudadanos de Marruecos están en prisión en España, lo que representa el 27% de los 13.944 internos que forman parte de la población reclusa extranjera en las cárceles que gestiona Instituciones Penitenciarias.

Organizaciones y expertos alertan de que la regularización de inmigrantes en situación ilegal envían, además, un mensaje erróneo, incentivando la llegada de personas que buscan aprovechar estas políticas de promoción de la inmigración masiva ilegal.

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