La Audiencia Nacional ha abierto una investigación sobre un posible amaño en los concursos públicos de la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado (Selae), una entidad adscrita al Ministerio de Hacienda, que dirige la vicepresidenta primera y ministra María Jesús Montero.

El juez Santiago Pedraz lleva adelante la causa en el Juzgado Central de Instrucción número 5, bajo el número de diligencias previas 219/2024, al considerar que las irregularidades denunciadas afectan a varias provincias.

La investigación fue impulsada por una denuncia del abogado Antonio García-Berbel, y expone un supuesto fraude en la adjudicación de licencias para gestionar las delegaciones comerciales de Loterías del Estado en todo el país. Las 52 delegaciones, distribuidas en las 50 provincias y en Ceuta y Melilla, son las encargadas de la operación de unos 10.900 puntos de venta en España.

Este sistema de concesión ha levantado sospechas, ya que los puestos de delegado suelen acabar en manos de miembros de las mismas familias, manteniéndose en un entorno de consanguinidad que genera dudas sobre la transparencia de los procesos.

A la cabeza de Selae se encuentra Jesús Huerta, presidente de la entidad desde 2018, nombrado directamente por Montero cuando ella era consejera de Sanidad en la Junta de Andalucía. Su salario en 2020 ascendía a 223.146,65 euros brutos anuales.

Huerta, hombre de confianza de Montero, se encarga de supervisar la gestión de esta empresa pública, cuya actividad principal es la gestión y explotación de los juegos de azar en sus distintas modalidades, cumpliendo así con la misión encomendada por el Ministerio de Hacienda.

Los cargos de delegado en estas delegaciones comerciales, muy codiciados por su alta rentabilidad, se adjudican mediante concursos públicos.

Los contratos, de una duración inicial de siete años con opción de prórroga por otros siete, implican una asignación presupuestaria de hasta 360 millones de euros en caso de prórroga. La Sociedad destina anualmente 25 millones de euros a la gestión de estas delegaciones, lo que convierte estos puestos en un recurso económico atractivo y buscado.

Fuentes internas señalan que, aunque los concursos deberían ser abiertos a todos, en realidad los cargos suelen permanecer en las mismas familias, «pasando de padres a hijos» o a familiares cercanos.

Estas mismas fuentes afirman que esto no es coincidencia, sino el resultado de una falta de regulación estricta en los procesos de adjudicación, lo que habría permitido que los mismos beneficiarios mantengan las concesiones, afectando así la transparencia en la contratación pública.

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