La Abogacía del Estado recurre ante la sala esa decisión de Ángel Luis Hurtado, el instructor de la causa judicial que se abrió contra el fiscal general y la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, tras la denuncia de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Ayuso.

Para los servicios jurídicos del Estado estas diligencias de entrada y registro, clonado, volcado e incautación de dispositivos de almacenamiento masivo "constituye seguramente el mayor perjuicio (el tiempo dirá si irreparable) que se ha causado a la Fiscalía General del Estado y a la fiscal jefe provincial de Madrid".

Registro del 30 de octubre
Fue el pasado 30 de octubre cuando el instructor de la causa autorizó "la intervención y/o copia, en su integridad o parcialmente, de cualquier tipo de material o soporte informático y telemático (incluida telefonía móvil) que haya podido ser empleado o que pudiera servir como indicios o pruebas".

Autorizó incluso la aprehensión de los teléfonos móviles de García Ortiz, "así como otros dispositivos informáticos/telemáticos que pudiera portar (tableta, portátil y otros)".

También dio luz verde al volcado de las cuentas de correo electrónico, perfiles en redes sociales u otros repositorios de información en Internet administrados por García Ortiz, además de "la información contenida en servidores".

Fijó, no obstante dos límites: uno sustantivo, que la información pueda tener relación con el delito de revelación de secretos investigado; y otro temporal, desde el 8 de marzo hasta el 30 de octubre. Este espacio temporal fue acotado de nuevo con posterioridad por el instructor, especificando que era del 8 al 14 de marzo.

Las fuentes consultadas por esta agencia de noticias precisaron ese mismo día que, al menos, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil llevó a cabo el clonado completo de dos teléfonos móviles, una tableta y varios ordenadores.

Este movimiento de Abogacía del Estado se suma al de la teniente fiscal del Tribunal Supremo (TS), María Ángeles Sánchez Conde, que señaló en su recurso de apelación ante el TS del pasado 5 de noviembre contra los autos que autorizaban los registros efectuados en los despachos del fiscal general y la fiscal jefe provincial de Madrid que los mismos eran nulos porque no contenían "un relato de los hechos que se consideran delictivos".

Cabe recordar que González Amador llevó el caso a los tribunales por una nota difundida el pasado 14 de marzo por la Fiscalía donde se daba cuenta del cruce de correos electrónicos entre su abogado y el fiscal del caso que se sigue en su contra por delitos fiscales para negociar un acuerdo.

El Supremo, sin embargo, no apreció delito en la nota de prensa, sino que puso el foco en las filtraciones anteriores sobre esos 'emails' a los medios de comunicación.

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