En 2023, alrededor de 500 niños fueron secuestrados por sus progenitores. Esta realidad ha sido sistemáticamente ocultada por el Gobierno, que ofrece datos inexactos anualmente y además no los disgrega por sexo.

Hasta el día de hoy, en que TO ha conseguido que el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ofrezca por primera vez cifras de este fenómeno. Y resulta que el 63% de los delitos de esta índole lo cometen las madres.

 Entre 2017 y 2022 un total de 143 personas fueron condenadas por sustracción parental: 53 hombres y 90 mujeres.

Los datos están por actualizar (no están disponibles los relativos a 2023 y 2024) y se extraen directamente del Registro Central de Penados, el Registro Central para la Protección de las Víctimas de la Violencia Doméstica y de Género y el Registro Central de Medidas Cautelares, Requisitorias y Sentencias no Firmes integrados en la Unidad de Registros Administrativos de Apoyo a la Administración de Justicia. 

Hasta hace no mucho el Gobierno negaba sistemáticamente estos datos. En 2022 este medio preguntó a Igualdad, Interior y Justicia, con respuesta negativa: «No se dispone del desglose por género del progenitor que ha llevado a cabo la sustracción». Al parecer, el sistema se ha actualizado.

 Estos datos, sin embargo, son parciales, pues responden a las sentencias condenatorias. Sólo en 2023 se habrían producido alrededor de 500 secuestros parentales, según el informe anual del Centro Nacional de Desaparecidos (Cndes), dependiente del Ministerio del Interior.

En 2024, además, se estarían batiendo récords, según denuncia la Asociación de Niños sin Derechos (NISDE), en constante interlocución con abogados especializados en la materia.

Su presidente, Javier Somoza, denuncia que «a pesar de que la Fiscalía los tiene, aún no han publicado las cifras de apertura de diligencias previas por sustracción de menores del año 2023. En el año 2022 fueron 1339 y sólo acabaron en condenas 45».

Algo falla en el sistema para el líder de NISDE, que considera que «en España no se dan datos como en el sistema VioGén» porque «los niños no producen rédito político, y se siguen considerando un efecto colateral en un conflicto de pareja». 

 Según el Centro Internacional para Niños Desaparecidos y Explotados, el 73,8% de los secuestros parentales a nivel mundial son perpetrados por mujeres. Esta realidad resulta incómoda al Ejecutivo , que trata de ocultar sistemáticamente el dato y que indultó la pasada legislatura a algunas mujeres que han cometido este tipo de delitos bautizándolas como «madres protectoras».

Las sustracciones de menores ocurren cuando uno de los padres lleva ilegalmente a su(s) hijo(s) a otro país o los retiene allí sin permitir que regresen a su país de residencia habitual. Es ilegal porque viola el derecho de decidir dónde deben vivir los niños, un derecho que tienen ambos padres con patria potestad, incluso si sólo uno tiene la custodia y el otro sólo tiene derecho a visitas, según NISDE.

¿Y los filicidios?
El caso de los secuestros parentales recuerda, mutatis mutandis, al de los filicidios. Una realidad que el Gobierno no contabiliza, pues sólo cuenta los asesinados perpetrados por los padres, considerados como «casos de violencia de género contra su madre o tutora legal».

Esto es, «violencia vicaria». El Ministerio de Igualdad ha contabilizado ocho, pero la periodista especializada en el tema Ana Sharife asegura que son al menos 22 (14 cometidos por las madres).

El Ejecutivo reconoció en 2022 por primera y última vez que las madres asesinan más a sus hijos que sus padres. En una respuesta parlamentaria a la entonces senadora del PP Cristina Ayala, el Ministerio de Justicia confirmó que 26 menores habían sido asesinados en los últimos quince años por sus madres, frente a 24 por sus padres.

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