Una ONG española se dedica a gestionar la excarcelación en Marruecos de patrones de las mafias de los cayucos

La ONG española Horizonte Sin Fronteras (HSF) ha denunciado la situación de más de 300 patrones de cayucos senegaleses que permanecen detenidos en cárceles de Marruecos, con condenas que en muchos casos superan los 10 años de prisión.

Según el presidente de HSF, Boubacar Sèye, estas personas fueron interceptadas mientras intentaban llegar a Canarias, acusadas de delitos relacionados con la inmigración ilegal. La organización ha solicitado el indulto real al rey Mohamed VI y ha instado al presidente de Senegal, Bassirou Faye, a interceder por sus ciudadanos encarcelados, según adelanta Vozpópuli.

Las rutas migratorias hacia Canarias no dejan de intensificarse, según datos recientes. El Ministerio del Interior de España informó que entre el 1 de enero y el 15 de octubre de 2024, más de 32.800 personas desembarcaron en el archipiélago, lo que representa un incremento del 39,7% respecto al mismo período de 2023.

La mayoría de los inmigrantes ilegales provienen de Senegal y Mauritania, utilizando una ruta que Frontex considera como la más activa en la actualidad, duplicando las cifras registradas el año pasado en el mismo período. Este incremento contrasta con la disminución en el uso de otras rutas, como la del Mediterráneo central, que ha experimentado un descenso del 64% en llegadas durante los primeros nueve meses del año.

 Las fuerzas de seguridad en África occidental, con apoyo de destacamentos españoles en Senegal y Mauritania, han intensificado las operaciones para frenar el flujo migratorio. España mantiene bases de vigilancia fluvial en Saint Louis y Kaolack (Senegal), así como en Banjul (Gambia), para interceptar embarcaciones en origen. Sin embargo, este esfuerzo no ha evitado que miles de personas arriesguen sus vidas en el Atlántico.

En Marruecos, los patrones de cayucos se enfrentan a penas especialmente severas. Según el jurista Daniel Arencibia, algunos de estos individuos, incluidos malienses, son tratados como delincuentes pese a que, en muchos casos, son también inmigrantes ilegales.

Las condenas oscilan entre seis y ocho años de prisión, pero Arencibia subraya que esta situación varía en otras regiones de España, donde los patrones suelen regresar a sus países de origen tras cumplir penas menores.

La situación migratoria se desarrolla en un contexto de cambios en las relaciones internacionales de Senegal. El primer ministro, Ousmane Sonko, ha propuesto aplicar una política de reciprocidad en visados, exigiendo requisitos similares a los extranjeros que ingresen al país, incluidos aquellos procedentes de la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental (CEDEAO), quienes actualmente disfrutan de libre circulación.

Además, Sonko busca implementar un proceso de identificación de los extranjeros presentes en Senegal como parte de su estrategia política.

Mientras tanto, las relaciones entre Senegal y la Unión Europea se han tensado tras la decisión de Bruselas de no renovar el acuerdo de pesca con el país africano.

Desde el 17 de noviembre, los barcos europeos deberán abandonar las aguas senegalesas, dejando en suspenso una colaboración histórica. La UE ha criticado a Senegal por no implementar medidas suficientes contra la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR), designándolo en mayo como un país «no cooperante» en esta lucha. Esta medida exige a Senegal un mayor control y trazabilidad en su sector pesquero si desea renegociar futuros acuerdos.

Boubacar Sèye, quien lidera Horizonte Sin Fronteras, no es ajeno a la controversia. En enero de 2021 fue detenido en Senegal por supuestamente «difundir noticias falsas» al criticar la gestión de los fondos europeos destinados a combatir la inmigración irregular en el país. Este arresto puso de relieve las tensiones entre las organizaciones de derechos humanos y el Gobierno senegalés, en un momento en que el flujo migratorio hacia Europa se intensificaba.

La situación en la región pone de manifiesto los desafíos de la gestión inmigratoria, donde los derechos humanos, las políticas internacionales y las medidas de seguridad convergen en un escenario cada vez más complejo y polémico.

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