Poco a poco, los impuestos del fanatismo climático de la agenda 2030 van esquilmando el bolsillo de los españoles. Impuestos, impuestos. Cada vez más impuestos los que pagamos.

En 2023, los impuestos medioambientales alcanzaron los 22.880 millones de euros, lo que supone un aumento del 10,7% respecto al año anterior, según el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Este incremento no solo refleja la presión fiscal creciente derivada de la llamada agenda climática de la Agenda 2030, sino que también sitúa a las familias como los principales damnificados de una política que parece no contemplar el impacto social de sus decisiones.

Según el avance de Cuentas medioambientales del Instituto Nacional de Estadística (INE), de los ingresos fiscales totales en España, los impuestos medioambientales representan ya el 6,5% de todos los impuestos de la economía española, tres décimas más que en 2022.

A pesar de los discursos oficiales que promueven una transición ecológica «justa», la realidad es que los hogares han soportado casi la mitad de esta carga (42,8%), consolidándose como las principales víctimas de un sistema que prioriza la recaudación sobre las necesidades de las familias. Un verdadero robo a las familias españolas

Una fiscalidad climática sin freno
La estructura de los impuestos medioambientales evidencia una estrategia de recaudación que no deja resquicio. Estos se dividen en tres categorías principales:

Impuestos sobre la energía (77,5% del total en 2023).
Impuestos sobre el transporte (13,7%).
Impuestos sobre la contaminación y los recursos (8,8%).

El crecimiento de estas categorías entre 2022 y 2023 es alarmante, especialmente en los impuestos sobre la contaminación, que han registrado un aumento del 87,7%, mientras que los impuestos sobre la energía y el transporte han subido un 7% y un 3,5%, respectivamente.

Las familias: las grandes perdedoras
El análisis revela que las familias no solo pagan un porcentaje desproporcionado del total de impuestos ambientales, sino que también soportan el grueso de los impuestos más cotidianos, como los relacionados con el transporte y la energía.

Los hogares han abonado el 72,7% de los impuestos sobre el transporte, un sector donde los combustibles y los peajes continúan encareciéndose.

Además, han cubierto el 42% de los impuestos sobre la energía, afectando directamente a la factura eléctrica y al precio del gas.

En contraste, las actividades económicas, que a menudo cuentan con mecanismos de compensación o desgravaciones fiscales, han pagado el 57,2% del total, con la industria manufacturera asumiendo un 20,4%.

Este desequilibrio fiscal no solo evidencia una falta de sensibilidad hacia las necesidades básicas de las familias, sino que también socava la capacidad de ahorro y consumo de los hogares, que ya enfrentan una inflación persistente.

Un impacto difícil de justificar
Por categoría fiscal, los impuestos sobre productos (excluyendo el IVA y las importaciones) ascendieron a 16.064 millones de euros en 2023, un 6,6% más que en 2022. Mientras tanto, los impuestos sobre la producción alcanzaron los 5.000 millones, con un preocupante aumento del 32,8%, y otros impuestos ambientales corrientes se situaron en 1.816 millones, registrando una leve caída del 1,0%.

Las familias no solo están financiando el grueso de estos impuestos, sino que también enfrentan el encarecimiento de bienes esenciales.

La paradoja de la «justicia climática»
El modelo actual plantea una paradoja difícil de ignorar. Las políticas fiscales supuestamente diseñadas para proteger el medio ambiente terminan castigando a quienes menos impacto tienen en la contaminación global: las familias. Mientras tanto, sectores industriales y grandes corporaciones, que disponen de recursos para adaptarse, reciben un trato comparativamente más favorable.

En lugar de promover incentivos para una transición ecológica que respete la economía familiar, estas medidas fiscales imponen barreras que solo agravan la precariedad de muchas familias españolas, ya de por sí asfixiadas por un coste de vida cada vez mayor.

Los impuestos medioambientales, tal y como están planteados, son un nuevo golpe a la clase media y trabajadora. Es imprescindible replantear estas políticas para que la carga fiscal sea equitativa y no recaiga principalmente sobre los hogares, que no deberían ser los grandes sacrificados de la «justicia climática».

Sin una reforma que priorice a las familias y sus necesidades, esta fiscalidad verde no solo será injusta, sino que también profundizará las desigualdades en nuestra sociedad. ¿O es acaso el objetivo de la agenda 2030?

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