Sánchez roba: España, el único país de la UE que bloquea la exención del IVA para los autónomos

La exención del IVA para autónomos genera un nuevo conflicto entre España y la Unión Europea. El Gobierno mantiene un bloqueo injustificado que castiga a quienes sostienen la economía real con su esfuerzo diario. No solo es una ilegalidad. Es un auténtico robo

España desobedece a la Unión Europea
El afán recaudatorio del Gobierno de Pedro Sánchez crece sin límites. Quiere empobrecer a los españoles y lo hace aunque cometa robos e ilegalidades. La exención del IVA para autónomos debería funcionar desde el 1 de enero de 2025. Así lo establece la Directiva (UE) 2020/285, aprobada en 2020. Esta norma habilita un régimen especial para pequeñas empresas y autónomos con una facturación inferior a 85.000 euros.

La directiva explica que «los Estados miembros podrán conceder una franquicia del impuesto en relación con las entregas de bienes y las prestaciones de servicios efectuadas en su territorio por los sujetos pasivos».

España ignora esa obligación. Se convierte en el único país de la Unión Europea que no aplica el régimen de IVA franquiciado, un esquema diseñado para aliviar a los trabajadores por cuenta propia. Esta resistencia demuestra una política fiscal que desprecia al autónomo y favorece al aparato estatal.

El texto europeo permite umbrales diferenciados según sectores, siempre por debajo de 85.000 euros. Añade que «los Estados miembros garantizarán que todo sujeto pasivo que tenga derecho a beneficiarse de más de un umbral sectorial únicamente pueda utilizar uno de esos umbrales».

Europa busca claridad y simplicidad. España impone confusión y castigo fiscal.

La UE diseñó un plan que alivia costes y mejora competitividad
La exención del IVA para autónomos pretende reducir cargas. La Guía del régimen especial de pequeñas empresas explica que el objetivo es «reducir los costes de cumplimiento de las pequeñas empresas». El documento reconoce que los costes para estos negocios resultan desproporcionados respecto a los que soportan las grandes compañías.

Antes de la reforma, solo las empresas establecidas en el Estado miembro donde se devengaba el IVA podían beneficiarse de la franquicia. Esto obligaba a muchos autónomos a registrarse en varios países. Una trampa burocrática que destrozaba la competitividad.

Desde el 1 de enero de 2024, la normativa permite que «tanto los sujetos pasivos establecidos en el Estado miembro en el que se devenga el IVA como los establecidos en otro Estado miembro podrán acogerse al régimen especial de las pequeñas empresas».

Europa avanza hacia la simplificación. España se queda atrás. Y lo hace de forma deliberada.

España ignora la ley y castiga al autónomo
La Comisión Europea abrió un expediente a España por incumplimiento. Aun así, Hacienda mantiene paralizada la exención del IVA para autónomos. Alega que la estructura recaudatoria no admite cambios durante la implantación del nuevo sistema de facturación electrónica.

Una excusa débil. Nada justifica que España actúe como excepción vergonzosa dentro de la Unión Europea. El Gobierno no ha incorporado el régimen general a la legislación nacional, lo que coloca a millones de autónomos en inferioridad frente a sus competidores europeos.

La Plataforma Ciudadana por la Dignidad de los Autónomos se movilizó el 30 de noviembre en 21 ciudades. Reclama una exención justa hasta 85.000 euros. Reclama justicia. Reclama lo que ya funciona en Europa.

Mientras España aprieta el cuello del autónomo, países como Francia, Irlanda e Italia aprovechan al máximo el margen permitido. Otros Estados prefieren umbrales más bajos, como Dinamarca, con un límite de 6.700 euros. Pero nadie copia el caso español. Nadie mantiene al autónomo bajo este nivel de presión fiscal.

Solo España.

España debe liberar a sus autónomos ya
La exención del IVA para autónomos representa una obligación legal, una exigencia europea y una necesidad social. El Gobierno ignora esa realidad. Prefiere estrangular a quienes generan empleo. Prefiere seguir el camino del abuso fiscal. Prefiere castigar al autónomo, el motor silencioso de la economía nacional.

España debe rectificar. Debe alinearse con la normativa europea y liberar a los autónomos de una carga injusta. No hacerlo confirma una política que desprecia la libertad económica, la iniciativa privada y el esfuerzo personal.

La defensa del autónomo es la defensa de España. Y España no puede seguir como el único país de la Unión que bloquea esta medida esencial.

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