UGT-A guarda silencio sobre la condena por el fraude con las subvenciones y Pepe Álvarez se queja de que se conociera en pleno congreso del sindicato.

El Gobierno andaluz, que preside Juanma Moreno, ha descartado retirar las subvenciones a UGT-A, a pesar de la condena impuesta por la Audiencia de Sevilla por el saqueo de fondos públicos destinados a los parados que el sindicato desvió para su propia financiación y a otro tipo de fines, como las comilonas en la Feria de Abril o los maletines que repartió en su congreso regional.

Durante la sesión de control al gobierno en el Parlamento andaluz, Juanma Moreno ha defendido a la actual dirección regional del sindicato y ha remarcado que los hechos que describe la sentencia que condena a cinco ex dirigentes de UGT-A ocurrieron "en el pasado, cuando no había controles" por parte de la Junta, entonces en manos del PSOE.

Moreno ha defendido que los sindicatos son entidades reguladas por la Constitución española, que tienen una interlocución con los gobiernos y su Ejecutivo tiene la "obligación" de mantenerla.

Sindicato "corrupto"
La defensa del presidente de la Junta de UGT-A se ha producido después de que el portavoz de Vox, Manuel Gavira, le haya exigido que la Junta de Andalucía deje de dar subvenciones a un sindicato "corrupto".

Gavira ha advertido a Juanma Moreno de que si sigue concediendo "un céntimo de euro a esos sindicatos corruptos, que ya se puede decir, porque ya hay sentencia", de los presupuestos de la comunidad, será "responsable" y "cómplice de la corrupción sindical", así como si les concede "un trato de favor" o una "dilatación en los pagos".

Fuentes de la Consejería de Empleo han precisado a este diario que las subvenciones que está recibiendo actualmente UGT-A no van dirigidas solamente a este sindicato, sino también a CCOO y a los empresarios de la CEA.

Estas ayudas están recogidas en los presupuestos de la Junta y con ellas se da cumplimiento al artículo 7 de la Constitución, que reconoce la función fundamental de los agentes sociales para la defensa y promoción de los intereses de trabajadores y empresas, han añadido las fuentes de Empleo.

Mientras, Empleo ha puntualizado que en los años 2019, 2021 y 2022 Vox aprobó los presupuestos andaluces en los que estaban incluidas esas subvenciones a los sindicatos. Para 2025, el presupuesto incluye estas ayudas a UGT-A y al resto de agentes sociales, han añadido las fuentes de la Consejería. Y no está previsto que se modifique.

UGT-A anuncia un recurso
La polémica crece en el Parlamento andaluz, pero la federación andaluza de UGT ha optado este jueves por guardar silencio sobre la sentencia que lo condena, como responsable civil subsidiario, al pago de una indemnización de 40,6 millones de euros a la Junta por el fraude con las subvenciones cometido por la anterior cúpula directiva del sindicato.

Mientras, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, que acaba de ser reelegido en el cargo, se ha quejado de que la sentencia se conociera en pleno congreso sindical: "No parece casualidad", ha dicho en una entrevista con el programa La Mañana de Andalucía en Canal Sur Radio.

Se da la paradoja de que UGT-A deberá afrontar el pago de esa suma millonaria a la Junta de Andalucía, mientras sigue recibiendo subvenciones de la Administración autonómica. Tendrá que pagar si los cinco condenados no indemnizan a la Junta.

Como viene informando este diario, la Sección Tercera de la Audiencia fijó este miércoles penas de cárcel y sanciones millonarias para la antigua cúpula de la federación andaluza de UGT por saquear subvenciones del Gobierno andaluz, en la etapa del PSOE, destinadas a impartir cursos para los parados.

La sentencia establece multas que suman 225 millones de euros para cinco ex dirigentes del sindicato, entre los que está Francisco Fernández Sevilla, el ex secretario general de UGT-A que se vio forzado a dimitir cuando EL MUNDO destapó el escándalo en 2013.

El tribunal justifica las penas por la "gravedad" de las conductas, la elevada cuantía de lo defraudado, el perjuicio causado a los trabajadores a cuya formación estaban destinadas las subvenciones y en general para la sociedad y la "alarma social que producen actuaciones delictivas como las ahora sentenciadas, y más cuando son ejecutadas por agentes sociales a los que, precisamente, se les conceden las subvenciones por su proclamada defensa de los intereses de los trabajadores y desempleados".

Ante este varapalo judicial, UGT-A ha enviado una escueta nota en la que anuncia que presentará un recurso ante el Tribunal Supremo y ha eludido, tras el requerimiento de este diario, que sus dirigentes en Andalucía ofrezcan algún tipo de explicación sobre este asunto.

La nota del sindicato remarca que "respeta" la sentencia de la Audiencia de Sevilla, "como lo hace con cualquier decisión judicial, pero no comparte sus argumentos y conclusiones".

Mientras, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha criticado este jueves que la sentencia de la Audiencia de Sevilla "haya aparecido justamente" en pleno congreso del sindicato a nivel nacional y ha subrayado que esta coincidencia "no me parece casualidad".

"En realidad todavía no la conozco porque no he tenido tiempo de ver si es una noticia de medios o si ya contamos con un texto de una sentencia. En todo caso tengo que decir en primer lugar que creo poco en las casualidades y que después de quince años de este litigio haya aparecido justamente en el momento en el que el sindicato está en buenas condiciones en su congreso no me parece casualidad", ha respondido el líder nacional de UGT.

 En cualquier caso, ha expresado el "respeto" de UGT a la justicia porque "somos un sindicato que lucha contra la corrupción sin ningún lugar a duda" y ha defendido que UGT-A "ha hecho sus deberes como nadie" porque "en el momento en que se abrió aquella crisis no quedó nadie en la dirección del sindicato".

"Vamos a ver el contenido a fondo y, desde luego, si es menester presentar o no recurso. Pero, en todo caso, me parece que quince años después esta sentencia no deja buen cuerpo", ha subrayado. En realidad, el caso UGT-A estalló hace once años.

En su nota, UGT Andalucía destaca que el sindicato "no ha sido condenado por ningún delito, sino que es declarado en sentencia exclusivamente como responsable civil subsidiario". Sobre los antiguos dirigentes sindicales que han sido condenados, UGT-A afirma que lo han sido "a nivel particular".

"Consideramos que serán sus abogados quienes deberán determinar la presentación de los correspondientes recursos", ha apostillado el sindicato. Ninguno de los condenados usó el dinero de las subvenciones de la Junta para fines privados, sino que lo destinó a financiar el sindicato.

El dinero público se destinó a los fines más variopintos: desde materiales para sus congresos, pancartas o cenas con barra libre en la Feria de Abril para los trabajadores del sindicato.

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