La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha desvelado una supuesta filtración de información confidencial desde la Agencia Tributaria hacia una red criminal implicada en un fraude masivo con hidrocarburos.

Según un informe, Miguel Ángel Benito Irazábal, uno de los principales sospechosos, habría contado con la colaboración del funcionario Alfredo Ayuso Rodríguez para obtener datos sensibles sobre la actividad fiscal de la empresa SKT Oil, clave en la trama investigada por el impago del IVA.

Las investigaciones muestran que Ayuso Rodríguez informó a Benito Irazábal sobre la inexistencia de inspecciones abiertas contra SKT Oil, calmando las preocupaciones del implicado. En un mensaje intervenido, Ayuso asegura: «De momento no hay nada abierto que yo haya visto. No hay notificación pendiente ni que se vaya a iniciar. Nada. No hay nada contra SKT por parte de Hacienda».

Este intercambio evidencia una relación laboral entre ambos en la que Ayuso habría gestionado información fiscal de las sociedades implicadas, además de coordinar actividades relacionadas con el blanqueo de capitales, incluidas inversiones inmobiliarias.

 La trama también habría utilizado sociedades pantalla y facturas falsas para dar apariencia de legalidad a sus operaciones. Entre las tareas atribuidas a Benito Irazábal estaba la creación de empresas, la adquisición de entidades para facilitar el fraude y la gestión de actividades notariales y bancarias.

En otro mensaje intervenido, Ayuso instruye a Benito Irazábal sobre cómo proceder en una notaría: «Creo que sería conveniente que fueras con los poderes de Antonio para levantar acta diciendo que no se puede firmar por lo que ponemos en el correo».

El alcance del fraude incluye la transferencia de grandes sumas de dinero al extranjero, con países como Panamá, Uruguay, Portugal y Andorra identificados como destinos. Los investigadores también incautaron «más de 70 kilos de oro» y detectaron movimientos significativos de dinero en Hong Kong.

Parte de los fondos se habrían desviado hacia inversiones inmobiliarias en terceros países, reforzando las sospechas de blanqueo de capitales. Un mensaje interceptado menciona explícitamente actividades en Panamá, donde uno de los investigados pregunta si se encuentran «limpiando papeles», lo que, según la UCO, sería una referencia directa al lavado de dinero.

La documentación recopilada por la Guardia Civil sostiene que la red habría utilizado el negocio inmobiliario para legitimar las ganancias ilícitas obtenidas de la compraventa de hidrocarburos. Además, se apunta a un esquema internacional que involucra transferencias, bienes inmuebles y facturación fraudulenta para ocultar el origen del dinero.

Con estas pruebas, los investigadores refuerzan su hipótesis sobre el papel de Ayuso como pieza clave en la trama, al proporcionar acceso a información confidencial que permitió a la red operar con conocimiento previo de posibles acciones de la Agencia Tributaria. El caso continúa bajo investigación, con la UCO centrada en desentrañar los vínculos internacionales y las ramificaciones económicas de este fraude masivo.

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