María Jesús Montero, ha admitido este domingo que su jefe de gabinete, Carlos Moreno, mantuvo hasta cuatro reuniones con el empresario Víctor de Aldama, considerado por la Guardia Civil como el «nexo corruptor» en la conocida trama Koldo, que operaba en la sombra de varios ministerios.

Los encuentros, que se produjeron entre diciembre de 2019 y mayo de 2021, han generado una intensa polémica debido a las declaraciones de De Aldama en el Tribunal Supremo.

Durante su comparecencia, De Aldama aseguró haber pagado una comisión de 25.000 euros a Carlos Moreno a cambio de influir en la Agencia Tributaria para que aplazara una deuda de Pilot Real Estate, una de las empresas vinculadas a la red. Este miércoles, el empresario solicitó al juez de la Audiencia Nacional que reclamara el expediente de la compañía a Hacienda para verificar sus afirmaciones.

 Montero, en declaraciones publicadas este domingo por El Diario, defendió la legalidad de las reuniones argumentando que el Gobierno debe estar disponible para atender al sector empresarial.

«Los ministerios no pueden poner un muro frente a las empresas por miedo a que sus reuniones se saquen de contexto», señaló. Asimismo, añadió: «Estamos aquí para ayudar a las empresas españolas a competir, crecer y resolver sus problemas».

Sin embargo, la vicepresidenta rechazó tajantemente las acusaciones de corrupción que involucran a su jefe de gabinete. «Querer vincular las ayudas al tejido productivo con contraprestaciones ilegales es una perversión de la política que nos tiene indignados», manifestó Montero, subrayando que Moreno ya ha anunciado acciones legales para defender su honor.

Según se ha revelado, las reuniones entre Moreno y De Aldama coinciden con las fechas detalladas en la agenda del también investigado Koldo García, quien habría facilitado el contacto entre el empresario y altos cargos del Gobierno. No obstante, Montero insiste en que no hubo trato de favor ni implicaciones delictivas en estas citas.

«Confío plenamente en la integridad de mi equipo», aseguró, destacando que el Gobierno no puede operar con temor a sospechas infundadas.

Por último, la vicepresidenta recordó que será la Justicia quien determine la veracidad de las acusaciones y destacó que «no se puede criminalizar la colaboración entre el Gobierno y el tejido empresarial», especialmente en un contexto en el que se busca impulsar el crecimiento económico y la competitividad de las empresas españolas.

Mientras el caso avanza en los tribunales, las reuniones de Carlos Moreno con Víctor de Aldama han arrojado una nueva sombra sobre la gestión de los contactos empresariales en el Ejecutivo, reavivando el debate sobre los conflictos de interés y la transparencia en el ejercicio del poder.

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