Un cargo del PSOE, imputado por un delito de agresión sexual contra un menor de edad

El político José Luis Cepa, exmiembro destacado del PSOE en Castilla y León, enfrenta graves acusaciones de agresión sexual a un menor de 13 años en un caso que ha conmocionado a la comunidad autónoma.

Los hechos, presuntamente ocurridos en el verano de 2023, salieron a la luz tras la denuncia de los padres del menor, quienes descubrieron conversaciones sospechosas en el móvil de su hijo. Estas interacciones habrían comenzado a través de la aplicación Grindr, conocida por facilitar contactos entre miembros de la comunidad LGTBI.

La presunta víctima, un adolescente que estaba de vacaciones con su familia en Ciudad Rodrigo (Salamanca), habría sido localizado por Cepa mediante el sistema de geolocalización de la aplicación mientras ambos se encontraban en una piscina pública. Según las pesquisas, el exdiputado convenció al joven para encontrarse en los vestuarios del recinto, donde habría ocurrido el abuso.

Además, las investigaciones indican que Cepa intentó contactar nuevamente con el menor para un segundo encuentro, aunque este no llegó a producirse.

 A pesar de las investigaciones, Cepa continuó ejerciendo sus funciones políticas hasta el 19 de agosto de 2023, cuando se filtró su implicación en el caso. En ese momento, renunció a su escaño y alegó inicialmente «motivos personales».

Sin embargo, horas más tarde, reconoció que estaba siendo investigado por un presunto delito sexual. El PSOE regional le permitió realizar el anuncio de su dimisión, lo que generó críticas por la falta de transparencia en la gestión del caso. Desde su renuncia, la causa ha regresado al Juzgado de Instrucción número 2 de Ciudad Rodrigo, perdiendo así el político su condición de aforado.

El Código Penal castiga la agresión sexual a menores de 16 años con penas de entre 2 y 6 años de cárcel, y hasta 12 años si se confirma acceso carnal. En este caso, la acusación se agrava por la notable diferencia de edad entre Cepa, de 51 años, y el menor. Según la normativa, el consentimiento del joven no sería válido debido a la brecha de madurez entre las partes.

Las investigaciones también han revelado la implicación de otros dos adultos, que habrían mantenido contacto con el menor a través de Grindr.

El chico, que abrió la cuenta utilizando datos de un familiar sin el conocimiento de sus padres, fue identificado gracias a las pesquisas de la Guardia Civil. Estos hechos subrayan la necesidad de mayor supervisión parental en el acceso a plataformas digitales.

La instrucción sigue su curso, ahora en manos del juzgado local, tras haber sido remitida desde el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. El caso ha generado un intenso debate público y político sobre la responsabilidad de los partidos en la gestión de escándalos que involucran a sus dirigentes, así como sobre la seguridad de los menores en entornos digitales.

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