El Ministerio para la Transición Ecológica admitió fallos informáticos en su sistema de certificación de biocarburantes, Sicbios, una herramienta diseñada para prevenir irregularidades y garantizar que los combustibles cumplan con los estándares ecológicos. Este reconocimiento se produjo el pasado 24 de octubre durante una comparecencia judicial, según informó José Luis Cabo, subdirector de Hidrocarburos.

José Luis Cabo está siendo investigado por presunta prevaricación administrativa, tras una querella presentada contra él. En junio, el Juzgado de Instrucción Número 26 de Madrid aceptó a trámite la denuncia de una empresa que lo acusa de irregularidades en la concesión de licencias.

Entre las licencias cuestionadas está la otorgada a Villafuel, una operadora vinculada a Koldo, Víctor de Aldama y Claudio Rivas, personajes señalados previamente en casos de fraude dentro del sector de hidrocarburos. El Ministerio ha evitado pronunciarse sobre el asunto.

Meses antes de que surgiera la polémica, la empresa denunciante había solicitado certificados de biocarburantes que fueron eliminados del sistema sin explicación.

Posteriormente, se le permitió reenviar los documentos fuera del plazo oficial, pero estos fueron rechazados por supuesta falta de documentación. Según la normativa vigente, el fraude en biocombustibles se sanciona con multas y la inhabilitación de las operadoras implicadas.

 La operadora Villafuel, fundada en octubre de 2020, solicitó su licencia en enero de 2021. Inicialmente, el Ministerio denegó la petición por falta de documentación en diciembre de ese mismo año. Sin embargo, en septiembre de 2022, la licencia fue finalmente concedida, permitiendo a la empresa comenzar actividades días después. La decisión ha levantado sospechas, dado que Claudio Rivas, vinculado a fraudes previos, controlaba la empresa en abril de 2021, un hecho documentado por la Guardia Civil.

El sector de los hidrocarburos enfrenta dos tipos principales de fraude: el fiscal, regulado por Hacienda, y el de biocarburantes, bajo supervisión de Transición Ecológica. En el caso del fraude fiscal, se busca implementar una nueva normativa que permita cobrar impuestos antes de la distribución del producto, similar a las medidas aplicadas en Italia, para frenar el uso de lagunas legales.

En cuanto al fraude de biocarburantes, las operadoras deben cumplir con un porcentaje mínimo de mezcla «verde» en los combustibles, estipulado en un 11%. Para cumplir esta exigencia, pueden comprar certificados biológicos si no realizan la mezcla directamente en los depósitos fiscales.

Sin embargo, existen denuncias de que algunas empresas ni mezclan ni adquieren los certificados, lo que reduce sus costos y genera competencia desleal en el mercado.

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