Sectaria, acientífica, con retraso y a contracorriente. Así se podría resumir la política de España con respecto a las políticas de autodeterminación de género en el contexto de Europa.

Mientras países europeos como Reino Unido, Finlandia, Suecia, Noruega y Dinamarca prohíben o restringen el uso de bloqueadores de la pubertad por los graves e irreversibles riesgos que implican, el Gobierno español sigue adelante con una política que ignora las alarmas de la comunidad científica y los datos contundentes de estudios internacionales. Solo le interesa su sectarismo ideológico.

El Reino Unido marca el camino: fin de los bloqueadores para menores
El Reino Unido, tras el devastador informe Cass, ha tomado la decisión de prohibir indefinidamente el uso de bloqueadores de pubertad en niños con disforia de género. Según el gobierno británico, los bloqueadores representan un “riesgo de seguridad inaceptable” y no podrán ser recetados ni suministrados, ni siquiera en clínicas privadas.

El informe Cass, liderado por la pediatra Hillary Cass, analizó más de 113.000 casos en 18 países. Las conclusiones son contundentes: el acompañamiento psicológico es crucial para detectar trastornos subyacentes como el autismo, la depresión o la ansiedad, y no existe evidencia clara sobre los efectos a largo plazo de los tratamientos hormonales en menores.

Este informe fue determinante para el cierre de la polémica Clínica Tavistock, acusada de administrar tratamientos hormonales y quirúrgicos a menores sin el diagnóstico adecuado.

Reacciones en cadena: Europa rectifica
La marcha atrás no es exclusiva del Reino Unido. En 2020, Finlandia fue el primer país europeo en priorizar la terapia psicológica sobre los tratamientos hormonales, limitando los bloqueadores de pubertad solo a casos excepcionales. Posteriormente, Suecia, Noruega y Dinamarca adoptaron medidas similares. Incluso Italia, con la llegada de Giorgia Meloni, ha creado una comisión de expertos para evaluar una posible prohibición.

En Francia, la Académie Nationale de Médecine advirtió en 2022 sobre los efectos secundarios de los bloqueadores, incluyendo problemas de crecimiento, osteoporosis y riesgo de infertilidad, aunque su uso aún no está restringido.

España: ideología por encima de la ciencia
En este contexto europeo, España sigue avanzando en dirección opuesta. Con la aprobación de la Ley Trans en febrero de 2023, el Gobierno del PSOE y los comunistas de Unidas Podemos reafirmó su postura de permitir bloqueadores de pubertad sin restricciones, priorizando la autodeterminación de género incluso en menores.

Cuando se le pidió información sobre posibles efectos adversos, el Ejecutivo español respondió con una sorprendente falta de autocrítica:

«Hasta la fecha, no se ha identificado ninguna señal de sospecha de reacción adversa adicional a las que aparecen en las fichas técnicas de estos medicamentos, ni comunicado por otras fuentes al Comité Europeo de Seguridad (PRAC)».

Esta declaración refleja una desconexión preocupante con los avances científicos internacionales y una negación de la experiencia de otros países que ya han dado marcha atrás.

Consecuencias irreversibles y casos alarmantes
Cada día se conocen más testimonios de jóvenes que lamentan haber iniciado tratamientos hormonales y quirúrgicos a edades tempranas. Estos tratamientos, que a menudo se presentan como «reversibles», pueden causar daños permanentes en la fertilidad, el desarrollo óseo y la salud mental.

El problema no radica únicamente en los efectos físicos, sino en el tratamiento psicológico deficiente que reciben muchos menores. Como destacó el informe Cass, en demasiados casos la disforia de género es el síntoma de un problema más profundo que no se aborda adecuadamente.

Un gobierno sectario y anclado en la ideología
Es difícil no atribuir esta desconexión al carácter ideológico del actual gobierno, más preocupado por seguir las directrices del lobby LGTBI que por proteger a los menores. La ley trans aprobada en España ignora las señales de alerta que han llevado a otros países a rectificar. Como señaló el informe británico, la falta de evidencia científica no debería ser una excusa para permitir tratamientos que puedan marcar negativamente la vida de un menor.

La obstinación y el sectarismo del Gobierno español no solo pone en peligro a niños y adolescentes, sino que también desoye a los expertos y a las voces internacionales que claman por un enfoque más prudente y basado en la evidencia.

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