Un escrito rebosante de empatía hacia personas que se aplican en no ir disimulando su vulnerabilidad. 

 En DV del día 10 titulado: “Un elogio a la vulnerabilidad”  en el que Patxi Izaguirre clama: “Pido a nuestra sociedad no esconder la vulnerabilidad. Animo a las personas a mostrarse tal y como son, sin disimular sus sombras. Ojalá humanicemos a la vulnerabilidad que nos hizo ser empáticos y prosociales para salir de la selva”.

 Profesional con buen ojo clínico y avispada mirada social hacia quien va dando imagen contraria a lo que oculta. Ejercer el silencio desde la autenticidad considera fundamental.

 ¿Cómo que silencio en una selva regida por la ley del más fuerte? El mas fuerte entre nosotros es quien abusa de los vulnerables y desamparados….siempre escudado en su aforamiento ante la ley.

 Se denunció hace tres años en la Corte Penal Internacional para el Menor de La Haya, Parlamento Europeo, Tribunal de DDHH de Estrasburgo, Defensor del Pueblo y Audiencia Nacional con decenas de testimonios que suman cada mes, lo que llamaron “Secuestro encubierto de bebés niños y niñas en situación presuntamente de desamparo”.

 En lo más próximo, conozco un matrimonio rumano bien formado, educados y capaces, que inexplicablemente le quitaron la custodia de su bebé a través de Servicios Sociales de la Diputación de Gipuzkoa, “justificado” por ajustarse al protocolo titulado “Informe de desamparo”.

Centros de acogida por los cuales han pasado mas de 50.000 menores que al quitarle la custodia a sus padres, reciben del Fondo Social Europeo una subvención de 68.000 euros por cada ingreso y de 7 a 9000 al mes para manutención.

 Operatividad ya extendida en todas las CCAAs que empezó en los Servicios Sociales de Valencia y nadie quiere indagar a pesar del dolor y denuncias, ni tiene cabida un solo testimonio en los medios.

 En un ámbito paralelo, la Fiscalía Superior del País Vasco, denuncia violaciones en los centros de acogida a menores no acompañados (menas), aumentando un 93% en 2023, con 56 violaciones y 24 casos de abusos sexuales por parte de menores (como mínimo) y a menores. 

 Según señaló la Fiscal Superior Carmen Adán en el Parlamento Vasco: “Los delitos cometidos por jóvenes inmigrantes son cada vez más graves y preocupan especialmente las infracciones contra el patrimonio, las lesiones, los hurtos, los robos con fuerza y conducciones temerarias, aunque los delitos sexuales son los que más inquietud generan”.

Los otros tres perfiles humanos en acogida por las instituciones son: red básica para niños retirados a familias, adolescentes con problemas de conductas y personas con discapacidades severas, siendo personas mas asequibles al trato y para nada causantes de alarma social.

 Pero sí se da un quebranto social creciente en la medida que se sabe, pues así como se creó la asociación “Bebés robados” para denunciar el robo de niños y bebés en hospitales en el postfranquismo, también se ha creado la asociación cristiana “Fé y Esperanza” de madres y familias afectadas por la retirada de sus niños por parte de Servicios Sociales estimadas como “injustificadas” en la mayoría de los casos.

 Son elementos comunes, el sentimiento de impotencia, vulnerabilidad y desamparo judicial en las víctimas y la cobertura legal, institucional y policial de quienes ejecutan sin justificación suficientemente probada.

 Hoy como desde hace 80 años, también les “arrancan” del regazo de su madre tanto en el hospital como en el domicilio y colegio, privándoles hasta no se sabe cuando, el poderles dar mayor o menor atención y afecto a un ser que lo ha creado en su vientre.

De este dolor entiende una madre y su criatura y no un técnico ni asistenta social mas dados a la obediencia que a su conciencia. También, quien con conocimiento de causa y testimonios reales, de madres víctimas, sabe y denuncia en tribunales nacionales e internacionales…..sin el menor eco mediático.

 Reconozco el bien social y humano para aquellos casos de retirada de custodia a familias desestructuradas sin otra opción que esos centros de acogida de niños.

También que esa suma de dinero da para mucho, y da que sospechar que la opacidad denunciada por la dificultad de acceso a la responsable última, la dudosa justificación para recuperar la custodia del bebé y alargamiento innecesario de la estancia en el centro  en muchos casos, se deben a un interés no humanitario. 

 Si a la falta de transparencia se suma el de una falta de memoria anual pública y personalizada, no de la estadística pero sí de la trazabilidad y destinos finales e intermedios tanto de niños retirados a sus madres como de las cuantiosas sumas de dinero proveniente del Fondo Social Europeo, ante la falta de esperanza que lo hagan de buena gana las diputaciones vascas, sería deseable que lo pida la Fiscalía Superior del País Vasco y en su defecto denuncie también este caso.

 https://www.naiz.eus/es/iritzia/cartas/carta-a-los-trabajadores-del-centro-la-atalaya

 Vicente Aguilera abogado de La Garrucha Almeria

Padre Teodoro González

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