La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha detenido a Carmen Pano, la mujer que dijo en varios medios de comunicación haber llevado sobres con dinero en metálico --hasta 90.000 euros-- a la sede central del PSOE en la madrileña calle Ferraz, según confirman a IEN fuentes conocedoras de la operación.

Los investigadores también han procedido a registrar varias empresas vinculadas a socios del empresario Víctor de Aldama por la llamada causa de los hidrocarburos. Estas mismas fuentes precisan que los trabajos tienen lugar en Calatayud (Zaragoza), Madrid, Toledo y Sevilla.

 Este es el caso por el que Aldama fue arrestado el pasado octubre y que le llevó a ingresar en prisión preventiva, donde permaneció hasta que, casi dos meses después, declaró en la Audiencia Nacional confesando parte de los delitos que se le imputan en el otro procedimiento que le afecta, el llamado caso Koldo.

Además de Carmen Pano, también ha sido arrestada su hija y uno de los socios, según las mismas fuentes. Se trata de detenciones policiales realizadas por la UCO. Al menos a Carmen se le acusa de blanqueo de dinero y organización criminal, precisan las fuentes consultadas por este periódico.

 Lo relativo a la trama de los hidrocarburos se investiga en el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional que dirige el juez Pedraz. A Aldama y sus socios se les acusa de integrar una trama que defraudó 182 millones de euros en el IVA de la gasolina.

Según desveló este periódico, al frente de esta operativa estaba Aldama y otro empresario llamado Claudio Rivas, todavía en prisión preventiva. Utilizaron al menos cuatro testaferros para controlar gasolineras y activos inmobiliarios por toda España.

 Las diligencias sitúan a Rivas como máximo responsable y cerebro del grupo. Por su parte, Aldama, pieza clave en el caso Koldo, habría realizado presuntamente labores de intermediación y logró que el Ministerio de Transición Ecológica de Teresa Ribera concediera una licencia de operador mayorista de hidrocarburos a la principal mercantil la organización, Villafuel SL, en noviembre de 2022.

En un escalón inferior se encontraba presuntamente una hermana de Rivas, María Luisa. El último nivel correspondía a supuestos fiduciarios profesionales.

Los investigadores atribuyen ese papel a Pedro Antonio Marín Alba, Félix Aparicio Vicente, Jaime Salmerón González y Francisco Javier Cillán Contreras. Salmerón González tenía negocios en Aragón. Rivas usó presuntamente a Salmerón González, para controlar otra empresa inmobiliaria en Córdoba, Proyectos Prados de Alderete SL y una gasolinera en Zaragoza, Carburantes Jalón-Plaza SL.

 Estaba previsto que la semana pasada se levantase el secreto de sumario del caso, pero el juez Pedraz decidió prorrogarlo al menos un mes más. Como la Fiscalía anticorrupción pidió la puesta en libertad de Aldama tras su disposición a colaborar con las pesquisas, al no haber más acusaciones en el procedimiento bajo secreto, el magistrado tuvo que permitir la salida del empresario.

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