El presunto conseguidor del «caso Koldo», el empresario Víctor de Aldama, ha afirmado este lunes en su declaración como imputado ante el juez que indaga en la presunta trama en el Tribunal Supremo (TS) que se pagaron entre 3,5 y 4 millones de euros en comisiones por la adjudicación de obras públicas, unas supuestas mordidas que ha detallado que se repartieron con el ex ministro de Transportes José Luis Ábalos, su exasesor ministerial Koldo García y también con el PSOE.

Así lo ha trasladado al instructor Leopoldo Puente durante las más de tres horas que ha durado su comparecencia, según las fuentes jurídicas consultadas por IEN. Las fuentes presentes en el interrogatorio indican que De Aldama ha precisado que, de estas presuntas mordidas, una parte se la quedaba él; otra iba destinada a Ábalos; otra, al ex asesor ministerial; y una última parte directamente al PSOE.

Las mismas fuentes apuntan que De Aldama ha ratificado lo que ya dijo ante la Audiencia Nacional: tanto el pago de 15.000 euros al secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, como las comisiones de hasta 250.000 euros que aseguró haber entregado a Ábalos y 400.000 euros a García.

Tres pisos «para señoritas»

También ha dicho que pagó el alquiler de hasta tres pisos de Airbnb en Madrid a los que acudían tanto Ábalos como el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Tores, en compañía de «señoritas». De Aldama, que ha contestado a todas las partes, ha descargado responsabilidades sobre Ábalos y sobre García. Y, según las fuentes consultadas, no ha señalado a nadie nuevo del Gobierno de Pedro Sánchez.

En el marco de su comparecencia, el empresario también ha aportado este lunes al tribunal copias de varias conversaciones de Whatsapp que reflejarían el presunto pago de comisiones por obras, así como un documento manuscrito, según las fuentes consultadas.

De Aldama ya había aportado ante el Supremo un escrito y anexos con lo que considera pruebas de lo que dice. El empresario ha llegado  en un coche acompañado de su abogado y del dueño de la empresa Desokupa, Daniel Esteve. Este último le ha escoltado hasta la puerta lateral del edificio sin entrar al tribunal. A la salida, Esteve ha recogido al empresario a las puertas del Supremo.

  Su interrogatorio llegó cuatro días después del testimonio exculpatorio en sede judicial del exministro de Transportes José Luis Ábalos, a quien De Aldama ha incriminado en el marco de su pacto con la Fiscalía Anticorrupción. El empresario, investigado también en otra causa por un supuesto fraude fiscal de 182 millones en la gestión de hidrocarburos, busca reafirmar su acuerdo de colaboración con la acusación pública y, sobre todo, mantener la libertad provisional.

Su comparecencia llega tras la declaración que hizo el pasado 21 de noviembre en un juzgado de la Audiencia Nacional, una circunstancia que le valió su excarcelación; y, el 4 de diciembre siguiente, con la presentación ante el juez del alto tribunal de un escrito de 37 páginas y anexos con supuestas «evidencias» de sus afirmaciones comprometedoras.

En este nuevo escenario del caso Koldo, una vez que el grueso del sumario ha pasado de la Audiencia Nacional al Tribunal Supremo por la condición de aforado de Ábalos, la presencia de Víctor de Aldama en sede judicial también genera expectación por su réplica en el debate político.

El empresario se ha convertido en un ariete contra el Gobierno tras revelar su «grado de penetración» en las instituciones y exponer su vinculación con varios ministros y altos cargos del Ejecutivo. Pero también ha detallado determinados presuntos cohechos a dirigentes del PSOE, como su actual secretario de Organización Santos Cerdán, de quien dice que le entregó 15.000 euros a través de Koldo García, aunque de momento sigue sin entregar pruebas sobre ello.  

El PP, personado en el procedimiento y quien dirige la acusación popular, tendrá un papel protagonista en el interrogatorio de este lunes para que De Aldama siga tirando de la manta en busca de acorralar a su rival político. Una estrategia coincidente con la que sigue el abogado del presunto conseguidor de la trama, José Antonio Choclán, cerebro del pacto fraguado con el fiscal anticorrupción Luis Pastor.

Una colaboración que abarca no solo el caso Koldo, sino también el presunto fraude millonario de hidrocarburos. Una causa que sigue bajo secreto y en la que se buscan los 74 millones que De Aldama podría tener escondidos en el extranjero, según han estimado los investigadores policiales.

El rol del fiscal jefe

Pero el cambio de escenario al Supremo también conlleva mayores exigencias para el arrepentido. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha recibido el encargo del juez de la Audiencia Nacional de pasar el detector de veracidad a la declaración autoinculpatoria que hizo el 21 de noviembre, en la que asumió el cobro de mordidas por valor de 5,5 millones.

Mientras tanto, Aldama tendrá que bregar a partir de ahora con un nuevo fiscal, el jefe de Anticorrupción Alejandro Luzón, a quien se le presupone más rígido a la hora de exigir más indicios contra Ábalos o Koldo García para el mantenimiento del acuerdo.

 Cabe reseñar que desde que Luzón está en el cargo, la exigencia del Ministerio Público para atenuar las penas con pactos de colaboración viene condicionado por la recuperación de los activos económicos sin fiscalizar en posesión del delincuente. Y a nadie se le escapa que en el caso de hidrocarburos se estima la presencia de 74 millones que están escondidos aún en el extranjero.

Una de las incógnitas del interrogatorio será conocer si  Aldama persiste en su intención de denunciar contratos de obra pública adjudicados por Transportes y que habrían sido amañados en la etapa de Ábalos (2018-2021).

En su escrito, apuntó que había tres constructoras (Obras Públicas y Regadíos, Áridos Anfersa y Levantina, Ingeniería de Construcción) que pagaron dádivas a la cúpula política ministerial a cambio de recibir contratos o «preadjudicaciones» de proyectos viales y ferroviarios.

ADIF y Carreteras

En este punto, la Fiscalía parece tener más información al creer que los contratos fueron modificados para inflar su coste y el reparto de comisiones. Pero Ábalos ya declaró el jueves que estas modificaciones eran cosas «de los técnicos» y negó este extremo. Aldama, por lo tanto, tiene la oportunidad de relatar a fondo cómo se hizo con ese documento subrayado con rosa en aquellas obras que, según su versión, estaban corrompidas.

No obstante, el pasado viernes ADIF (gestor de la infraestructura ferroviaria) difundió un informe en el que concluyó que no apreciaba irregularidades en el análisis de 373 contratos que Aldama puso bajo el foco y que han sido publicados en medios de comunicación.

Y ayer se conoció otro documento de la Dirección General de Carreteras sobre 39 proyectos señalados por el comisionista, de los que se llegaron a licitar 21 (seis con Ábalos). La conclusión es que «ninguna tramitación o gestión de dichos expedientes ha devenido en la constatación de actuación irregular».

Por último, el interés de la declaración está también en saber si Aldama seguirá contando novedades sobre su «relación especial» con cargos del Gobierno. Ya apuntó a la del exjefe de Gabinete de Sánchez y expresidente de Correos Juan Manuel Serrano, que pasó a ser reubicado como director de la Sociedad Estatal de Infraestructuras de Transporte.

El comisionista quería recuperar su teléfono móvil en poder del juzgado para corroborar su relato, pero el instructor lo denegó a la espera de que la UCO presente su informe al respecto.

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