El Consejo de Ministros ha acordado este lunes la desclasificación de la documentación relativa a los atentados yihadistas que tuvieron lugar en Cataluña en agosto de 2017 y que había reclamado la comisión del Congreso que investiga esos ataques.

En concreto, según consta en las referencias del Consejo de Ministros, la desclasificación afecta a información de los departamento de Defensa y también de Interior.

La desclasificación de esta documentación fue una exigencia de Junts desde la creación de esta comisión de investigación y este órgano ya cursó una primera solicitud para poder tener acceso a esos documentos el pasado mes de septiembre.

Desde el Ministerio de Defensa habían avanzado que no tendrían problema en levantar la reserva sobre la información que pudiera obrar en poder del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) pero a principios de diciembre la titular del ramo, Margarita Robles, exigió al Congreso que enviara una petición «en condiciones».

En la sesión de control al Gobierno en el Senado, la ministra de la que depende el CNI detalló al portavoz de Junts, Eduard Pujol, que, al estar la información clasificada como secreta, la desclasificación tenía que pedirse al Consejo de Ministros, único órgano competente para proceder en estos casos.

«No tenemos voluntad de ocultarla, no haga más que pedirla, pero en condiciones, porque no nos podemos saltar la ley ni usted ni yo», sentenció Robles. Tan sólo un día después, el 4 de diciembre la comisión del Congreso remitía una petición formal al Consejo de Ministros.

Imán de Ripoll
En concreto, la comisión pidió tener acceso a información del CNI sobre Abdelbaki Es Satty, el supuesto ideólogo de los ataques que murió en la explosión de chalé de Alcanar (Tarragona) el 16 de agosto de 2017 y que recibió la visita de los servicios de inteligencia cuando estuvo ingresado en la cárcel de Castellón.

Así, este órgano aspira a consultar la información sobre estas visitas que tengan los servicios secretos, incluida la transcripción de las entrevistas. También solicitó, entre otras cosas, la circular policial, si la hubo, advirtiendo de la aplicación del Reglamento europeo sobre precursores de explosivos, los vídeos y pruebas de voz de los testigos e información de las alertas de amenazas terroristas de los años previos.

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