Pedro Sánchez cierra 2024 con un récord histórico que nadie querría ostentar: liderar el Ejecutivo que menos leyes ha conseguido aprobar en un año natural desde el inicio de la democracia en España.

De las escasas 24 iniciativas parlamentarias que ha logrado sacar adelante, 11 han sido mediante Real Decreto-Ley, lo que supone prácticamente la mitad del total. Este dato no solo pone de manifiesto el bloqueo político al que está sometido el gobierno, sino que también evidencia su carácter autoritario al marginar al Congreso de los Diputados en la toma de decisiones.

El peor registro legislativo de la democracia
El gobierno de Sánchez ha cerrado el año 2024 con apenas 24 leyes aprobadas, superando su propio récord negativo de 2023, cuando apenas consiguió aprobar 25.

Cabe destacar que en 2023 Sánchez estuvo tres meses en funciones debido a las elecciones generales, un matiz que no puede aplicarse al año 2024, cuando el Ejecutivo ha estado plenamente operativo durante los doce meses. Sánchez ha contado con un gobierno funcional y, aun así, ha mostrado una incapacidad evidente para consensuar y legislar.

El abuso de los Real Decreto-Ley
El dato más preocupante es que casi el 50% de las leyes aprobadas en 2024 se han hecho a golpe de Real Decreto-Ley. Entre ellas destacan medidas sectarias y unilaterales como el impuesto a las energéticas, el cambio en las mayorías necesarias para renovar el consejo de RTVE, y la prórroga de la prohibición de desahucios a familias vulnerables aunque no paguen el alquiler.

Sánchez ha batido todos los récords históricos en cuanto al uso de los decretos-ley, que debería ser excepcional. Desde que llegó al poder, ha firmado 154 decretos-leyes. De hecho, Sánchez utiliza esta fórmula cada 15 días de media, convirtiéndola en la norma y no en la excepción, tal como él mismo criticó cuando estaba en la oposición.

Un gobierno incapaz de llegar a acuerdos
La inoperatividad del Ejecutivo de Sánchez no solo refleja su debilidad parlamentaria, sino también su incapacidad para llegar a acuerdos con sus propios socios de gobierno. Desde que revalidó el cargo en 2023, el líder socialista ha aprobado menos leyes que en 15 de los 24 años que llevamos de siglo XXI.

Los resultados son particularmente alarmantes si los comparamos con el uso del decreto-ley en proporción a las leyes aprobadas: en 2024, un 46% de las normas se han tramitado de esta manera, una cifra solo superada por el año 2020, cuando la pandemia obligó a legislar de forma urgente. Sin embargo, 2024 no ha estado marcado por ninguna emergencia que justifique este abuso.

La contradicción del líder socialista
Sánchez ha traicionado los principios que defendía cuando estaba en la oposición. En su momento, acusó a Rajoy de utilizar el decreto-ley como “forma ordinaria de legislar”.

Durante sus dos legislaturas, ha demostrado ser el presidente más autoritario en el uso de esta herramienta.
Mientras que Rajoy la empleó en el 24% de sus leyes aprobadas, Sánchez ha superado el 49%, marcando un récord absoluto.

Un modelo de gobierno insostenible
España no puede permitirse un Ejecutivo que no sea capaz de legislar ni de alcanzar consensos en el Parlamento. Gobernar a base de «decretazos» no solo deslegitima las instituciones democráticas, sino que también erosiona la confianza de los ciudadanos en sus representantes.

La parálisis de Sánchez no solo compromete la eficacia de su gobierno, sino también la estabilidad del país. La incapacidad para aprobar leyes necesarias y consensuadas con el resto del arco parlamentario es una señal inequívoca de que el modelo de gobierno de Sánchez está agotado.

En definitiva, los datos no dejan lugar a dudas: Pedro Sánchez ha consolidado un estilo de gobierno autoritario y bloqueado, incapaz de legislar mediante acuerdos y empeñado en imponer su agenda política a golpe de decreto-ley. España necesita un cambio urgente, porque un país no puede avanzar con un gobierno paralizado.

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