El Ministerio del Interior sólo tiene potestad actualmente sobre cinco presos de ETA. Estos son los únicos miembros de la banda terrorista que cumplen condena en una prisión que depende de la Administración central, una cifra que ha ido cayendo notablemente desde que Pedro Sánchez llegó al Gobierno y Fernando Grande-Marlaska fue nombrado ministro, en junio de 2018.

En 2018 había 250 presos de ETA en cárceles gestionadas por Instituciones Penitenciarias. Sin embargo, los distintos acercamientos impulsados por el Ejecutivo de Sánchez y la transferencia de las competencias penitenciarias al Gobierno del País Vasco, sumados a las libertades y terceros grados, han provocado que sólo haya cinco que dependan de Interior.

 Los últimos cinco presos de ETA controlados por el Estado cumplen condena, todos ellos, en la prisión de Pamplona, donde pidieron ser acercados. Se trata del exjefe de la banda terrorista José Javier Arizkuren Ruiz, alias Kantauri; Juan Ramón Carasatorre, Zapata; Igor Portu; Alberto Viedma y Francisco Javier Ruiz, alias Patxi.

  En 2017 había un total de 284 presos de ETA en cárceles que dependen del Ministerio del Interior. La cifra cayó a 250 en 2018 y siguió bajando desde entonces. En 2019 había 231, en 2020 fueron 219, y en 2021 había 146, 73 presos menos que el año anterior. De 2022 a 2023 se pasó de 106 presos a sólo 28, 78 menos, y en la actualidad sólo quedan cinco.

En esta caída influyen también las libertades, pero se nota que el Consejo de Ministros aprobó en junio de 2021 la transferencia de las competencias de prisiones al País Vasco, medida que se hizo efectiva el 1 de octubre del mismo año.

Desde ese momento, los etarras en cárceles vascas ya dejaban de depender de la Administración central y numerosas asociaciones de víctimas del terrorismo han denunciado que han estado recibiendo un trato especial por parte de las autoridades.

Según otra resolución de Transparencia respondida a este diario, los cinco presos de ETA en la cárcel de Pamplona acumulan nada menos que 24 delitos entre todos ellos. Estos se encuentran en esta prisión y no en otra por el arraigo que tienen con la zona, señalan desde la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT). Todos cometieron en Navarra sus atentados, algunos de ellos sonados y sangrientos.

Patxi Ruiz, por ejemplo, es uno de los asesinos del concejal de UPN Tomás Caballero el 6 de mayo de 1998. Ese día, cuando se acababa de subir a su vehículo para ir al Ayuntamiento, dos terroristas le dispararon sendos tiros en la cabeza.

Falleció poco después de ingresar en el Hospital de Navarra. Caballero se convertiría en el único concejal del Ayuntamiento de Pamplona asesinado por ETA. Fue su última víctima en la capital de la Comunidad Foral.

Ruiz formó parte de la kale borroka desde su adolescencia, hasta que ingresó en ETA y acabó siendo condenado a 30 años por el asesinato de Caballero. 

Considerado del ala dura de la banda, ETA y el EPPK (el colectivo de presos de la banda) expulsaron a Ruiz en 2017 por sus críticas a la estrategia de la izquierda abertzale, a cuyos dirigentes tachó de "liquidacionistas". Se unió a ATA (Amnistia Ta Askatasuna), grupo disidente y radical todavía afín a la actividad armada de ETA.

Junto a Ruiz, Alberto Viedma es otro de los asesinos del concejal de UPN y que también cumple su condena en Pamplona. Integrante del comando Nafarroa, Viedma también participó en el asesinato del subteniente del Ejército Francisco Casanova, en el año 2000. Fue condenado a 96 años de cárcel, que la Audiencia Nacional fijó en 40 y el Tribunal Supremo rebajó a 30. 

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El tercero es Igor Portu, condenado como coautor del atentado de la T-4 del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas, el 29 de diciembre de 2006. La Audiencia Nacional condenó a Portu, en mayo de 2010, a 1.040 años de prisión como coautor de un delito de estragos, dos delitos de asesinato terrorista consumados, y 48 delitos de asesinato terrorista en grado de tentativa.

Por su parte, Juan Ramón Carasatorre, alias Zapata, es coautor de uno de los crímenes de ETA que mayor conmoción causó en toda España. Participó junto a Javier García Gaztelu, Txapote, en el asesinato del concejal del PP San Sebastián Gregorio Ordóñez mientras comía en el restaurante La Cepa del casco antiguo donostiarra. 

Zapata sería condenado en 2011 a 30 años de prisión por ese crimen. Pero también cometió otros: participó en el asesinato del inspector jefe de la Policía Nacional Enrique Nieto Viyella, y del brigada de Infantería Mariano de Juan Santamaría, entre otros.

El último y el más emblemático de los cinco presos que quedan en Pamplona es José Javier Arizkuren Ruiz, Kantauri. Exjefe de ETA, es uno de los grandes referentes del mundo radical vasco y uno de los que más años de condenas tiene a sus espaldas. Además, continúa abonado al ala más radical de lo que queda de la banda terrorista. 

Kantauri planificó y ordenó los asesinatos de Gregorio Ordóñez, Alberto Jiménez Becerril y Ascensión García, entre otros, y los secuestros de José Antonio Ortega Lara y Cosme Delclaux. Está condenado por dos decenas de crímenes diferentes.

Según los informes mensuales de la AVT, desde que Sánchez llegó a la Moncloa, Instituciones Penitenciarias ha aprobado un total de 382 traslados de 204 etarras a cárceles limítrofes del País Vasco o de la propia comunidad autónoma, así como a Navarra.

Navarra está incluida en el concepto de Euskal Herria, la patria que reivindican los etarras, por lo que el acercamiento a Pamplona está dentro de las peticiones históricas de los miembros de la banda armada.

Los acercamientos de presos durante todo este tiempo han ido dependiendo de las necesidades políticas de Pedro Sánchez y de sus pactos en el Congreso de los Diputados con EH Bildu. Además, han ido aumentando a lo largo de los años.

En 2018, Instituciones Penitenciarias concedió 17 acercamientos, cifra que en 2019 fue de 15. Se trató de un inicio tímido en la política de acercamientos, ya que en ese momento Sánchez estaba en el Gobierno fruto de una moción de censura y todavía no había ganado las elecciones generales.

En 2020, tras las elecciones y ya en gobierno de coalición con Unidas Podemos, se produjeron 115 traslados. En aquel momento, los sectores más radicales del nacionalismo vasco hablaban de un pacto de "cinco a la semana", algo en lo que el Gobierno central no llegó a entrar.

Muchos de estos acercamientos se realizaban sin las garantías mínimas exigibles por Instituciones Penitenciarias a aquellos presos que pretenden obtener beneficios en su régimen carcelario.

 Las víctimas denunciaron sin descanso la falta de arrepentimiento de la mayoría de esos terroristas que veían sus condiciones penitenciarias mejoradas. Muchos etarras recurrían para su acercamiento a cartas tipo de arrepentimiento, de forma que muchos de ellos presentaban el mismo documento pidiendo perdón a las víctimas de ETA como si realmente lo hubieran escrito de su puño y letra.

Por esas fechas, Prisiones llegó incluso a establecer un canal de negociación con la cúpula de la banda. Eran los propios terroristas, dirigidos por Kantauri, quienes iban señalando a la mano derecha del ministro Fernando Grande-Marlaska a quién había que trasladar y cuándo había que hacerlo.

Los beneficios penitenciarios eran tales que Interior llegó a acercar a presos de ETA apoyándose en los informes médicos de exdirigentes de Batasuna.

En 2021 el ritmo de acercamientos fue todavía mayor, con 144 traslados desde las prisiones más remotas hacia otras más próximas. En 2022 se produjeron 82. En 2023 tuvieron lugar los 12 últimos, entre los cuales estaba Irantzu Gallastegui Sodupe, la mujer de Txapote y autora junto al sanguinario pistolero del asesinato de Miguel Ángel Blanco.

Las víctimas hablan de varias fases en el plan esbozado por EH Bildu con el PSOE para conducir a los etarras a las cárceles vascas. Tras una primera fase de acercamientos, llegaba la fase de traslados a País Vasco y Navarra. La tercera fase tenía que ver con las progresiones a tercer grado, que abren la puerta a la concesión de libertades condicionales por parte del Juez de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional.

 En esta fase ha sido clave la transferencia de la competencia de prisiones al Gobierno vasco, ya que la administración autonómica ha optado por un modelo que potencia el régimen abierto (semilibertad en tercer grado). Se ha pasado de que las autoridades tengan que justificar el tercer grado, lo que pasa en el resto de España, a justificar por qué un preso no se encuentra en dicho tercer grado.

La cuarta fase identificada por las víctimas, la que se está produciendo actualmente, tiene que ver con la concesión de la libertad condicional a los terroristas que terminan de cumplir su condena.

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