Un reciente análisis de la relación de puestos de trabajo de la Administración General del Estado (AGE) ha desvelado que el Gobierno de Pedro Sánchez ha colocado a 11.218 personas en puestos de libre designación, tanto en los 22 ministerios como en los organismos y entes estatales dependientes.

Esta práctica, que se conoce popularmente como ‘enchufismo’, ha elevado preocupaciones sobre la transparencia y la meritocracia en la administración pública.

Según el informe de TO, en los ministerios se encuentran 7.323 funcionarios que han accedido a sus puestos sin necesidad de superar un concurso de méritos, utilizando el método de libre designación.

Este procedimiento, que debería ser excepcional según numerosas sentencias del Tribunal Supremo, se ha convertido en una fórmula habitual para asignar cargos. En contraste con la normativa, no es necesario acreditar un tiempo específico en la Administración tras aprobar la oposición para acceder a estos puestos.

 Además de los ministerios, entidades como la Agencia Tributaria, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), o la Agencia Española de Medicamentos (Aemps) cuentan con otros 3.100 cargos públicos asignados bajo criterios subjetivos. Se han identificado también 1.749 puestos vacantes que están diseñados para ser cubiertos de manera discrecional.

El Gobierno de Sánchez también dispone de 795 asesores y personal de confianza, un número que incluye 444 asesores en Presidencia, una cifra diez veces superior a la del primer ministro británico.

Estos asesores, que no requieren haber superado oposiciones previas, ocupan plazas de personal eventual y pierden su puesto si cesa el funcionario que los nombró. La mayoría de estos cargos tienen el nivel 30, el más alto en la Administración española.

Diferencias salariales y puestos estratégicos

La designación a dedo ha sido útil para situar a afines en posiciones estratégicas y mejor remuneradas. Los sueldos de estos funcionarios son notablemente superiores a los de sus colegas de nivel similar, gracias a un complemento específico que recompensa la «dificultad técnica, dedicación, incompatibilidad, responsabilidad, peligrosidad o penosidad» del puesto.

En algunos casos, subdirectores generales o delegados tributarios pueden ganar más que ministros o secretarios de Estado.

El Ministerio de Exteriores destaca por tener el mayor número de funcionarios asignados a dedo, con una gran parte de estos empleados en destinos internacionales. En este ministerio, seis de cada diez plazas se llenan mediante designación directa y no por méritos. Le siguen el Ministerio de Hacienda, con 945 personas, y otros como Interior, Política Territorial, y Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.

El cese de los ‘enchufados’

Aunque la designación de funcionarios sin méritos es sencilla, su cese no lo es tanto. El Tribunal Supremo ha establecido que el cese de estos funcionarios debe estar motivado, respondiendo a razones de oportunidad o cambios en la confianza e idoneidad para el puesto.

Esta doctrina judicial busca equilibrar el poder de libre designación con la necesidad de justificación y transparencia en los ceses, algo que ha llevado a la anulación de nombramientos insuficientemente motivados en varias ocasiones, especialmente en Andalucía durante el mandato de José Antonio Griñán.

Este panorama revela una práctica administrativa que, aunque legal, genera debate sobre la equidad en el acceso a los empleos públicos y el uso de criterios de meritocracia en la Administración.

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