Óscar Puente, ha modificado uno de los contratos señalados por Víctor de Aldama, uno de los principales imputados y testigo de cargo al mismo tiempo en el caso Koldo.

 En concreto, se trata del proyecto de construcción en la A-11 en el tramo entre Quintanilla de Arriba (oeste) y Olivares del Duero, ambos municipios en la localidad natal del ministro, Valladolid. Este contrato aparece en el estudio remitido al juez Leopoldo Puente y esta modificación estaba «en estudio».

No obstante, el pasado 27 de diciembre se ha publicado el enésimo cambio en este contrato, un hecho que tienen en común todos los contratos subrayados en verde y rosa por Aldama.

LA OBRA PASA DE 36 A 73 MESES, DE 97,16 A 117,5 M€
Las obras llevan cuatro años en ejecución, es decir, 50 meses, cuando el período estipulado en un inicio era de solo tres años.

Ahora, el plazo de ejecución final es de 73 meses, con un montante total con impuestos de 117,5 millones de euros, 10,9 millones más respecto a la anterior modificación y casi 20 millones más respecto al montante inicial. Sin contar los impuestos, la licitación ha pasado de los 80,98 a los 97,16 millones, es decir, casi un 20% más.

El contrato de la A-11 entre los dos municipios de Valladolid registró cambio desde el anuncio de la licitación, con José Luis Ábalos, el 11 de julio de 2019. Dicho procedimiento se suspendió «por razones técnico-administrativas el 25 de septiembre de 2019», según indicó el informe de Puente remitido al Supremo, en el «acto de apertura de los sobres que contenían criterios evaluables mediante fórmulas».

No obstante, hubo dos rectificaciones al anuncio del contrato el 17 de febrero, un mes antes del estado de alarma y con apenas tres minutos de diferencia, para levantar la suspensión un hecho que también sucede en otras adjudicaciones señaladas por el presunto «nexo corruptor», como define la UCO de la Guardia Civil a Aldama, como en la licitación del contrato de Industria, dirigido entonces por Reyes Maroto, para los viajes en el Ministerio, entre otros.

La adjudicación se formaliza el 31 de julio de ese mismo año, en pleno confinamiento durante la época estival, para formalizarse públicamente el 12 de octubre de ese mismo año. El adjudicatario fue la UTE conformada por VIAS y Ortizy Obras Valbuena, cuyo contrato se formalizó el 6 de octubre de 2020.

En esta adjudicación se registraron anomalías, como la suspensión del procedimiento apenas dos meses y medio después de publicarse el anuncio. Dragados obtuvo la máxima calificación en la nota técnica, los 100 puntos, mientras AZVI, la empresa señalada por Aldama, quedó segunda con 98,57 puntos.

 Todas las empresas niegan que hayan participado en el denominado carrusel de mordidas a cambio de obra pública, un extremo que el principal comisionista e imputado en la trama contrarrestará con pruebas, o al menos así lo ha asegurado ante el Supremo y la Audiencia Nacional.

Resulta curioso que la oferta de la UTE de VIAS fuera la ganadora al presentar no solo una bajada del 3% respecto a la de Dragados, mientras que la nota técnica quedó con 96 puntos, la tercera nota más alta.

Tampoco fue la oferta más baja de las presentadas, con San José por tan solo 78,906, pero obtuvo 71 puntos en la parte técnica. La constructora fue expulsada por una supuesta oferta anormalmente baja, pero era solo dos millones inferior a la ganadora.

Asimismo, Dragados presentó una oferta económica media, de 83,5 millones justos, un millón por debajo de Azvi. Lantania, otra de las empresas que ha involucrado Aldama en el caso Koldo, realizó la oferta más cara, con 89,2 millones de euros.

 El informe de Puente presentado ante el Supremo señala efectivamente que la oferta ganadora ni fue la mejor técnica ni económicamente, pero se llevó el gato al agua con una puntuación global de 97,35 puntos, frente a los 95,08 de Dragados.

Todo, por una diferencia de apenas 1,7 millones de euros. Azvi, por su parte, se quedó con 92,8 puntos, superando en más de tres millones a la oferta ganadora.

 Todo con un contrato que se ha revalorizado en casi 20 millones de euros desde su adjudicación inicial. Para el Ministerio de Transportes de Óscar Puente no hay irregularidad alguna, según afirmó ante el Supremo.

 La Mesa de Contratación expulsó a San José y Ferrovial, cuyas ofertas eran 1% inferior a la oferta ganadora
A la ganadora, la UTE de VIAS, además, se le exigió la entrega de documentación para justificar los requisitos de capacidad jurídica de obrar, de solvencia técnica, económica y financiera, los criterios técnicos sujetos a valoración mediante fórmulas y la constitución de la garantía definitiva.

El documento se entregó tres semanas de la licitación, sin que ninguna otra empresa tuviera que haberlo hecho en esta licitación, tal y como exponen las actas consultadas por este medio.

 Asimismo, la Mesa de Contratación expulsó a San José y Ferrovial por unas ofertas consideradas «anormalmente bajas», con 78,9 y 79,9 millones de euros, respectivamente, apenas un 1% inferior a la entregada por la UTE ganadora, que fue de 80,98 millones. Este hecho no se menciona expresamente en el informe de Puente.

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