El PSOE ha registrado este viernes en el Congreso de los Diputados una proposición de ley para restringir la acción popular en las causas judiciales y prohibir aquellos procesos "basados en recortes de prensa". Lo hace a la vez que el entorno político y familiar de Pedro Sánchez se encuentra cercado por la corrupción y gracias a estos mecanismos. 

La norma también prevé suprimir el artículo 525 del Código Penal relativo a las ofensas contra los sentimientos religiosos y permitir la abstención o recusación de aquellos jueces que hayan hecho declaraciones de contenido político. 

 El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha sido el encargado de registrar y anunciar esta medida, bajo el nombre de Proposición de Ley Orgánica de garantía y protección de los derechos fundamentales frente al acoso derivado de acciones judiciales abusivas.

 Según ha explicado, busca "impedir el acoso que se sufre cuando hay quien utiliza las acciones judiciales de forma abusiva con el único fin de atacar a quienes no comulgan con sus planteamientos". Va contra "sectores extremistas, de ultraderecha, que pervirtiendo las herramientas del Estado de derecho, utilizan las acciones judiciales como vehículo de sus objetivos". 

 La limitación de la acusación popular busca que esta quede circunscrita a la fase de juicio oral y a la formulación inicial de la querella. "La instrucción es una fase que debe estar protagonizada por el Ministerio Fiscal y los perjudicados directos del delito", ha dicho López. 

Descargar Ley Orgánica de garantía

PSOE.pdf
 
El portavoz ha explicado que se busca acabar "con los intentos abusivos de pedir diligencias desconectadas con el fin" de generar ruido en los medios de comunicación. También se exigirá que, para ser acusación popular, exista un vínculo "concreto, relevante y suficiente" con el interés del proceso penal correspondiente. 

En cuanto a las querellas "basadas en recortes de prensa", López ha explicado que se trata de incluir en una norma algo que ya es doctrina del Tribunal Supremo. El PSOE mismo ha usado este mecanismo en diversas ocasiones, la última esta semana cuando denunció al jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, y basó la querella en recortes de prensa. 

Sobre la supresión del artículo del Código Penal de delitos contra los sentimientos religiosos, López ha dicho que se trata de un artículo que apenas registra condenas, pero que "es utilizado permanentemente por organizaciones ultras y fundamentalistas para perseguir" a quienes no concuerdan con su línea ideológica. 

El portavoz del PSOE ha puesto el ejemplo de la presentadora de televisión Lalachús, que ha sido denunciada por mostrar una estampita con una vaquilla sustituyendo el rostro de Jesús en una imagen del Sagrado Corazón durante la retransmisión de las campanadas de fin de año en La 1.  

"Todos estos mecanismos tienen un denominador común: la judicialización de la política", ha dicho López, lo que genera el riesgo de "crear una politización de la Justicia".

En esa línea, el PSOE propone que, "cuando un juez haya realizado públicamente manifestaciones a favor o en contra de partidos, sindicatos, asociaciones, entidades públicas o privadas... no podrá participar en un proceso en el que estas personas u organizaciones formen parte". Esto se haría a través de la abstención del propio juez o de la recusación del mismo. 

Al haberse registrado como proposición de ley y no ser un proyecto de ley impulsado por el Gobierno, el PSOE puede evitar numerosos informes al respecto y su aprobación dependerá del resto de grupos parlamentarios. Según ha explicado López, ya se han iniciado algunas conversaciones para sondear apoyos, aunque el grueso se abordará en febrero, cuando regrese la actividad parlamentaria. 

El PP, por su parte, ya ha reaccionado y ha acusado al PSOE de "perseguir a quienes denuncian, investigan o forman parte de los casos de corrupción que acorralan al Gobierno". "La desesperación del PSOE es evidente", aseguran fuentes del PP. 

"Esta medida es un paso más en su estrategia de laminar al poder judicial, consumando su intención de quitar la instrucción a los jueces para dejarla en manos de la Fiscalía, y sembrando el descrédito sobre todo el poder judicial a ojos de la ciudadanía", añaden. 

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