El ministro Ángel Víctor Torres adjudicó 60 millones a seis empresas investigadas por la Justicia

 Ángel Víctor Torres adjudicó 51 millones de euros a empresas que están siendo investigadas en este momento en los tribunales.

Durante su mandato al frente del Gobierno de Canarias, estas compañías fueron beneficiadas con contratos públicos, entre ellas Soluciones de Gestión (implicada en el caso Koldo), RR7 United (relacionada con el caso mascarillas),  destapado en exclusiva por Impacto España Noticias, Eurofins Megalab (vinculada a la trama de las PCR), Innjoo Technology (por material sanitario), Levantina, Ingeniería y Construcción (por obra pública), y Damco Trading Services y Tanoja Services (también por suministros sanitarios).

A pesar de las crecientes investigaciones judiciales, Torres ha defendido su gestión durante la pandemia y no ha mostrado intención de dimitir.

Uno de los casos más notorios es el de Soluciones de Gestión, empresa a la que el Gobierno canario pagó 11,8 millones de euros.

De las 4,75 millones de mascarillas que se contrataron inicialmente, 837.800 resultaron defectuosas. Sin embargo, el Ejecutivo de Torres permitió que la empresa cobrara la totalidad del contrato, ajustando el precio de las mascarillas defectuosas al coste de las quirúrgicas en abril de 2020, es decir, 84 céntimos por unidad, lo que representaba un incremento del 560% respecto al precio de noviembre de ese mismo año.

Además, se permitió el envío adicional de 555.000 mascarillas FFP2 a 2,5 euros cada una, un precio inflado respecto al mercado de ese momento.

 El Gobierno de Torres también adjudicó cuatro millones de euros a RR7 United, una empresa dedicada a la compraventa de automóviles que nunca entregó una sola mascarilla.

El Servicio Canario de Salud (SCS) pagó dos millones por adelantado sin recibir ningún producto, y pese a las advertencias de las responsables del servicio de contratación, que calificaron a RR7 como una «empresa fantasma», se desembolsaron otros dos millones adicionales. Este caso está siendo examinado por la Fiscalía Europea.

Otra empresa bajo el foco de la justicia es Eurofins Megalab, que recibió 5,3 millones de euros del Servicio Canario de Salud por la realización de pruebas PCR. Ignacio Díaz Tapia, socio de Aldama y vinculado a la trama, formaba parte de esta compañía.

Aldama ha declarado ante el tribunal que, como parte de sus «servicios», proporcionó al expresidente canario acceso a inmuebles para encuentros privados.

Las investigaciones también se extienden a Damco Trading Services y Tanoja Services, empresas que recibieron 22,8 millones de euros por contratos de material sanitario durante la pandemia.

Según la Fiscalía canaria, los empresarios involucrados están siendo investigados por delitos de malversación, blanqueo de capitales y fraude fiscal, quedándose con comisiones que rondan los 10 millones de euros. Este caso se desarrolla de manera independiente al conocido caso Koldo.

El Gobierno de Torres no sólo adjudicó contratos de material sanitario. Levantina, Ingeniería y Construcción obtuvo un contrato de 7,2 millones de euros para la reforma del edificio Royal, destinado a convertirse en la sede de la Agencia Tributaria Canaria en Las Palmas.

Sin embargo, las obras fueron suspendidas cuando la empresa entró en preconcurso de acreedores. José Ruz Martínez, líder de la compañía, ha sido identificado por la Guardia Civil como parte del círculo cercano de la trama de Aldama, siendo visto en reuniones en el restaurante La Chalana.

Innjoo Technology, especializada en dispositivos móviles, también fue beneficiada con contratos por valor de nueve millones de euros durante la pandemia. La empresa fue constituida por la misma administradora que fundó Have Got Time SL, la firma que alquiló la residencia de verano a José Luis Ábalos en Cádiz en 2021. La Audiencia Nacional ha solicitado a la UCO diligencias adicionales para investigar las actividades de esta empresa.

A pesar de la creciente evidencia, Ángel Víctor Torres ha minimizado su implicación en estos escándalos. En varias comparecencias ante comisiones de investigación del Congreso y el Senado, inicialmente negó haber tratado temas relacionados con mascarillas con Koldo García, asesor de José Luis Ábalos.

Sin embargo, posteriormente admitió haber tenido conversaciones directas con él para agilizar pagos a Soluciones de Gestión, contradiciendo sus primeras declaraciones en las que negaba cualquier contacto con intermediarios.

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