Quién es quién en la trama de corrupción del Caso ‘PCR Canarias’ del Presidente Ángel Víctor Torres

IEN accede al ‘quién es quién’ en el caso ‘PCR Canarias’, investigado por la Fiscalía Anticorrupción de Las  Palmas de Gran Canaria, la UDEF, el Tribunal de Cuentas y la Fiscalía Europea, a raíz de una denuncia presentada por el empresario grancanario Juan Manuel Pérez, en base a presuntas irregularidades respecto a 23 adjudicaciones de contratos públicos para la adquisición de material sanitario anti Covid-19 por un coste de 32 millones de euros.

Algunas de las empresas contratadas durante la pandemia, ajenas al sector sanitario, que operaron con sobrecostes en detrimento del erario público según los precios de mercado, fueron licitadas a través del la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, tal como consta en las resoluciones adoptadas por la Dirección General de Recursos Económicos del Servicio Canario de Salud (DGRE).

 Nuestro diario, que destapó el caso con una gran repercusión a nivel nacional, ha tenido acceso a "la red de presuntas conexiones entre algunos empresarios, familiares y políticos que podrían llegar a alcanzar a miembros del Gobierno de Canarias", según explican fuentes cercanas al PSOE, Nueva Canarias (NC), y Coalición Canaria (CC), conocedoras de este denominado "mapa de poder".

 
 
 Blas Trujillo, Consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias.
Tal es la trascendencia de este asunto, que algunas fuentes cercanas al entorno social de la empresa RR7 UNITED S.L., una de las entidades mercantiles investigadas por Anticorrupción y cuyo administrador único es Rayco Rubén González, han contactado con IEN, CD para facilitar "las presuntas vinculaciones familiares y amistosas". Según éstas fuentes, respecto a este caso en concreto, las conexiones "llegarían hasta el mismo presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres".

Estas supuestas vinculaciones "se basan en datos extraídos del Registro Mercantil y de algunos círculos sociales de las islas de Gran Canaria y Fuerteventura, del presidente socialista canario", según relatan en exclusiva.

 La Fiscalía investiga la adjudicación de 4 millones de euros a RR7 UNITED S.L. de manera directa, a través del Servicio Canario de Salud (SCS), en un contrato formalizado el 25 de mayo de 2020, pero que desembocó en la adquisición fallida de un millón de mascarillas 3M 1860 KN95, un material destinado al uso hospitalario pero que no contaba con la homologación requerida en Europa.

Sin embargo, "a pesar del proceso de retribución de estos fondos públicos iniciado en 2021 por la DGRE, todavía esta entidad mercantil no ha devuelto el dinero", según ha declarado el consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias, Blas Trujillo, en comparecencia en el Parlamento de Canarias.

"Lazos con el presidente de Canarias"

Estas mismas fuentes cercanas al entorno de RR7 UNITED S.L. revelan que "el administrador empresarial, Rayco Rubén González, tiene un vínculo familiar, es cuñado, con José Juan Arencibia Alemán, apoderado de Gestión y Promoción de Patrimonios 2017 S.L.". Este reconocido empresario, originario del municipio de Arucas-Gran Canaria, "mantiene una relación de amistad desde la infancia con el presidente del ejecutivo canario, Ángel Víctor Torres, e incluso estudiaron juntos en el mismo centro educativo, un dato que es muy popular en esta localidad", según afirman estas fuentes.

Conrado Domínguez, Director del Servicio Canario de Salud.
Además, estas fuentes señalan que "entra dentro de la normalidad que el presidente canario acudiera durante 2021 a la residencia vacacional de Arencibia, sita en Fuerteventura, debido a su amistad durante años".

Pero también indican que "Arencibia mantendría otra vinculación social con el asesor fiscal, Pablo Carranza, administrador único de Maxafic Consulting SLP, afincado en Fuerteventura". Carranza, a su vez, según señalan fuentes cercanas a Samuel Machín, comisionista de la operación entre RR7 UNITED S.L y el SCS, presuntamente, "habría intervenido como asesor en la elaboración del contrato de esta citada comisión valorada en 83.437,50 euros", documento al que ha tenido acceso este medio.

 Rayco Rubén González.
 
Por otra parte, "Machín, que no obtuvo la firma del comitente -Rayco Rubén González, en el documento de la comisión-, ha alegado que nunca cobró en su totalidad la comisión de 83.437,50 euros por las tramitaciones realizadas para adquirir mascarillas 3M sino que habría recibido dos transferencias bancarias por un total de 6.000 euros, tras meses de duro trabajo, para traer este pedido a Gran Canaria", matizan.

"Conexión con el Servicio Canario de Salud"

"Otra de las vinculaciones es la conexión directa entre Samuel Machín, comisionista, y Rayco Rubén González, comitente por RR7 UNITED SL, al parecer asesorado por Pablo Carranza, respecto a esta adjudicación del SCS", subrayan.

El comisionista Machín "obtuvo la comunicación directa con el director del SCS, Conrado Domínguez, a través de otro contacto interno de esta institución pública". Tal como desvelan estas mismas fuentes como dato clave, "Machín despachaba los detalles de la licitación pública de 4 millones de euros con Domínguez desde el 5 de mayo de 2020, días previos a la formalización de este contrato".

 Es decir, "Machín no interactuaba con el que era director del SCS, Antonio Oliveira. En aquel entonces, Domínguez, aún no había sido nombrado responsable del SCS pero formaba parte del Comité de expertos Covid-19, junto a José Julián Isturitz, designado por el propio presidente Torres".

 José Lucas Cruz.
Mientras Domínguez tenía el beneplácito de Torres como coordinador en la gestión de la pandemia, "Machín actuaba como enlace en las gestiones administrativas derivadas de la contratación de 4 millones de euros entre el propio Domínguez, la ex directora de la DGRE, Ana María Pérez, el administrador de RR7 UNITED SL, Rayco Rubén González, proveedor  de las mascarillas 3M, Ihsan M.M. Al-Sabbagh, y su mediador financiero, José Lucas Cruz", manifiestan fuentes cercanas al intermediario.

 Samuel Machín, intermediario de la empresa RR7 UNITED SL.
Como información relevante, apuntan, "González, cortó la comunicación con Machín y Al-Sabbagh durante los días cercanos a la destrucción de las mascarillas 3M, expediente que data del 5 de mayo de 2021, por lo que se tornó imposible resolver el cobro de la comisión y la resolución de los contratiempos acaecidos con el pedido de las mascarillas".

'El Plan B' del Administrador de RR7 United SL

Este diario ha contactado sin éxito con el administrador de RR7 UNITED SL,  Rayco Rubén González. Fuentes cercanas de su entorno confirman que también gestiona otras empresas, Yimbo 7 Inversiones SL, Netoil Gas and Oil Trading Company Canary Islands SL, 4 Rape Inversiones SL, Wincan 2015 SL y El Casino de Arucas SL, entidad que administra con su pareja, según el Registro Mercantil.

 Blas Trujillo en la comparecencia el 20 de mayo en el parlamento de Canarias.
Según las informaciones de las que dispone su entorno, González, "podría estar preparando una mudanza a Miami tras el incumplimiento del contrato con el SCS". Además, hacen hincapié "en la venta un chalet de lujo en la zona de Altavista-Las Palmas de Gran Canaria, por 2.950.000 euros, tal como consta en la web Idealista. Esta lujosa vivienda podría estar vinculada, presuntamente, a una empresa gestionada por un familiar, no directamente por González". 

No obstante, insisten en que "González podría estar negociando traer a Canarias una partida de un millón de mascarillas procedentes de Turquía, pero a un precio ínfimo de 0, 04 céntimos por unidad para tratar de negociar con el SCS la resolución del contrato de 4 millones, como alternativa a recuperar estos fondos públicos. Pero los precios de mercado han caído completamente, la situación de emergencia ha terminado y las mascarillas ya no son obligatorias".

 El denunciante del caso PCR Canarias, Juan Manuel Pérez. 
De igual forma, en el Registro Mercantil constan las empresas Berabemar 2017 SL y Las Canteras Beach Trade Company SL, vinculadas a otras entidades mercantiles, en la que figura como apoderada su pareja, Belén Arencibia Alemán, hermana de José Juan, amigo de la infancia del presidente canario. .

La versión del proveedor de las mascarillas

Tal como afirma  el empresario proveedor de este material sanitario, Ihsan M.M. Al-Sabbagh, director de Netoil Oil Gas Trading Company Headed, entidad que trabaja con diferentes gobiernos, "se advirtió desde el principio al SCS y a la empresa adjudicataria que estas mascarillas 3M no podían entrar en Europa’. ‘Para solucionar esta cuestión, el SCS se amparó en la emergencia por el Covid-19. Fue entonces cuando la ya exdirectora de la DGRE, Ana María Pérez, solicitó una "autorización extraordinaria" para que RR7 UNITED S.L, pudiera realizar esta importación ante la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (AEMPS), documento descargado el 8 de marzo de 2021, tal como avanzó este medio.

 Ihsan M.M. Al-Sabbagh.
Al-Sabbagh explica en una conversación telefónica con este medio que "sin este documento remitido por la DGRE no hubiera dado el paso para enviar estas mascarillas 3M a Canarias. Después, a pesar del envío de este pedido en regla, la Agencia Tributaria de Aduanas retuvo el material al llegar al Aeropuerto Internacional de Gran Canaria e inició un expediente de contrabando. Finalmente, el titular de este pedido, la mercantil, RR7 UNITED S.L, decidió la destrucción del millón de mascarillas 3M sin dar opción a la recuperación de este material sanitario homologado en otros países como Estados Unidos".

 Ana María Pérez, exdirectora del DGRE.
Este medio ha contactado con fuentes de la empresa que destruyó estas mascarillas 3M y otras 85.000 mascarillas azules que informan que "por ley no está permitida la incineración pero cuentan con otros mecanismos para proceder a la destrucción de este material sanitario, de manera legal, para cumplir con los protocolos de medio ambiente".

Por otra parte, hemos  acudido a la web del Gobierno de Canarias para la verificación del documento público en el que se solicita la autorización extraordinaria para la RR7 UNITED SL ante la AEMPS, emitido por la DGRE, pero en esta página oficial del gobierno canario "no se ha podido comprobar la veracidad de esta solicitud descargada en marzo de 2021".
 

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